La decisión que tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado miércoles 14 de febrero captó mucha atención y fue objeto de numerosas opiniones por parte de los medios de comunicación, académicos y funcionarios electorales.

 

Tratándose de una decisión muy técnica y nada política, es interesante observar el eco que ha generado y los veredictos que han recaído sobre ella; muchos en tono crítico y áspero. Quisiera, por ello, expresar algunas ideas respecto de la misma, con la intención de dejar claro tanto los alcances de la decisión, como su posible impacto en el desarrollo de la próxima jornada electoral.

Me permito tomar parte en esta discusión porque, aunque los jueces siempre esperamos que nuestras sentencias hablen por sí mismas, soy consciente de que este ideal discursivo requiere de mediadores y explicadores. En casos relevantes o controvertidos, nosotros debemos hablar no sólo a través, sino también por nuestras sentencias.

El punto central de la crítica que ha recibido nuestra decisión, emitida en el expediente SUP-RAP-749/2017 y acumulados, tiene que ver con su supuesto impacto negativo en el desarrollo de los cómputos rápidos en la noche de la elección. Ante el nuevo escenario que implica la casilla única en las elecciones por las cuales se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como diversas elecciones locales, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó modificar el procedimiento de escrutinio y cómputo previsto por la legislación vigente. Con la pretensión de agilizar el proceso de entrega de resultados de la elección presidencial, el INE quiso implementar un paso, adicional y previo, de apertura de todas las urnas y de reacomodo de las boletas que pudieran haber sido depositadas en la urna correspondiente a otra elección. El Instituto también previó que las actas con los resultados se levantaran conforme fuera concluyendo cada cómputo, y que se incorporara el acta al paquete electoral respectivo, para su remisión inmediata al consejo correspondiente. Estas adecuaciones no permitían el cumplimiento de dos mandatos legales claros: las actas con los resultados se levantan una vez finalizados todos los cómputos y los funcionarios de las casillas deben firmar todas las actas que se levanten por la mesa directiva.

En el Tribunal comprendemos la expectativa que genera la elección presidencial y la necesidad de entregar los resultados de una manera pronta y oportuna. Sabemos que la ciudadanía estará a la espera de conocer, la misma noche de la jornada electoral, las tendencias del voto y el nombre la persona que obtendría la mayor cantidad de votos. Sin embargo, nos parece que, claramente, la rapidez u oportunidad de la entrega de resultados debe ponderarse cuidadosamente con otro bien jurídicamente relevante, como lo es la necesidad de garantizar la confianza de los mismos.

Nuestro sistema electoral es altamente regulado y detallado y la legislación vigente establece reglas específicas para cada etapa y actuación relevante, como lo son todos los actos de la jornada electoral, desde la instalación y apertura de las casillas, la recepción de la votación ciudadana, el escrutinio y cómputo de los resultados e, incluso, la posterior entrega de los paquetes electorales. Estas reglas son resultado no solamente de una reflexión legislativa, sino de experiencias tan negativas de alteración de los resultados en todas estas etapas que, a lo largo de los años, socavaron la confianza ciudadana en las elecciones.

Nuestras leyes, aunque imperfectas en algunos aspectos, pretenden hacer imposible cualquier alteración del resultado electoral, estableciendo procedimientos específicos que procuran garantizar a la ciudadanía que su voto cuente y, para ello, se cuente bien y de manera honesta.

Analizando la propuesta del INE llegamos a la conclusión de que, en un país en el que, por décadas, los muertos votaban y las urnas se embarazaban, el paso que pretendía implementar el Instituto podría generar la percepción de irregularidades o incluso de fraude. El abrir las urnas para extraer las boletas, reacomodarlas y volver a colocarlas en las urnas que serían, una vez más, abiertas, para iniciar el procedimiento de cómputo, puede suscitar sospechas, especialmente cuando se pretende realizar fuera de un procedimiento legalmente establecido y respaldado por un registro documental.

En la discusión actual se están perdiendo de vista algunos puntos importantes y que respaldan fuertemente la decisión tomada por el TEPJF.

Primero, es necesario recordar que la autoridad electoral administrativa no puede establecer reglas que van en contra de la ley, y tal fue el caso de las adecuaciones relativas al momento de levantamiento del acta del escrutinio y cómputo de la elección presidencial y a la obligatoriedad del mandato legal que prescribe que todos los funcionarios de las mesas directivas deben firmar todas las actas. El Tribunal Electoral es, justamente, la autoridad encargada de garantizar que las decisiones tomadas por las autoridades electorales y otros actores no transgredan la ley. Más que de meros formalismos, en casos como este, se trata de proteger el orden legal para garantizar la certeza y legalidad de los comicios. Por ello, las autoridades electorales actuamos y debemos actuar siempre en el marco de la ley. Si esta llega a ser imperfecta, debe ser corregida por el legislador, y no por la autoridad administrativa a través de un reglamento.

Segundo, que las modificaciones que el INE había aprobado al Reglamento de Elecciones son ilegales a la luz del principio de certeza que rige en la materia electoral y que señala que no se pueden realizar modificaciones a las reglas al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. El Instituto había aprobado las modificaciones el 22 de noviembre de 2017, cuando ya habían transcurrido casi tres meses de dicho proceso. Claramente se trata también de modificaciones fundamentales a los actos esenciales, ya que impactan en uno de los momentos más importantes de todo el proceso electoral: el cómputo de los votos.

