Las normas electorales establecen que cualquier contenido político-electoral en radio y t.v. necesariamente debe pasar por la aduana del Instituto Nacional Electoral (INE). Ello implica ajustarse a los tiempos, formatos, horarios, estándares técnicos y a los lugares de transmisión que determine la autoridad electoral.

Si bien en un principio el INE no puede vetar o validar los contenidos de los spots que le entregan los candidatos y partidos, éstos sí pueden llegar a violar las reglas electorales y terminar en una sanción para candidatos, partidos, personas físicas y morales, además de los concesionarios y permisionarios de radio y t.v. En cambio, la información y la propaganda que circulan en Internet gozan de una mayor libertad, aun cuando sus contenidos puedan ser idénticos a los transmitidos en radio y t.v. De tal manera que no requieren ajustarse a los 30 segundos de duración del spot, pueden ser visualizados en cualquier momento y lugar, en diferentes formatos, en una computadora o en cualquier dispositivo móvil e, inclusive, en cualquier televisión digital.

Por otra parte, debido a las características técnicas en el manejo de información de las redes sociales y en Internet, no siempre quedan claras las fronteras y responsabilidades legales de las empresas que manejan la información y los sujetos que las contratan.

Las diferencias entre los contenidos político-electorales en radio y t.v., y los que circulan en Internet generan asimetrías en la información que reciben los mexicanos que tienen acceso a Internet y los que no cuentan con ese servicio. No se trata de un asunto de preferencias o meramente tecnológico, sino de la calidad, cantidad y variedad de información a la que pueden acceder alrededor del 60% de la población, en detrimiento de aquellos que solamente cuentan con los spots que se transmiten en la radio y la televisión.

A diez años de la implementación del sistema de comunicación político-electoral, los mecanismos del modelo ya no garantizan un acceso en condiciones de equidad a los medios de comunicación, debido al crecimiento acelerado y expansivo en el uso del Internet. Más bien, el sistema de espotización político-electoral parece estar afectando los derechos de acceso a la información de millones de ciudadanos que no cuentan con Internet y, por ello, no tienen acceso a la variedad de contenidos que sí circulan en esa plataforma tecnológica.

¿Cómo funcionan los spots de radio y t.v.?

El origen del modelo de comunicación política-electoral en radio y t.v. está en las elecciones del 2006. La narrativa política que alimentó la reforma electoral del año siguiente a las elecciones se concentró en la cada vez mayor influencia de las televisoras y radiodifusoras en los procesos electorales, y en la posibilidad de que quienes controlan los medios de comunicación pudieran favorecer a una o más opciones políticas, o bien obstaculizar el acceso de otras a los medios de comunicación al establecer diferentes precios y/o condiciones para el acceso a spots y otros espacios.1

Durante el año 2006, el gasto de los partidos en radio y t.v. alcanzó los mil 900 millones de pesos, equivalente al 95% del financiamiento público para gastos de campaña, sin considerar los problemas de fiscalización de los partidos políticos, al no poder acreditar 248 mil de los 600 mil spots transmitidos en esa elección.2 La solución al problema vino con la reforma constitucional en materia electoral de noviembre de 2007, en la que se le otorgó al entonces IFE la administración exclusiva de los tiempos del Estado en materia político-electoral para todos los sujetos públicos y privados.

Ello generó importantes costos para la autoridad electoral, ya que tuvo que adquirir la tecnología necesaria para dictaminar o revisar las caracterísiticas de los spots, pautarlos y darles seguimiento en todas las estaciones de radio y televisión que conforman el catálogo de emisoras, además de contratar al personal suficiente para llevar a cabo esas tareas. Tan solo en el primer año de la reforma, el IFE tuvo que invertir 1,141.4 millones de pesos para dar cumplimiento con su entonces nueva obligación legal.3

La reforma se combatió por partidos, empresas y grupos de “intelectuales” a través del juicio de amparo y por la vía electoral. Uno de esos asuntos llegó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual determinó por siete votos contra cuatro, no analizar las posibles violaciones al procedimiento de reforma constitucional y, por lo tanto, la reforma electoral quedó intocada.4

Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió diversos juicios en los que concluyó que el impedimento para que partidos, candidatos, personas físicas o morales contraten propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, no contraviene las libertades de expresión, información, comercio o imprenta.5 Las justificaciones del TEPJF se basaron en que las restricciones para la contratación de propaganda político-electoral se prevén en la propia Constitución y, por ello, pueden restringirse o suspenderse en los términos que establezca la propia norma fundamental.

