La Suprema Corte de Justicia es el órgano encargado de interpretar la Constitución, de “decir qué dice”. Parte del material normativo con el que trabaja son los derechos fundamentales. Los criterios que mediante esta tarea genera son -bajo ciertas condiciones- obligatorios para el resto del Poder Judicial de la Federación. La importancia de la Corte radica en ello, puesto que aunque al hacerlo resuelve casos particulares, el impacto de su actividad cotidiana está en los criterios interpretativos que construye[1].

Este artículo hace un recuento de los principales criterios jurisprudenciales que la  Corte, en los últimos quince años, ha emitido sobre la igualdad y la no discriminación[2], derechos establecidos en los artículos 1º; 4º, primer párrafo; 12º; 13º; y 123º, apartado A, fracción VII y apartado B, fracción V de la Constitución[3].

Los criterios formulados al respecto por la Corte pueden clasificarse en tres categorías generales: conceptuales, metodológicos y de casos concretos. Este artículo repasará únicamente los criterios derivados de las dos primeras categorías, por ser las más relevantes para entender la concepción de la Suprema Corte sobre el tema. Asimismo, se señalarán algunos de los vacíos encontrados y un par de conclusiones.

Los conceptos

La igualdad, para la Corte, puede entenderse como principio o como derecho. Cuando se le entiende como principio, se convierte en un lente interpretativo de todo el sistema jurídico, en especial de los demás derechos fundamentales, siendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deben tener el mismo acceso a éstos. Ello implica que la igualdad es un concepto relacional, que sólo tiene sentido cuando se predica de dos o más sujetos y respecto de algo (ese algo puede ser otro derecho fundamental o subjetivo o un deber). Como derecho, es también relacional, puesto que involucra a, por lo menos, dos sujetos y a una determinada situación jurídica[4]. La Corte no explica cuál es la diferencia entre estas dos formas de entender a la igualdad, pero les asigna la misma función interpretativa de todo el sistema jurídico[5].

Podría decirse que la Corte, en general, ha construido criterios de lo que suele llamarse “igualdad formal”[6] y “discriminación directa o por objeto”. Éstas hacen referencia, respectivamente, a la equiparación de sujetos que se encuentra prevista explícitamente en las normas y a las distinciones expresas. La Primera Sala sostiene que “[e]l principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido.”

Para respetarla, y no discriminar de manera directa, se requiere que las normas secundarias como una ley o un reglamento no hagan, en principio, ninguna distinción entre los sujetos a los que se dirigen -siempre y cuando éstos se encuentren en idénticas circunstancias- estableciendo cargas o privilegios diferenciados; o que no igualen a sujetos que se encuentran en situaciones distintas, estableciéndoles los mismos privilegios o cargas.

Cuando no sea así, esto es, cuando se hagan distinciones que no promuevan la igualdad o no previstas por la norma constitucional, se genera una situación jurídica prohibida por otro derecho fundamental: el derecho a la no discriminación. Éste, como una de las formas en que el principio de igualdad se concreta, consiste en la prohibición, en principio, a las autoridades de hacer distinciones entre las personas que se traduzcan en una disminución de sus derechos o del goce de los mismos. La Segunda Sala da la siguiente definición: “[es] el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias […].”

Tradicionalmente, las Constituciones han establecido una serie de “categorías sospechosas”[7], que son características subjetivas por las cuales queda estrictamente prohibido tratar de manera diferente a las personas. La Constitución mexicana prevé una lista de estas categorías en su artículo 1º[8].

Los métodos

Como se explicó arriba, la igualdad posee un carácter relacional. Como consecuencia de esto, el control de constitucionalidad de una norma con base en este derecho es distinto al de otros derechos. Al respecto, la Corte ha hecho dos precisiones metodológicas importantes.

