El 2018, ha traído retos importantes para la justicia electoral en materia de paridad de género. Por un lado, nos hemos visto en la necesidad de ajustar nuestros criterios al contexto actual relativo a la representación de las mujeres en los órganos de elección. Por el otro, con la incorporación de la figura de la reelección, hemos tenido que buscar soluciones para conciliar ambos principios constitucionales.

El escenario actual supone repensar las estrategias que hemos adoptado para garantizar la paridad de género en materia electoral y, con ello, seguir avanzando hacia una democracia más incluyente y hacia una sociedad más justa e igualitaria.

El principio de paridad de género fue incorporado al texto constitucional en la reforma electoral del 2014. Este principio establece la obligación que tienen los partidos políticos y demás organizaciones políticas de presentar sus postulaciones a candidaturas de manera paritaria entre hombres y mujeres. Esto se ha procurado con la adopción de acciones afirmativas.

Tales medidas han ofrecido resultados positivos, pues a pesar de que todavía hay un camino largo que recorrer para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, las medidas han garantizado presencia femenina en los cargos de gobierno y, además, han mostrado una progresión importante en el número de mujeres que ocupan cargos de gobierno.1

Sin embargo, la reforma electoral del 2014 trajo nuevos dilemas que resolver para seguir garantizando la paridad de género en materia electoral. En concreto, nos referiremos a la tensión existente entre la figura de la reelección y el principio de paridad de género.

Con la incorporación de la figura de la reelección, desde la reforma electoral de 2014, en el presente proceso electoral se está viendo una nueva problemática que nos obliga a plantear el rumbo de las medidas afirmativas adoptadas para cumplir con el principio de paridad de género.

La problemática se presenta porque nos encontramos frente a escenarios en los que la figura de la paridad de género y la reelección pueden estar en tensión al existir la posibilidad de que los presidentes municipales y los legisladores puedan optar por un segundo mandato y, a su vez, la exigencia de que los partidos postulen paritariamente sus candidaturas. Por el momento, no analizaremos la figura de la reelección por sí sola, en lugar de eso partiremos de la premisa de que, al estar reconocida ésta en el texto constitucional, la reelección está ─jurídicamente─ al mismo nivel que el mandato de paridad de género. Luego entonces, las autoridades electorales se ven frente a la necesidad de hacer ponderaciones entre ambas figuras y, por lo tanto, justificar reforzadamente por qué una debe ceder frente a la otra. Esta ponderación, sin embargo, debe hacerse para cada caso en concreto, sin que ello implique establecer una regla general en la que una siempre prevalecerá sobre la otra.

Es ilustrativo analizar esto con dos recursos que se resolvió recientemente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.2 En ambos casos, el legislador local ya había adoptado una medida afirmativa para garantizar la paridad de género en las postulaciones. Sin embargo, los institutos electorales locales de los casos respectivos adoptaron una acción afirmativa adicional. Finalmente, en ambos casos, la medida adoptada por el instituto electoral local entorpecía la posibilidad de optar por la reelección de algunos actuales presidentes municipales. Aun cuando los hechos parecen ser los mismos, la Sala Superior revocó una medida ─la de Chihuahua─ mientras que confirmó la otra, la de Baja California Sur.

En el caso de Chihuahua, la medida del legislador (medida de bloques) preveía la creación de tres bloques en función de su competitividad, que debía realizarse de la manera de que se describe a continuación. Primero, los partidos debían hacer una lista en la que ordenaran, jerárquicamente con base en los porcentajes de votación obtenidos en el proceso electoral pasado, todos los municipios en los que pretendían contender. Esa lista debía dividirse a su vez en tres bloques, uno de alta, uno de media y uno de baja competitividad; por último, las postulaciones debían ser paritarias dentro de cada bloque, dejando margen al partido para que decidiera qué sexo postular en cada ayuntamiento, siempre y cuando en su totalidad el partido cumpliera, dentro de cada bloque, con el 50 % de postulaciones para cada sexo. Con esto, se intentaba armonizar la paridad de género, la autoorganización de los partidos y la posibilidad de reelección.

El instituto electoral local, además, exigió que las postulaciones hechas en cada bloque debían ser alternadas (medida de alternancia). Esto es, si en el primer municipio de competitividad alta se postulaba a una mujer, en el segundo debía postularse a un hombre y así sucesivamente. En consecuencia, esta medida reducía de manera importante la autoorganización de los partidos políticos y, además, entorpecía la posibilidad de reelección de algunos presidentes municipales.

