En los primeros cinco meses del proceso electoral, uno de los temas que han llamado más la atención son las candidaturas independientes, no sólo por la novedad que todavía representa esta figura, sino por la competencia que ha surgido entre los diferentes aspirantes para ver quien obtiene primero el número de firmas requerido. A diferencia de otros procesos, esto se ha podido gracias a que la aplicación implementada por el INE permite conocer el avance en tiempo real.

Esto no quita que los requisitos para obtener una candidatura independiente no sean retadores para un ciudadano, pues se requiere un número mínimo de respaldos que representa un porcentaje del listado nominal de electores en el ámbito territorial en el que se busque la candidatura; además se exige que ese respaldo ciudadano esté distribuido uniformemente en dicho territorio (dispersión), esto para las candidaturas a gran escala (presidencia, senadurías o gubernaturas), y dependiendo del tipo de cada legislador (federal o local) se exigen algunos requisitos adicionales, así como el cumplimiento de las reglas de fiscalización.

Es la primera vez que se aplican las reglas, a nivel federal, para hacer posibles las candidaturas independientes a la presidencia y al senado y, la segunda ocasión, para las diputaciones. A nivel local, son al menos la segunda vez que se implementan en todas las entidades federativas para diputaciones y munícipes y, en varias de ellas, para la gubernatura, en algunas otras para este cargo por primera vez son posibles.

Esto es importante ya que habrá que recordar que después de la ola de exitosas candidaturas independientes de 2015, entre las que destacaron los triunfos de Jaime Rodríguez “El Bronco” en la gubernatura de Nuevo León, Manuel Clouthier en un distrito electoral federal en Sinaloa y Pedro Kumamoto en uno local en Jalisco, en varios congresos locales optaron por hacer contrarreformas en las que se incrementaron los requisitos para obtener una candidatura independiente.

Con este preámbulo me gustaría destacar una sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace unos días, en la que consideró que algunos de los requisitos exigidos para aspirar a una candidatura independiente a la gubernatura en Puebla resultaban excesivos y, por tanto, los consideró inconstitucionales determinando su inaplicación.

Me refiero a la sentencia emitida en el SUP-JDC-1163/2017, en la que se resolvió la impugnación presentada por un ciudadano poblano que aspira a una candidatura independiente a la gubernatura; en la cual se inconformó contra los lineamientos para los aspirantes a las candidaturas independientes para el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018 y la convocatoria para el registro de candidaturas independientes.

El actor alegaba que los requisitos exigidos para las candidaturas independientes resultaban excesivos y, por tanto, restringían desproporcionalmente su derecho a ser votado, por lo que solicitaba que se declararan inconstitucionales y por lo tanto no se aplicaran. Los requisitos cuya inconstitucionalidad se analizó eran dos:

• No ser o haber sido militante, afiliado o su equivalente, de un partido político en los doce meses anteriores al día de la elección (artículo 201 bis, fracción I, del código electoral del estado de Puebla).

• Obtener respaldo ciudadano equivalente al 3% del listado nominal de la entidad y que este se refleje en, al menos dos terceras partes de los municipios de la entidad, en los que en cada uno de ellos se obtengan al menos el 2% del listado nominal que corresponda (artículo 201 quater, fracción I, inciso a) del código electoral del estado de Puebla, reproducido en el numeral 15, inciso c), fracción i) de los Lineamientos y en la base quinta, inciso c), fracción I, de la Convocatoria).

Ambos requisitos fueron declarados inconstitucionales por la Sala Superior e inaplicados, la sentencia se votó por unanimidad. Pero, ¿cuáles fueron las razones que dieron los magistrados?

Respecto del primero de los requisitos, señalaron que es válida la restricción temporal a los militantes partidistas para ser registrados como candidatos independientes, pues elacceso a las candidaturas independientes es una prerrogativa ciudadana, ya que una de las características de las candidaturas independientes es la desvinculación de los partidos políticos,pero consideraron que exigir a quien aspire a una candidatura independiente que se separe de su militancia o afiliación partidista doce meses antes de la elección es excesivo.

