Francisco Zorrilla: La tarea fundamental para cualquier tribunal es construir su legitimidad. Ello requiere confianza en la labor e independencia de sus integrantes, y cierta aceptación de la ciudadanía y demás autoridades en sus decisiones. Hasta ahora, en el caso del TEPJF, ambos elementos han sido puestos en duda.

En noviembre de 2016, se renovó completamente el pleno de la Sala Superior (SS). Un día antes de la entrada en funciones de sus entonces nuevos integrantes, se publicó una reforma aprobada por el Congreso al artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para prolongar la duración del periodo de encargo de cuatro magistrados electorales. Ello motivó la presentación de dos acciones de inconstitucionalidad, en las que se alegaron diversas violaciones constitucionales.

El proyecto de sentencia original del ministro Gutiérrez Ortiz Mena proponía la inconstitucionalidad de la reforma y sostenía que se trataba de una afectación sustantiva a la independencia judicial, dando lugar a que una modificación legislativa pudiera influir en el quehacer del TEPJF.1 No obstante, por una mayoría de 6 contra 5 ministros de la Suprema Corte se convalidó la reforma, dejando tras de sí una intensa discusión pública sobre la afectación a la autonomía del TEPJF.

Por otra parte, la SS ha resuelto diversos casos controversiales que han llamado la atención pública. En el asunto conocido como “Cancha Pareja”,2 la SS modificó el criterio que había sostenido por casi una década y adoptó una interpretación mucho más restrictiva respecto de los alcances de la facultad reglamentaria del INE.

Luego vinieron las sentencias sobre el rebase de tope de gastos de la elección para gobernador en Coahuila,3 que dejan más dudas que certeza sobre el origen y destino de los gastos realizados en una campaña electoral.

Por último, la decisión de diciembre pasado,4 en la que se concluyó que el INE no tiene facultades para sancionar el reparto de tarjetas en campaña, tuvo tal rechazo en la opinión pública, que en un hecho inédito, los magistrados de la SS tuvieron que salir a dar una conferencia para tratar de justificar su decisión.

De ahí que el gran reto y oportunidad para la SS sea reconstruir la credibilidad de una institución que funge como órgano terminal en materia electoral y que decidirá el futuro de varias elecciones en 2018.

Paula Sofía Vázquez: Coincido en que el mayor reto no viene de los contenidos de las sentencias del TEPJF en sí, sino de su actuación. Se perdió la oportunidad de remontar la crisis de la crisis de legitimidad preexistente a través de la renovación de la Sala Superior con la modificación de los periodos de encargo que ya comentaba Francisco. En la percepción, del “ciudadano de a pie”, el TEPJF es una institución cara y que da pocos resultados; en la percepción de algunos partidos políticos y de un sector de la clase política –sus “actores”-, es una institución con una independencia y una imparcialidad cuestionada.

Ahora, cómo hacer de este reto una prueba superada, que es la pregunta inicial. La estrategia, tendría en mi opinión que correr por dos vías. Por un lado, construir legitimidad a partir de sus sentencias. Ahí hace falta la generación de criterios congruentes, no tanto con los de la integración anterior, tienen la posibilidad de continuarlos o desmarcarse, sino entre sí. Que los actores, y la sociedad en general, tengan certeza sobre la orientación de la Sala sobre un tema u otro, con independencia de quienes sean los actores del mismo. Por otro lado, la actuación pública de los integrantes de la Sala Superior. Aquí creo que hace falta un acercamiento de los magistrados con la sociedad, de forma conjunta —no como esfuerzos separados, discordantes entre sí, que parecen más competencia interna que política institucional— para hacer “pedagogía electoral” explicando las razones detrás de sus decisiones y los efectos de las mismas.

Finalmente, en el caso de sus sentencias, creo que habrá temas que tendrán un especial impacto en el balance que se haga de su actuación al final del proceso. Creo que uno de los temas más delicados será la propaganda electoral en medios. Las redes sociales han provocado, de facto, que las regulaciones en la materia, si bien se mantengan en lo relacionado con radio y televisión, no cumplan “cabalmente” con su objetivo. Los spots, con independencia de su mantenimiento y transmisión en radio y televisión se replican y repiten en Youtube, Twitter, Facebook y demás. Muchas comunicaciones son y serán contenido hecho expresamente para difusión en redes. Esto, partiendo de la creciente judicialización de las elecciones, va a provocar un raudal de impugnaciones de todos los partidos. No caer en la tentación de la regulación, pero buscar mantener el principio de equidad en la contienda, será uno de los principales retos.

Arturo Espinosa Silis: Como dicen Francisco y Paula, la autoridad encargada de validar o no la elección presidencial debe buscar ganar legitimidad, especialmente pensando que esta será la primera de dos elecciones presidenciales que la mayoría de los actuales integrantes de la Sala Superior les toque calificar.

