El 13 de marzo del presente año, la Tercera Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió,1 por unanimidad, el caso Stern Taulats y Roura Cappellera v. España2 en el que determinó que existió una violación al artículo 10 (Libertad de expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

El caso ha sido comparado, incluso por los propios recurrentes,3 con el que fue resuelto el 21 de junio de 1989 por la Suprema Corte de Estados Unidos (Texas v. Johnson),4 y en el que esta estableció que, toda vez que la quema de la bandera nacional por parte de Gregory Lee Johnson ocurrió en el contexto de una protesta política, tal acción constituyó una conducta expresiva de naturaleza política protegida por la libertad de expresión. Como consecuencia de ello, fue anulada la condena penal que le había sido impuesta a Johnson.

A pesar de que en ambos casos se trataba de una conducta expresiva no lingüística o simbólica, el caso conocido por el TEDH parece políticamente aún más sensible que aquel que fuera conocido por la Corte norteamericana, toda vez que en este se vieron involucradas, en cierta forma, la imagen de los Reyes de España y la Corona como institución constitucional.5

Los hechos que la Sentencia del Juzgado Central Penal de la Audiencia Nacional de España declaró probados son los siguientes:

…sobre las 20:00 horas del día 13 de septiembre de 2007, con motivo de la visita institucional de S.M. el Rey a la ciudad de Gerona, Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats… quemaron previa colocación boca abajo de una fotografía de SS.MM. los Reyes de España en el curso de una concentración en la plaza de Vino de esa capital. A dicha concentración le había precedido una manifestación encabezada por una pancarta que decía “300 años de Borbones, 300 años combatiendo la ocupación española”. Lo citados iban con el rostro tapado para no ser identificados y, tras colocar la citada fotografía de gran tamaño de SS.MM. los Reyes en la forma expuesta, en el centro de la plaza se procedió por Enric Stern a rociarla con un líquido inflamable y por Jaume Roura a prenderle fuego con una antorcha procediendo a su quema, mientras eran jaleados con diferentes gritos por las varias decenas de personas que se habían reunido en la citada plaza».6

El Juzgado Central Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia condenatoria argumentando que los hechos eran constitutivos del delito de injurias a la Corona tipificado en el artículo 490.3,7 perteneciente al Capítulo II “Delitos contra la Corona” del Título XXI “Delitos contra la Constitución” del Código Penal,8 y por ende condenó a Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats a la pena de quince meses de prisión, la cual fue sustituida por una multa de treinta meses por un total de €2,700 euros. Lo anterior se fundó en la supuesta naturaleza injuriosa de los hechos, así como en que los mismos fueron realizados con la intención clara de menospreciar la figura de los Reyes, concluyéndose que debido al carácter ilegitimo de los actos realizados, estos quedan excluidos del campo de protección del derecho a la libertad de expresión.

Dicha sentencia fue impugnada por Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats mediante la interposición de un recurso de apelación, argumentando la existencia de una violación a la libertad de expresión en relación con la libertad ideológica, ambas reconocidas en la Constitución Española (CE).9, 10

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la sentencia y consideró que la acción realizada “sobrepasa los límites amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión y lesiona el derecho al honor de la Institución, la Corona, como institución constitucional democrática.”11

Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats presentaron un amparo argumentando que las sentencias anteriormente descritas violaban sus derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la liberta de expresión, recordando que la libertad de expresión suele ocupar una posición preferente debido a su importancia en la formación de una opinión pública libre.

El Tribunal Constitucional (TC) conoció del amparo, y determinó que el hecho de quemar una fotografía de los Reyes en las circunstancias ya descritas, no se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión. Por el contrario, se trata de un acto que incita a la violencia y al odio hacia la Corona y hacia el monarca, por lo que tales actos resultan claramente incompatibles con los valores democráticos y constitucionales. El TC concluyó que “en el presente caso no ocurre ninguna [circunstancia] que permita reconducir la quema de los retratos al contexto de la crítica política que los demandantes invocan. Por tanto, la acción merecedora de reproche penal ha de ser valorada conforme a su naturaleza intrínseca, es decir, como una muestra de exclusión de quienes los recurrentes identifican con la Corona.”12 Asimismo, consideró proporcional la pena de prisión fijada, misma que fue sustituida por multa.

Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats presentaron una demanda ante el TEDH. Dicho Tribunal, para determinar si en el presente caso fueron vulnerados los derechos de libertad de expresión y libertad ideológica reconocidos en el CEDH. El TEDH realizó un test de proporcionalidad,13 siendo este último una herramienta muy utilizada tanto por éste como por otros tribunales constitucionales y de derechos humanos alrededor del mundo.