Así desde el 2007 tenemos un modelo de comunicación político-electoral basado fundamentalmente en la difusión de spots, en el que desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el INE cuenta con 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión para pautar o asignar spots de candidatos, partidos y autoridades electorales.

En este esquema, el reparto del número de spots entre autoridades electorales, candidatos y partidos políticos varía según se trate del periodo de precampaña, intercampaña o campaña, además de otros factores como la votación que hayan recibido los partidos en el periodo inmediato anterior. Asimismo, todos los canales de radio y t.v. en el país están obligados a transmitir materiales de 30 segundos, según los mapas de cobertura que comprenda su señal y el periodo del proceso electoral en que se encuentren.

Para las elecciones del 2018, estamos hablando de 200 días ininterrumpidos de transmisión de spots (del 14 de diciembre de 2017 al primero de julio de 2018 para campañas federales). Es decir, 6.6 meses en los que estaremos expuestos a 59 millones de spots, lo que significa un promedio de 295,000 spots por día durante más de medio año.6

Las peculiaridades del Internet

A diferencia de la radio y la t.v., el Internet es un medio de comunicación interactivo, en el que los usuarios no solamente reciben, sino que también pueden generar y transmitir información. Debido a las características técnicas de la red, la Organización de Naciones Unidas lo ha considerado como un medio fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y expresión.7 De ahí que, desde principios de la década pasada, a nivel internacional se ha venido dando un debate sobre la neutralidad de la red, entendida como el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos deben tratar a todo tráfico de datos por igual, sin discriminarlo, degradarlo o priorizarlo.

En materia electoral, la Sala Superior del TEPJF había venido sosteniendo el criterio de que el Internet posibilita un ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión y, por ello, cualquier medida que pueda impactarlo, debe estar orientada a salvaguardar la libre interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ejemplo, en materia de redes sociales, el TEPJF ha sostenido que cualquier información que se publique en esos medios requiere la intención del usuario para ingresar al sitio en donde se encuentra el contenido informativo y, por lo tanto, su acceso es voluntario.8

Pero si bien las redes contribuyen a lograr una sociedad mayor y mejor informada y facilitan la libertad de expresión y asociación, no son espacios ajenos o al margen de las normas y restricciones previstas en la Constitución.9

No obstante, hasta ahora no ha habido una sola sentencia en materia electoral, en la que se prohíba expresamente la difusión de algún contenido en Internet. Incluso en algunos casos controversiales, siempre se ha privilegiado la libertad en la difusión de la información a fin de salvaguardar las libertades de expresión y los derechos político-electorales de los ciudadanos.10

Así también, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia en las tecnologías de la información y la comunicación, además de asegurar el acceso de los mismos a los particulares. De ahí que las restricciones que pueden considerarse legítimas y proporcionales en el caso de los medios de comunicación tradicionales, no suelan serlo cuando se aplican al Internet.11

Dos formas de hacer campaña

Debido a las grandes disparidades en la regulación por una parte de la radio y la t.v. y por otra del Internet, la información político-electoral fluye no solo a distintas velocidades, sino con contenidos y alcances diferentes.

Resulta difícil imaginar que Jaime Rodríguez (el Bronco) hubiera llegado a ser el primer gobernador sin partido en Nuevo León, si únicamente hubiera hecho uso de los spots en radio y t.v. que le correspondían como candidato independiente. Si revisamos los materiales de su campaña en Youtube, salta a la vista la riqueza de este medio para transmitir ideas y propuestas políticas, además de la posibilidad de contar historias con una narrativa política propia, más allá de los 30 segundos del spot.12 Otro ejemplo: en las últimas elecciones alemanas, Christian Lindner, el presidente del partido Liberal (FDP) desplegó una campaña muy exitosa con un solo spot en Internet. La campaña tuvo especial empuje entre los jóvenes y su partido regresó al parlamento federal alemán, después de cuatro años de ausencia.13

En México todavía no inician las precampañas para la elección del 2018, y ya se pueden encontrar materiales en Internet de prácticamente todos los probables candidatos(as) que cuentan su vida, logros y propuestas políticas.