Es cierto que en los últimos años la legitimidad del TEPJF se ha perdido, esto es producto de procesos electorales previos en los que sus decisiones han sido cuestionables, de criterios que muchas veces han sido contradictorios. Además de que la integración actual de la Sala Superior fue nombrada a través de un proceso de designación cuestionable del cual los magistrados no son culpables, lo son los partidos que modificaron la ley a su gusto, pero sólo a ellos -los integrantes de la Sala- les corresponde demostrar que más allá de la forma en como fueron designados, saben asumir su papel de jueces constitucionales y, para ello, las elecciones de este año, por la relevancia y magnitud que tienen, son el momento ideal para recobrar esa legitimidad que en algún momento tuvo el TEPJF. Misma que fue ganada a partir de sentencias con una extraordinaria argumentación y de criterios que contribuyeron a mejorar la calidad de las elecciones y a expandir el ejercicio de los derechos político-electorales.

Los retos para la autoridad electoral sin duda son muchos, pero a mi parecer son tres los que identifico como principales:

1) La certeza en las sentencias y criterios, que a pesar de lo compleja de la legislación electoral las decisiones del tribunal den certidumbre a todos los actores del proceso electoral. Que dónde existe una regla clara que deba aplicarse se haga a todos por igual y, en aquellos supuestos en que quepa la interpretación, se de una que sea favorable al ejercicio de los derechos, el debate público y la calidad de nuestra democracia.

2) La relación entre el TEPJF y el INE preocupa que a partir de sentencias recientes parece que la confrontación que viene dándose desde hace unos años sea de lo que se hable en este proceso electoral. Considero que ambas autoridades, por la importancia del papel que juegan en proceso electoral, deben buscar actuar de manera complementaria y coordinada.

3) Debe haber una apertura a la crítica por parte del TEPJF, a la crítica objetiva y constructiva que sirva para socializar y debatir sus resoluciones. Es necesario que los magistrados participen y fomenten los espacios de reflexión y análisis donde se genere un intercambio respecto de las sentencias que emitan y los criterios que generan.

Francisco Zorrilla: Me parece que los tres coincidimos en la necesidad de que el TEPJF fortalezca su legitimidad para poder llevar a cabo las funciones que tiene encomendadas. El reto es lograrlo en un entorno adverso, a unos meses de las elecciones más complejas de nuestra historia.

Como ya lo señalaba Sofía, la ciudadanía percibe al TEPJF como una institución cara y poco eficiente, aunado a los cuestionamientos de algunos actores políticos sobre su independencia e imparcialidad. El desgaste que sufrió la Sala Superior a raíz de la controversial ampliación del periodo de encargo de cuatro de sus integrantes afectó sin duda a la institución en su conjunto.

Aunado a lo anterior, como nunca antes en nuestra historia, las normas electorales son particularmente complejas y, ello, ha generado amplios espacios de discrecionalidad que han tenido que ser acotados mediante la intervención de la autoridad administrativa y de los propios tribunales electorales. De ahí que sea fundamental, como bien lo comentan Sofía y Arturo, que el TEPJF cuide la consistencia y congruencia en sus criterios jurisprudenciales.

Por otra parte, el enfrentamiento entre la Sala Superior del TEPJF y el INE parece debilitar ambas instituciones. De acuerdo con Mitofsky, la credibilidad del INE vive su peor momento en 14 años y, si tomamos en cuenta que en el “imaginario ciudadano” el INE aglutina a todas las demás instituciones electorales, entonces, podemos darnos una idea de la magnitud del problema.

En ese sentido, los posicionamientos personales de los integrantes de ambas instituciones, sin considerar al órgano en su conjunto, no parecen contribuir a fortalecer su rol de árbitros electorales.

Más aun, coincido con Sofía en que el acercamiento de los magistrados a la ciudadanía debiera partir de un esfuerzo conjunto y no quedarse en el ámbito individual.

El TEPJF no tiene funciones de “educación o civismo electoral” a diferencia del INE. Sin embargo, en vísperas del proceso electoral más grande de nuestra historia, sí resulta sensato que los integrantes del TEPJF, en un esfuerzo conjunto y ordenado, expliquen recurrentemente su función y transparenten su actuación.

El cuidado en el formato y lenguaje de las sentencias, el uso de infografías informativas y la difusión de las entrevistas de las partes con los magistrados contribuyen significativamente al entendimiento ciudadano de la labor del tribunal. Una comunicación permanente y adecuada entre tribunal y ciudadanía parece una medida necesaria para recuperar la legitimidad perdida.