El TEDH, por unanimidad, estimó que la limitación al derecho de libertad de expresión persigue un objetivo legítimo y es idónea para la protección del honor o los derechos de terceros. Sin embargo, en el presente caso la verdadera disputa está en si la injerencia en el derecho era “necesaria en una sociedad democrática”. En relación a ello, el TEDH sostuvo que un acto como el que se le reprocha a los recurrentes, es la expresión simbólica de rechazo y de crítica política de una institución, y su exclusión del campo de protección garantizado por la libertad de expresión implica una interpretación demasiado amplia de las excepciones admitidas por la jurisprudencia del Tribunal, con lo cual se perjudicaría el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin el cual no es posible la existencia de una “sociedad democrática”.

De igual forma, afirmó que las acciones controvertidas se encuentran en el marco de un debate respecto de cuestiones de interés público, entre ellas la independencia de Cataluña, la forma monárquica del Estado y la crítica del Rey en tanto símbolo de la nación española y, por ende, no debe concluirse que dichas acciones fueron ataques dirigidos personalmente contra el Rey de España. Consideró también que los tres elementos utilizados (fuego, fotografía de gran dimensión y que la misma fuera puesta de cabeza) son elementos simbólicos que tienen una relación clara y evidente con la crítica política concretamente expresada por los recurrentes.  De tal forma que para determinar si la injerencia de las autoridades públicas al derecho de libertad de expresión fue “necesaria en una sociedad democrática”, el TEDH hizo énfasis en que una pena de prisión por una ofensa cometida como parte de un debate político no puede ser considerada una medida necesaria, además de resultar desproporcionada al fin buscado en virtud de que la libertad de expresión solo puede ser restringida en circunstancias excepcionales.

Es así como, en un momento complicado para España, en el que el debate y la crítica política gozan de gran intensidad, especialmente en relación a los temas que fueron materia de las expresiones de Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats, el TEDH nos recuerda la posición que debe tener la libertad de expresión en una democracia, así como la importancia de respetarla incluso cuando se ejerza mediante expresiones ofensivas e impresionantes.

Diego Romero Rivero. Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac. Twitter: @diegoromeror


1 De conformidad con los artículos 43 y 44 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la sentencia de Sala que resolvió este asunto no es definitiva. Durante el plazo de tres meses a partir de la fecha de la sentencia de una Sala, cualquier parte en el asunto podrá solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala. Si dicha solicitud se realiza, un colegio de cinco jueces de la Gran Sala aceptará la solicitud si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos o una cuestión grave de carácter general. Si el colegio acepta la solicitud, la Gran Sala se pronunciará sobre el asunto mediante sentencia.

2 La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en idioma francés, puede ser consultada aquí.

3 Tal y como lo refiere la sentencia del Tribunal Constitucional español, de fecha 21 de agosto de 2015, visible aquí.

4 Sentencia, en idioma inglés, que puede ser consultada aquí.

5 Consagrada en los artículos 56 y 57, pertenecientes al Título Segundo de la Constitución Española, denominado “De la Corona”.

6 Sentencia del Tribunal Constitucional español de fecha 21 de agosto de 2015, visible aquí.

7 TÍTULO XXI

Delitos contra la Constitución

(…)

CAPÍTULO II

Delitos contra la Corona

(…)

Artículo 490.

(…)

3. El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.

8 El Código Penal español puede verse aquí.

9 Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

(…)

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

(…)

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

(…)

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

10 La Constitución española puede verse aquí.

11 Pp. 2 y 3 de la sentencia del Tribunal Constitucional.

12 En la que siete magistrados votaron a favor y cuatro en contra, formulando estos últimos diversos votos particulares.

13 Dicho test consta de cuatro etapas: (i) que la intervención del derecho persiga un fin legalmente legítimo; (ii) que la medida resulte para satisfacer su propósito; (iii) que no existan medidas igualmente idóneas y menos lesivas para lograr el fin; (iv) que el grado de realización del fin sea mayor al grado de afectación del derecho.

El test o principio de proporcionalidad ha sido ampliamente desarrollado por diversas Cortes Constitucionales, entre las que se encuentran el Tribunal Constitucional Federal Alemán, así como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su desarrollo a nivel doctrinal es igualmente amplio, siendo algunos de sus principales exponentes Robert Alexy y Aharon Barak.