De acuerdo con datos del INEGI, en 2007 México contaba con 18.5 millones de usuarios de Internet; para el segundo trimestre de 2016 ya somos 65.5 millones, equivalente al 59.5% de la población en el país.14

Además según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones 2016, el teléfono celular es el dispositivo más utilizado para ver contenidos de Internet. Casi el 65% de los suscriptores móviles cuentan con Internet en su celular y el 50% de los hogares en México cuentan con ese servicio. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en crecimiento de fibra óptica para este servicio, después de Australia y Nueva Zelanda.15

Usuarios de Internet por tipo de uso

Actividad

Proporción

Para comunicarse

88.9%

Para obtener información

84.5%

Para acceder a contenidos audiovisuales

81.9%

Para entretenimiento

80.1%

Para acceder a redes sociales

75.8%

Para apoyar la educación/capacitación

51.8%

Los periódicos, revistas o libros

45.3%

Para descargar software

30%

Para interactuar con el gobierno

22.2%

Para ordenar o comprar productos

15.9%

Para operaciones bancarias en línea

9.9%

Fuente: INEGI

Sin embargo, los números siguen mostrando que los medios de comunicación más extendidos son todavía la radio y la t.v. Alrededor del 96% de los entrevistados en la Encuesta Nacional de Consumos Audiovisuales cuenta con un televisor, con un promedio de 1.9 aparatos por hogar. Así también el 74% de las personas con televisión reportó consumir contenidos de t.v. abierta y el porcentaje de personas que escuchan radio se ubicó en 41%.

Las diferencias también saltan a la vista en cuanto a la disponibilidad de tecnologías en las entidades federativas, en donde Oaxaca y Chiapas registran los valores más reducidos y solo Sonora y Baja California Sur se ubican por encima del promedio en el porcentaje de hogares con Internet. Así también, de acuerdo con los datos del INEGI, la proporción de usuarios de tecnologías de la información hace evidente que el uso del Internet es un fenómeno predominantemente urbano.16

¿Hacia a dónde vamos?

Las normas electorales en radio y t.v. surgieron a partir de la coyuntura del conflicto postelectoral del 2006. En ese entonces, se generaron los consensos políticos necesarios para modificar la Constitución y las normas electorales, de manera tal que solo los partidos y candidatos tuvieran acceso a estos medios bajo el ojo vigilante de la autoridad electoral.

Si ponemos atención a los datos estadísticos, nos daremos cuenta que hace diez años, el número de usuarios en Internet no era significativo, en comparación con la cobertura prácticamente universal de la radio y la televisión. Por esa razón, en el año 2007, la propuesta de que todos los espacios con contenido político-electoral fueran controlados por la autoridad electoral en aras de mantener las condiciones de equidad en las elecciones tenía cierto sentido. Sin embargo, diez años más tarde, el número de usuarios en Internet es de casi el 60% de la población en México, y los patrones de consumo de la ciudadanía respecto de cómo se informa, cómo se entretiene y de dónde obtiene su información han cambiado de manera importante.

La política y las elecciones no están ajenas a esos cambios y prueba de ello es su presencia cada vez mayor en redes sociales y en otros espacios en Internet. Por ello resulta absurdo continuar con un modelo de comunicación político-electoral densamente regulado en radio y televisión, que bajo el esquema del spot tiene posibilidades limitadas para comunicar e informar a la ciudadanía y, por el contrario, a base de repeticiones constantes de los materiales genera saturación y hartazgo sobre los temas electorales.

Si revisamos nuevamente los datos del INEGI veremos que alrededor de 43.7 millones de mexicanos no cuentan con acceso al Internet; por lo tanto, la información sobre temas político-electorales que recibe por medios electrónicos solo viene de la radio y la televisión. Así también, los datos apuntan a que esa población se concentra principalmente en ciertos estados de la República con importantes niveles de marginación y pobreza.

En ese sentido, el sistema de comunicación político-electoral genera importantes distorsiones entre la información que reciben los mexicanos que no cuentan con acceso a Internet y aquellos que pueden acceder a contenidos e información diferente a la transmitida en los spots de radio y t.v.

