Los legisladores establecieron las reglas y requisitos que tenían que cumplir los candidatos independientes. A los aspirantes les tocaba cumplir con la ley y a la autoridad electoral verificar que esto sucediera.

A partir de la revisión firma por firma que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) de los aspirantes a los diversos cargos, nos enteramos de que muchos de ellos optaron por hacer trampa: por lo menos 23 aspirantes a diputados y dos más —a juicio de algunos tres— a la presidencia de la República. Este anuncio ha causado indignación social y cierto dejo de decepción sobre las figuras que para muchos se erigían como una alternativa al sistema de partidos, así como una serie de interrogantes sobre el proceso de recepción y verificación de apoyos realizado por el INE.

En total, 290 aspirantes obtuvieron su constancia para iniciar la recolección de apoyos para ocupar un cargo federal: 187 diputaciones, 55 senadurías y 48 para la presidencia. En cuanto a los cargos locales, fueron 1,101 lo que recolectaron firmas a través de la aplicación: 40 gubernaturas (o jefatura de gobierno), 474 diputaciones, 582 presidencias municipales y 5 regidurías. Así, el INE recibió —y verificó— 13,097,041 apoyos: 9,044,633 en el ámbito federal y 4,052,408 en el ámbito local.

El proceso operativo para la recepción de los apoyos se dio por medio de una aplicación móvil en la que se fotografiaba la credencial de elector de los ciudadanos. Además, existió un régimen de excepción que permitió recibir el apoyo en papel en zonas del país sin cobertura de telefonía móvil y previa autorización del INE. Cada firma enviada por los aspirantes a través de los asistentes dados de alta para el uso de la app se cruzó con el listado nominal. Los apoyos con nombres de ciudadanos que no se encontraron en el listado eran enviados a una mesa de control en donde un operador revisaba el caso, con alta frecuencia en compañía de los equipos de los aspirantes que así lo desearan.

Esa fue la forma de operación regular y conocida por todos de antemano. Además, a fin de cumplir con la responsabilidad de proteger los datos personales de la ciudadanía y de verificar que cada uno de los apoyos registrados fuera real y auténtico, el INE decidió establecer controles de calidad en su procedimiento. Así, diseñó una muestra de 900 firmas recolectadas por los aspirantes a una diputación que habían cumplido, en principio, con los requisitos de ley. ¿El resultado? De los 64 aspirantes, 28 registraron más del 10% de irregularidades en la obtención de firmas.

La consecuencia obvia y directa de este hallazgo fue realizar la verificación del cien por ciento de los apoyos de esos candidatos, dando como resultado que 23 de ellos no habían cumplido con la ley. Fue así como el INE detectó e hizo pública la conducta fraudulenta en que incurrieron distintos aspirantes a una candidatura independiente: sólo el 30% de los apoyos de estos 28 aspirantes había sido recabado de forma regular. El 2% correspondía a credenciales inválidas; el 10% eran fotocopias de la credencial de elector y el 58% correspondían a simulaciones de la credencial de elector.

Entre las credenciales inválidas aparecieron licencias de conducir, tarjetas de presentación, tarjetas de descuento o imágenes de la credencial para votar tomadas de una pantalla o en las que se capturaba dos veces el frente o dos veces el adverso. La irregularidad más grave y la que puede constituir un delito por el presunto uso indebido de datos personales, se refiere a las simulaciones de la credencial para votar. En este caso, no se trata de credenciales falsificadas sino de plantillas o formatos de una credencial en las que colocaron los datos personales de personas reales registradas en el listado nominal: nombre, OCR y clave de elector. En algunos casos, se encontraron fotografías del cuadernillo de votación que se usa en las jornadas electorales para registrar cuando un elector sufragó. Es decir, en todos estos casos hubo una evidente estrategia de engañar a la autoridad así como un mercado de datos registrales, lo cual es un delito electoral.

Hay que señalar que el INE también detectó, contabilizó y excluyó las fotografías de fotocopias que enviaron mediante la aplicación ya que los lineamientos establecían claramente que debía ser la credencial original. ¿La razón? Sólo con la credencial original se tiene certeza de que es el ciudadano el que da el apoyo. Las fotocopias de las credenciales pueden ser utilizadas sin el consentimiento del portador.

Este trabajo fue posible gracias al uso de la aplicación móvil. Este sistema no sólo permitió la obtención de más de trece millones de registros sino que permitió tener un archivo electrónico para detectar las trampas realizadas por los aspirantes y no sólo limitar la verificación a que los datos registrales coincidieran con la lista nominal. Además, gracias a este procedimiento, hoy la autoridad cuenta con todos y cada uno de los archivos electrónicos, el registro de quiénes son los auxiliares que enviaron las firmas con irregularidades, de dónde las mandaron y hasta el la hora exacta en la que lo hicieron.