Paula Sofía Vázquez: Coincidimos en que el mayor reto del TEPJF es (re)construir legitimidad, generar certeza y tener una política institucional que acerque más su trabajo a la ciudadanía. Coincido también con Francisco y Arturo, que el golpeteo institucional entre el TEPJF y el INE, además de no abonar en la certidumbre que requiere el proceso, desgasta a ambas instituciones y, debido a la configuración institucional, deslegitima al INE que queda siempre como el actor “débil”. Este contexto abre la puerta a que actores irresponsables, de todos los bandos y todos los colores, construyan sus narrativas de poca probidad en la elección, parcialidad, falta de profesionalismo y, en última instancia, de fraude. En este sentido, el TEPJF tiene que buscar una alternativa de legitimación que no pase por corregirle la plana al INE, con distintos criterios (desde hacer interpretaciones muy garantistas cuando el INE tuvo una actuación estrictamente apegada a lo legal o viceversa).

Ahora, en cuanto a la definición de temas a partir de las sentencias, además de las relacionadas con la autoridad institucional, que son hasta ahora las más llamativas (#canchapareja, modificaciones al Reglamento de elecciones para dar rapidez a los escrutinios y cómputos en casilla), también creo que un tema a seguir será la búsqueda de nulidades por rebase de tope de gastos de campaña. Ya como advirtió el propio TEPJF, es muy probable que se intente en más de una elección por una buena parte de los candidatos que queden en segundo lugar. En este contexto, es necesario que el INE y el TEPJF coordinen esfuerzos en materia de fiscalización y, sobre todo, definan con claridad cuáles serán los criterios sobre qué se contabilizará y cómo, sobre todo en temas como la compra de publicidad en redes sociales, call centers u otras estrategias de este estilo.

Por último, queda también el reto de la relación entre el TEPJF y los partidos políticos. La anterior integración protagonizó algunas primeras planas debido a reuniones privadas con algunos candidatos. En este sentido, resulta indispensable que el TEPJF genere criterios universales y transparentes respecto de las reuniones que llegue a tener con los candidatos.

Arturo Espinosa Silis: Es claro que los tres vemos como una necesidad imperante que el TEPJF reconstruya su legitimidad, frente a los actores políticos y a la ciudadanía. Me parece que Paula tocó un punto clave, la narrativa de fraude que, independientemente de las preferencias electorales, todos los partidos políticos y sus integrantes van construyendo a partir de acusaciones sin fundamento sobre la actuación “supuestamente ilegal” del contrario y la falta de intervención de la autoridad electoral para evitarla.

La experiencia de procesos electorales anteriores hace casi inevitable que esto no suceda, la irresponsabilidad de los actores políticos, quienes en muchas ocasiones ponen a la autoridad electoral entre la espada y la pared, es a través de los medios de comunicación que controlan la narrativa y presionan para que las cosas se resuelvan acorde a sus intereses. Recordemos las declaraciones de Jorge Luis Preciado previo a la resolución de la impugnación de la elección de gobernador en Colima, en donde señaló que si algún integrante de la Sala Superior aspiraba a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debía anular la elección, de lo contrario no habría forma.

El TEPJF debe enfocarse a realizar su trabajo, resolver las controversias que se presenten a la luz de los hechos de cada caso, las pruebas que se ofrezcan y lo que determine la ley o la interpretación que sea más favorable a la protección del ejercicio de los derechos político-electorales y la salvaguarda de los principios esenciales de cualquier elección, ser imparcial y aplicar mismos criterios a todos por igual; sin embargo, como en todo litigio las partes nunca estarán conformes por completo, a quien se le dé la razón seguramente dirá que la sentencia es justa y quien recibió el fallo en contra dirá lo opuesto.

De ahí que la pregunta es: ¿cómo puede legitimarse el TEPJF? Más allá de sus sentencias, las cuales son el elemento esencial, me parece que la justicia electoral debe garantizar la máxima publicidad, que permita que todos los interesados conozcamos los detalles de las impugnaciones, no sólo las sentencias, sino que podamos conocer las demandas es fundamental, pues muchas veces la explicación a lo que se resolvió viene de la demanda, saber qué pruebas se presentaron, es más, si acaso había elementos para justificar un posible fraude o alguna irregularidad, y además conocer de manera interactiva y a detalle las estadísticas de las impugnaciones, saber quién presente demandas o recursos únicamente por dar un golpe mediático y quién lo hace a partir de un sustento.

Las autoridades electorales deben ser partícipes de la narrativa que rodea a la elección, no siendo los protagonistas de ella y reaccionando impulsivamente ante cualquier declaración, sino permitiendo que especialistas, opinólogos, académicos y, en general, la ciudadanía que esté interesada podamos estudiar, analizar y hablar de estos temas, de forma que podamos conocer cada detalle de su trabajo y así formarnos una opinión objetiva y realista, ya será nuestra responsabilidad comunicar con veracidad o ser cómplices de la narrativa del fraude.

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en temas electorales y director de Strategia Electoral. Twitter: @espinosasilis

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Twitter: @pauletta_sofia

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 Ver.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016

2 SUP-RAP-232/2017 y acumulados.

3La incertidumbre en la fiscalización electoral. Caso Coahuila”.

4 SUP-RAP-6323/2017 y acumulados

5 México: confianza en instituciones 2017