Por otra parte, las sentencias de los tribunales mexicanos muestran claramente las dificultades de hacer cumplir las normas mexicanas en las redes sociales y en el Internet. Una empresa como Facebook puede establecer en sus políticas de uso, que la propaganda que se contrate y vea en México debe entenderse con Facebook Irlanda y no con Facebook México.17 O bien, otra empresa como Google que maneja motores de búsqueda, puede alegar que las demandas por daño moral respecto de la información que administra para servidores en México, deben presentarse ante los tribunales federales o estatales del condado de Santa Clara, California, en Estados Unidos de Norteamérica por tener ahí su domicilio oficial, y no en México.18

Adiós a la neutralidad

El 14 de diciembre es una fecha clave no solamente por el inicio de la avalancha de spots en México, sino porque en la Unión Americana se prevé que se apruebe la propuesta de la Comisión Federal de Comunicaciones para terminar con las protecciones legales que garantizan un acceso igualitario al Internet y lo consideran como un servicio básico para la ciudadanía.

Sin neutralidad en la red, los grandes operadores de Internet pueden discriminar entre los tipos, contenidos y la calidad del servicio que ofrecen.19 Se trata pues, de establecer reglas para el uso de Internet, resolver cómo y quienes deben financiar la expansión de su estructura y capacidad, cómo deben circular sus contenidos, y sus consecuencias legales.

En México, el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) establece los principios en materia de neutralidad en la red, y actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones está preparando los lineamientos para su implementación, previa consulta pública.

Convendría mucho que en su momento se incluyera en la discusión sobre la neutralidad de redes a la materia electoral, como parte de una reforma necesaria y urgente al sistema de comunicación político-electoral en México.

Los derechos de las audiencias previstos por la LFT deberían aplicarse también para los contenidos político-electorales, y generar un sistema uniforme que distinga entre la publicidad y el contenido de un programa, o que evite la transmisión de propaganda político-electoral en horarios de programación infantil, y/o que se incluyan los avisos parentales correspondientes.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 Ver. Murayama, Ciro, En Democracia sin garantes. Las Autoridades vs. la reforma electoral. Córdova, Lorenzo y Salazar Pedro, Coords, “Reforma para la consolidación democrática vs. Contrarreforma desde el interés privado”, UNAM, México, pp. 1-27.

2 Datos consultables en: Casar, María Amparo, nexos, Anatomía de una reforma electoral, primero de agosto de 2009.

3 Información disponible en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG42/2008 del 31 de marzo de 2008.

4 Amparo en Revisión 2021/2009, Pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5 SUP-RAP-201/2009 y Acumulados.

6 Zepeda, Aurora, Excelsior, Rumbo al 2018, “¿Traes paraguas? Se anuncia lluvia de 59 millones de spots, primero de diciembre de 2017.

7 ONU. Informe del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Frank La Rue. 16 de Mayo de 2011, párrafo 20.

8 SUP-JRC-185/2017.

9 SUP-REP-123/2017.

10 Por ejemplo, las sentencias de los expedientes SRE-PSC-107/2017 y SUP-JDC-865/2017 de las Salas Especializada y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente.

11 Amparo en Revisión 1/2017, Segunda Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

12 https://www.youtube.com/watch?v=iGwHG1-unqI

13 Ver. https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8235

14 INEGI, Datos Nacionales, Estadísticas a propósito del día mundial del Internet (17 de mayo),14 de mayo de 2015 y 15 de mayo de 2017, Aguascalientes, Ags.

15 Informe IFT “Las telecomunicaciones a más de 3 años de la reforma constitucional en México. Evolución de los sectores regulados (2t 2013-1T 2017)

16 INEGI, Comunicado de Prensa Núm. 122/17, 14 de marzo de 2017, Aguascalientes, Ags.

17 Ver. SUP-JDC-545/2017 y SUP-RAP-204/2017 y Acumulados.

18 Ver. Juicio de Amparo 422/2016 del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en la que se negó el amparo a la empresa Google, respecto de la sentencia de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se asumió como competente para conocer de un juicio por daño moral de un ciudadano mexicano en contra de la empresa.

19 Faus, Joan, El País, Economía, “Estados Unidos presenta el plan para desmantelar la neutralidad de la Red”, 21 de noviembre de 2017.