En primer lugar, y para determinar si existe una distinción en la norma que estudia, la autoridad encargada para interpretar la Constitución debe llevar a cabo un análisis que, según la Corte, difiere del que usualmente se hace cuando se trata de otros derechos fundamentales, en el que únicamente se contrasta la norma impugnada con el derecho potencialmente violado. Mediante este análisis específico, debe determinarse si los sujetos del caso se encuentran o no en las mismas condiciones que otros sujetos y si se les da un trato diferenciado, es decir si hay dos regímenes jurídicos. Si los sujetos son diferentes, y se les da un trato distinto por esa razón, o si no existen dos regímenes jurídicos, el derecho de igualdad no se estimará violentado y ahí terminará el control de constitucionalidad.

En el caso contrario, deberá determinarse si la distinción normativa está autorizada o no por la Constitución. Los tribunales constitucionales, siguiendo a la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, han desarrollado un test que permite determinar cuándo una distinción normativa es inconstitucional y cuándo está permitida por la Constitución. La Suprema Corte ha establecido el mismo tipo de test, y éste constituye la segunda precisión metodológica en el tema.

Antes de hablar sobre el test, es importante explicar dos categorías desarrolladas por la Corte que inciden directamente en su configuración. La Primera Sala sostiene que cuando la distinción a analizar se base en alguna de las categorías sospechosas -previstas en el artículo 1º de la norma fundamental-, se deberá actuar con cautela, haciendo un escrutinio estricto. En los demás casos, en los que la distinción hecha por el legislador se traduzca en la limitación de derechos fundamentales, pero se base en otro tipo de categorías, se llevará a cabo un escrutinio ordinario.

El primer tamiz por el que una distinción normativa –potencialmente inconstitucional- debe pasar es el de perseguir un fin objetivo y constitucionalmente válido. Cuando sea oportuno realizar un escrutinio ordinario, este requisito se tendrá por satisfecho cuando el fin pueda encontrar alguna justificación -incluso no expresa- dentro de la norma fundamental. En el caso de un escrutinio estricto, el fin deberá ser explícitamente mandado por la Constitución.

En segundo lugar, la distinción hecha por la norma deberá ser adecuada o racional; es decir, debe existir una relación instrumental entre la distinción y el fin. La Corte ha sostenido que en los casos de escrutinio ordinario bastará que la medida sea apta para contribuir al cumplimiento del fin. Por el contrario, cuando se requiera hacer un escrutinio estricto, la medida deberá estar directamente vinculada al fin perseguido.

Por último, la distinción normativa debe ser proporcional. Esto significa que debe haber una relación razonable entre ésta y el fin. La Corte sostiene que deberá hacerse una ponderación de sus ventajas y desventajas, considerando “[…] la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos […].” Además, la Corte ha establecido que entre más alto sea el fin perseguido, mayor puede ser la diferencia.

Lo que no ha dicho la Suprema Corte

Lo que hasta ahora se ha explicado -relativo a la igualdad formal y la discriminación directa- es muy importante, puesto que prever la igualdad jurídica entre todas las personas y no discriminarlas explícitamente es el primer paso -y el más evidente- que quienes crean y operan el sistema jurídico deben emprender. Esta tarea conlleva la revisión y modificación de leyes existentes, la creación de nuevas leyes que respeten estos derechos y la interpretación y consecuente validación o invalidación de leyes vigentes, como ya se describió.

No obstante, la igualdad “no se queda aquí”; tampoco la discriminación. Existe otra clase de igualdad, menos evidente, no trabajada aún por la Suprema Corte: la igualdad sustantiva[9]. Este tipo de igualdad es más complejo, puesto que su exigencia no es en el nivel de las normas, sino en el del impacto que tienen al ser aplicadas. Una norma puede no contener distinciones explícitas y, sin embargo, crear regímenes jurídicos diferenciados para ciertos sujetos al momento de ser aplicada, generando una situación de “discriminación indirecta o por resultado”. Es decir, una norma que puede no ser violatoria de la igualdad en sentido formal, puede serlo de la igualdad en sentido sustantivo. La pregunta que en este momento surge es la de cómo determinar la existencia de ese impacto diferenciado.