En este caso, la Sala Superior consideró que no había elementos para pensar que la medida de la alternancia traería mejores resultados en cuanto a la paridad de género, así como tampoco que los bloques de competitividad fueran insuficientes para estos efectos. Además, dado que con la alternancia no se abonaba de manera importante al principio de paridad, entorpecer la posibilidad de reelección no estaba suficientemente justificada. Como consecuencia de este análisis, se optó por revocar la medida de alternancia.

El caso de Baja California Sur fue esencialmente distinto y, por motivos de extensión, nos centraremos solamente en la medida afirmativa adoptada para la postulación de ayuntamientos.3 En este caso, la legislación sólo establece que las postulaciones a los ayuntamientos deben ser paritarias, sin contemplar a qué género debe asignarse el municipio impar. Esto porque Baja California Sur sólo cuenta con cinco municipios y, por lo tanto, resulta imposible hacer una repartición estricta que equivalga al 50%. En consecuencia, el instituto electoral local adoptó una medida adicional en la que se establece que en el municipio impar se debe postular una mujer. Dicha medida implicó que, de los tres presidentes municipales actuales de esa entidad, al menos uno vería mermada su posibilidad de reelección.

En este caso, la Sala Superior confirmó la medida adicional por considerarla justificada. Pero lo que nos interesa destacar aquí son los motivos que sostuvimos parar llegar a esta conclusión. Esto, en aras de ser congruente con la sentencia del caso de Chihuahua.

Baja California Sur, al sólo contar con cinco municipios, reúne características especiales. A diferencia de otras entidades federativas que cuentan con más municipios y que, por lo tanto, el sexo al que se le asigna el municipio impar tiene un impacto mínimo, en Baja California Sur esto no sucede así. Primero, el porcentaje más cercano a la paridad de género es 60% para un sexo género y 40% para el otro. Esta circunstancia implica que un municipio revierta la balanza de manera sumamente significativa.

En segundo lugar, aun cuando ha habido una progresión importante en esa entidad respecto al porcentaje de mujeres que dirigen los ayuntamientos, éste nunca ha sobrepasado el 40%.4 En consecuencia, resultaba relevante invertir ese porcentaje. Más aun, de los procesos electorales anteriores se observaba una tendencia a postular más hombres que mujeres.

Por último, también se pudo observar que en los municipios donde se tiende a postular a mujeres son aquellos con la menor densidad poblacional que, por lo tanto, son municipios con menor incidencia a nivel estatal. De hecho, actualmente, las dos mujeres que son presidentas municipales de Baja California Sur –que encabezan los municipios de Mulegé y Loreto– gobiernan sólo a un 11.5% de la población estatal.5 Nos parecía relevante, entonces, impulsar la postulación de mujeres también en municipios de incidencia.

En este caso, había motivos de peso para confirmar la medida establecida por el instituto electoral local, a pesar de que esto obstaculizara la posibilidad de reelección de alguno de los tres actuales presidentes municipales de esa entidad federativa. No obstante, los motivos usados para este caso no son aplicables ni transferibles necesariamente a todas las entidades federativas, porque, tal como en el caso de Chihuahua, no todas las acciones afirmativas adoptadas están diseñadas para abonar a la paridad de género.

Finalmente, debemos reconocer que existen otros principios en juego que tienen el mismo valor que el principio de paridad de género. Éstos son, la autoorganización de los partidos y la figura de la reelección. Esta situación nos ha obligado a hacer una ponderación entre principios para cada caso en concreto y justificar por qué uno prevalecerá frente a otros con el fin de contribuir a un entorno más igualitario.

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Alexandra Avena Koenigsberger. Asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; candidata a doctora por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.


1 Ver Aparicio, Javier. 2015. “Informe sobre la paridad de género en la selección de candidaturas electorales para la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, 2015-2016” en Instituto Nacional Electoral, Impacto del registro paritario de candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, pp. 60-99.

2 SUP-JDC-1172/2017 y SUP-JRC-4/2018.

3 Para las listas de diputación por Representación Proporcional, el instituto adoptó una medida que consistía en que éstas debían estar encabezadas por mujeres.

4 En 2011 la proporción fue de 4 hombres y 1 mujer y, actualmente, 3 hombres y 2 mujeres.

5 Información consultable aquí.