Previo test de proporcionalidad, concluyen que el plazo razonable y proporcional para que los militantes, afiliados o equivalentes se separen de su partido es de un día antes de la presentación del escrito de intención de la aspiración a la candidatura independiente. La pregunta, sin embargo, que surge sobre este razonamiento es: ¿el plazo de un día que establecieron como razonable, garantiza la desvinculación del ciudadano del partido político?

Sobre del segundo de los requisitos cuestionados, los magistrados sostienen que es válido exigir un porcentaje de firmas respecto del listado nominal, sin que abunden respecto a si el 3% del listado nominal estatal es excesivo o no. Llama la atención esto, pues en precedentes de la integración anterior, la Sala Superior se pronunció respecto a que la exigencia de un 3% de apoyos ciudadanos del listado nominal era excesivo e, inclusive, llegaron a sostener que el 1% era proporcional y razonable, así como acorde con estándares internacionales. Por lo que sin decirlo expresamente en la sentencia podríamos entender que se separan de dichos criterios.

Diferente consideración sostuvieron respecto del requisito consistente en que el apoyo ciudadano se vea reflejado en, al menos dos terceras partes de los municipios del estado, y que a su vez se deba tener el 2% del listado nominal (dispersión), ya que lo consideraron desproporcionado y restrictivo del derecho a ser votado.

Sin realizar ningún test de proporcionalidad, señalan que dicho requisito no es proporcional, ya que en su concepto lo significativo para presentarse como una auténtica opción para obtener mayoría de votos son los respaldos ciudadanos, ello con independencia de su distribución territorial. Para justificar dicha posición señalan que tal requisito sería tanto como requerir que los votos de mayoría sólo pudieran darle a un candidato partidista el triunfo electoral cuando tuvieran origen en todos esos municipios, sin resultar válidos cuando se concentren en algunos municipios o distritos.

Coincido plenamente que en el caso de Puebla, con 217 municipios, exigir que quien aspire a una candidatura independiente tenga representatividad en 145 municipios es una carga excesiva y muy difícil de cumplir para un ciudadano, quien a diferencia de los partidos políticos no cuenta con una estructura permanente, y, en especial, considerando que sólo tiene 30 días para reunir este apoyo. Sin embargo, me parece que la argumentación del tribunal electoral no es la mejor, pues el razonamiento que ocupan para alegar esto no es aplicable a la etapa de búsqueda de apoyo, ya que hacen referencia a la votación que se exige a una candidatura partidista de mayoría, cuando los requisitos cuestionados aplican para la etapa de obtención de apoyo ciudadano para lograr la candidatura independiente, lo cual no implica una votación.

No soy partidario de comparar a los partidos políticos con las candidaturas independientes, pues me parece que no son equiparables, pero si se quería buscar un requisito similar se pudo haber atendido a los que se exigen a las organizaciones ciudadanas para registrarse como partido político, en donde también se requiere una representatividad en al menos dos terceras partes de los municipios (artículo 37 del código electoral del estado de Puebla).

Finalmente, me llamó la atención que en los efectos de la sentencia señalan que la inaplicación es extensiva para quienes estén en la misma situación jurídica. Esto es relevante, pues de acuerdo al artículo 99 constitucional el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está facultado para inaplicar normas al caso concreto sobre el que verse el juicio. En este mismo sentido, resulta confusa la extensión que se concede a los efectos de la inaplicación, pues no se aclara si quienes están en una situación similar son todos los aspirantes a una candidatura independiente en Puebla o sólo los que aspiren a la gubernatura.

Vale escudriñar con puntualidad esta sentencia, pues se trata de un criterio relevante que, sin duda, será precedente destacado de cara a lo que veremos en los próximos meses cuando concluya la etapa de apoyo ciudadano de quienes aspiran a una candidatura independiente, ya que hasta ahora parece que si bien varios cumplirán con el requisito del porcentaje de apoyos solicitado conforme al listado nominal de electores, no lo harán con el relativo a la dispersión. Al menos es un escenario posible a nivel federal, por lo que parece que la Sala Superior dejó abierta la puerta para que se invalide este requisito de dispersión y se registren candidaturas independientes que cuenten con el número de apoyos ciudadanos requeridos, pero no con la representatividad territorial necesaria.

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en temas electorales y director de Strategia Electoral. Twitter: @espinosasilis