El tema del análisis sustantivo de la igualdad rebasa los fines de este artículo, pero es posible decir que lo central de éste -que por cierto adopta diferentes formas[10], en tanto hay múltiples formas de desigualdad de hecho- es la incorporación, en el estudio de constitucionalidad, de las condiciones de discriminación estructural de las que son sujetas las personas involucradas en el caso particular, para entender cómo los sujetos de la misma no se encuentran, en la realidad, en las mismas condiciones y que por ello no pueden tratarse como iguales. Esto abriría la puerta de la Suprema Corte a una serie de casos -potencialmente inconstitucionales- que con los criterios actuales no se considerarían ni siquiera candidatos a analizarse a través del test, puesto que se reconfiguraría el concepto de distinción.

Conclusiones

Como resultado de todo lo anterior podría decirse que la Suprema Corte demuestra una tendencia de construir un estándar de igualdad, más que una definición fija, dando suficiente espacio al legislador para llevar a cabo sus tareas sin dejar de lado la protección de los derechos fundamentales.

Sin embargo, es necesario que desarrolle criterios jurisprudenciales relacionados con la igualdad sustantiva y la discriminación indirecta con el fin de proteger efectivamente los derechos fundamentales de las personas; lo que hasta ahora existe no es suficiente para lograrlo.

Regina Larrea Maccise. Colaboradora de la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte. Twitter: @rlmaccise


[1] El derecho -como el lenguaje y por ser éste su materia prima- tiene un aspecto dinámico, que implica la posibilidad de cambiar continuamente, al atribuirse significados y alcances distintos a las palabras que forman cada enunciado normativo; es decir, al modificar la interpretación que de éstos se hace.

[2] Las tesis en que se basa, fundamentalmente, este artículo son las siguientes:

Tesis de Jurisprudencia: “IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, página 75, Septiembre de 2006, Registro 174247.

Tesis de jurisprudencia de rubro: “IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, página 175, Abril de 2008, Registro 169877.

Tesis de jurisprudencia de rubro: “IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO”, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, página 99, Octubre de 2004, Registro 180345.

Tesis aislada de rubro: “PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, página 448, Junio de 2008.

Tesis de jurisprudencia de rubro: “IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS NO VIOLA ESOS PRINCIPIOS AL SEÑALAR QUE EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, UNA CANDIDATURA DE CADA TRES FÓRMULAS SERÁ DE GÉNERO DISTINTO”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, página 2320, Febrero de 2010, Registro 165247.

Tesis aislada de rubro: “GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI, página 630, Agosto de 2007, Registro 171756.

[3] La Segunda Sala de la Suprema Corte añade a los artículos anteriores los artículos 2º, apartado B, 14º y 17º constitucionales, llamando a estos artículos “normas particulares de igualdad.” La autora no está de acuerdo con esta clasificación.

[4] La Corte los llama regímenes jurídicos: “La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. […].”

[5] Especulando, puede ser que la reconozca como derecho porque se encuentra prevista explícitamente en la constitución.

[6] Un ejemplo de esta clase de igualdad es el artículo 2º del Código Civil Federal: “La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos”.

[7] Estas características subjetivas fueron utilizadas -y siguen siendo en algunos países- como criterios para clasificar a las personas y otorgarles derechos de manera desigual y limitada, a las cuales subyacen prejuicios y estereotipos y que no constituyen razones legítimas, dentro de un estado constitucional, para justificar esa limitación.

[8] “[…] origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

[9] La igualdad sustantiva y la discriminación por resultado, como se explicó, suelen ser visibles cuando se aplica una norma, y por ello la labor de quienes imparten justicia es determinante en el tema. No obstante, existen previsiones legislativas que buscan procurar esta clase de igualdad y eliminar la discriminación indirecta, y que su mera existencia es una forma de reconocer las condiciones de facto de desigualdad en que viven las personas. Un ejemplo de esto son las llamadas “acciones afirmativas”, que según el artículo 4º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres (CEDAW), son “[…] medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer” que “[…] cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.”

[10] Un ejemplo de este tipo de análisis es el que se hace mediante la perspectiva de género. Ésta sirve para hacer visible la discriminación que sufren las personas por razón de su sexo, género, orientación sexual, entre otras categorías, y que por lo general no es evidente o que incluso se encuentra presupuesta en el sistema jurídico.