El INE repitió este mismo procedimiento con los aspirantes a cargos locales, a senadores y a la presidencia de la República. En el caso de senadores, no se detectó trampa entre quienes cumplieron con el umbral de firmas requerido. En el de aspirantes a la presidencia, que en principio habían cumplido con el número de apoyos recibidos, se encontró que el 41% de las firmas de Jaime Rodríguez (el Bronco) fue procedente; el 55% de Margarita Zavala y tan sólo el 14% de Armando Ríos Piter.

Tabla 1. Desglose de apoyos ciudadanos recibidos por Jaime Rodríguez, Armando Ríos Píter y Margarita Zavala

 

Jaime Rodríguez

Armando Ríos Piter

Margarita Zavala

Apoyos recibidos

2,034,403

1,765,599

1,578,774

(Duplicados mismos aspirante)

266,357

112,359

132,602

(En padrón pero no en lista nominal)

11,748

14,816

13,358

(Bajas del Registro Federal de Electores)

15,938

36,585

10,193

(No encontrados)

6,630

11,501

4,949

(Fuera del régimen de excepción)

1,869

26,316

704

(Inconsistencias)

508,453

414,959

327,456

Apoyos en la Lista Nominal (preliminar)

1,223,408

1,149,063

1,089,512

(Simulación)

158,532

811,969

432

(Fotocopias)

205,721

88,183

212,198

(Documento inválido)

23,644

6,265

6,714

Apoyos válidos

835,511

242,646

870,168

Fuente: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. INE

Ante la difusión de estos datos por parte de la autoridad electoral, los aspirantes han dicho que el INE ya había validado sus apoyos y que después este instituto realizó una revisión en la que no tuvieron acceso se “enteraron” de las irregularidades. Cabe recordar que el sistema, en efecto, les reportaba día a día la evolución de los registros encontrados en la lista nominal. Es decir, las firmas que se encontraban en el renglón “Apoyos en la Lista nominal (preliminar)” de la tabla 1. Lo que no es cierto es que se les hubiera dicho que eran firmas válidas pues siempre se mostró como “información pre-validada”. Si la autoridad electoral hubiera sido omisa, si no hubiera establecido controles de calidad en sus procedimientos y si no hubiera estado comprometida con realizar un trabajo exhaustivo para verificar la autenticidad del apoyo, esas firmas pre-validadas habrían formado el conjunto de apoyos válidos. Y la ciudadanía habría sido burlada.

A partir del 20 de febrero y hasta el 16 de marzo el personal del INE revisó la totalidad de los 3.4 millones registros de estos tres aspirantes. En esa tarea laboraron cerca de mil personas, en jornadas de ocho horas durante siete días de la semana. Aunque los aspirantes han dicho que se trata de una labor imposible, las matemáticas no fallan para demostrar que se hizo de forma sistemática: se asignaron 900 personas a esta tarea, durante 24 días, trabajando 8 horas, lo que da una revisión de 160 registros revisados por jornada, 20 por hora. Y como las simulaciones y fotocopias de credencial son fáciles de detectar se trató de un trabajo laborioso pero sencillo y pulcro.

Se dice también que el INE nunca “informó” a los aspirantes de estas irregularidades hasta el anuncio oficial en la conferencia de prensa del 16 de marzo. ¿El INE tenía que comunicar las irregularidades durante el proceso de análisis, de forma parcial y sólo a algunos afectados? O bien, tenía que esperar, como hizo, a terminar con la evaluación firma por firma de todos los apoyos para poder ofrecer los resultados completos y de forma general a la ciudadanía. Apegado a la ley, el INE hizo lo segundo. Y en pleno respeto al debido proceso, una vez realizado el anuncio, ofreció un plazo de cinco días a los aspirantes para la revisión in situ de sus registros y así tuvieran derecho a argumentar lo que a su derecho convenga.

La responsabilidad de cumplir con la ley era de los aspirantes —y de sus auxiliares, quienes finalmente fueron habilitatos por los propios aspirantes— y la del INE era verificar que se cumpliera de forma cabal con los requisitos legales.

El INE evitó una ruta de fraude a la ley, una tentativa de engaño a la autoridad electoral y un intento de burla a la ciudadanía. De los apoyos pre-validados entregados por los diputados, casi el 40% tuvo irregularidades. Las simulaciones representaron 8 de cada 10 casos irregulares. De los apoyos enviados por los aspirantes a la presidencia, casi la mitad fueron irregularidades. De éstas, 6.5 de cada 10 constituyeron una simulación.

La pretendida imagen de ciudadanos con amplia base social construida a partir de apoyos ficticios, se deterioró rápidamente para los burladores de la ley. Pero ello no debe opacar el reconocimiento de quienes, con las mismas normas, consiguieron apoyos válidos y verificables de la ciudadanía y estarán merecidamente en la boleta electoral compitiendo contra candidatos de partidos el próximo primero de julio.

Farah Munayer. Maestra en Administración Pública Internacional por Sciences Po. Asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.