Tercero, resulta cuestionable la necesidad de establecer este tipo de modificaciones. La legislación vigente fue puesta a prueba en los procesos electorales intermedio y concurrentes de 2015, donde los ciudadanos podían elegir, en algunos casos, cuatro autoridades diferentes. Aquella experiencia no llevó al Instituto a encontrar y hacer pública dificultad alguna a la hora de llevar a cabo el procedimiento de escrutinio y cómputo en la casilla única; no hemos conocido advertencia o propuesta de modificación legal. Asimismo, el Reglamento de Elecciones, aprobado por el INE el 7 de septiembre de 2016, justamente a raíz de las problemáticas detectadas durante los comicios concurrentes de 2015 y con el objetivo de atender las deficiencias normativas detectadas, no incluyó ninguna modificación al procedimiento de escrutinio y cómputo que fuera necesaria para el adecuado funcionamiento de la casilla única.

Quiero subrayar también que nada impide al Instituto buscar otros mecanismos que faciliten la entrega oportuna de los resultados, en especial de las casillas identificadas para el procedimiento de conteo rápido, a partir del cual se realiza la predicción estadística del ganador de la elección.

Cuarto, la expectativa de entregar los resultados a una hora determinada no proviene de la legislación, sino que fue generada por la actuación del propio Consejo General del INE. Si bien es cierto que la elección presidencial genera siempre grandes emociones y expectativas, debemos tener claro que nuestro sistema electoral, construido a partir de las experiencias pasadas, privilegia la certeza acerca de los resultados sobre la rapidez. Esto es especialmente relevante ante elecciones altamente competidas y con márgenes de victoria muy estrechos. En este momento no sabemos cuál será la distribución de las preferencias ciudadanas ni qué tan cerrada será la elección de este 1 de julio. Sin embargo, debemos prepararnos para todo tipo de escenarios, incluyendo los más complejos y los más adversos, para hacerles frente, de manera adecuada y oportuna, garantizando la certeza y autenticidad del resultado electoral y, con ello, de la confianza ciudadana y de los actores políticos en los resultados anunciados oficialmente.

Finalmente, hay que señalar que es cierto que ha sido una práctica común y necesaria el reacomodo de las boletas, para que estas se cuenten para la elección correspondiente; así debe ser, así lo prevé la ley. Pero debe realizarse dentro del procedimiento de escrutinio y cómputo y quedar registrado en la documentación correspondiente, teniendo la certeza respecto del número de personas que votaron en cada casilla y del número de boletas que debieron ser depositadas en cada urna, lo que impide alterar los resultados. También la desintegración prematura de las mesas directivas de casilla reduce la certeza y obstaculiza el procedimiento de cómputo de las elecciones restantes.

Quiero decir claramente que la disyuntiva no puede ser si debemos contar los votos rápido o bien. Lo principal es llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los votos de manera adecuada, apegada a la ley y que garantice la transparencia, certeza y confianza.

Las elecciones democráticas descansan sobre la certidumbre relativa a las reglas de juego y la incertidumbre sobre el ganador. No abona a la confianza la implementación de un nuevo procedimiento que genera incertidumbre para todos los actores participantes –integrantes de las mesas directivas de casilla, representantes de partidos y candidatos, las mismas autoridades– respecto de la conducción del momento tan importante de la jornada electoral como es el cómputo de los votos. Esos mismos temores se reflejan en las impugnaciones de estas nuevas reglas que recibimos por parte de tres partidos: Morena, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, todos ellos de oposición, y todos ellos expresando las mismas razones y preocupaciones en relación a la falta de confiabilidad que podría producir este procedimiento.

Elecciones auténticas, limpias, en las que se garantice la certeza y autenticidad del sufragio son el fundamento de una democracia. Su desarrollo requiere, a su vez, de un marco jurídico efectivo, que evite cualquier afectación a la autenticidad de la expresión democrática de la voluntad ciudadana, sea a causa de errores, trampas o fraudes. Como lo dijo Mauricio Merino: “lo mejor es anular los efectos de cualquier intento de faltar a la ley, con la misma ley en la mano (…). Los mismos procedimientos democráticos (…) se convierten en el instrumento más útil para moderar cualquier exceso entre los contendientes, pues todos contrapesan a todos. Aunque esta fórmula no resulta sencilla en el trabajo de todos los días, todas las evidencias demuestran que funciona. Es tan antigua como el Estado de Derecho y su nombre es legalidad”.[1]

Los procesos electorales de nuestro tiempo suelen venir acompañados, debido a lo que se encuentra en juego, por el conflicto, la crispación, los ataques y señalamientos recíprocos. Las autoridades electorales estamos llamadas a catalizar los cambiantes humores políticos, a servir de mediadoras entre los distintos intereses en disputa. Las propias autoridades debemos ser el ejemplo de prudencia y responsabilidad ante la sociedad, garantizando, con nuestro actuar y con nuestros posicionamientos, la legalidad, la tranquilidad y la confianza de la ciudadanía.

Los resultados deben ser rápidos, sí; pero, ante todo, deben ser confiables.

Janine M. Otálora Malassis. Magistrada presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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[1] Merino, Mauricio. La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México. México, FCE, 2003, p. 95.