La sentencia del Tribunal Electoral que abrió paso a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez “el Bronco” está repleta de garantismo y conceptos similares cuyo único fin es hacernos creer que la decisión de la mayoría del Tribunal respalda la maximización de derechos, las interpretaciones progresivas de la mano del principio pro personay argumentos equivalentes. Los cuales tuvieron para estos magistrados un peso mayor frente a la certeza y legalidad del proceso electoral.

El garantismo, que no es otra cosa sino una forma de pensar, entender, interpretar y explicar el derecho, tiene su razón de ser ante la necesidad de acotar el ejercicio del poder público. Sin embargo, éste puede tener efectos nocivos,1 entre los que se encuentra la posibilidad de que los jueces escapen de los vínculos constitucionales para impartir una justicia más bien cercana a la arbitrariedad en una especie de garantismo espurio.  Veamos rápidamente de qué lado se encuentra la decisión de nuestro máximo órgano electoral, tomando como base el único argumento validado por el Tribunal consistente en que el INE violó el derecho de audiencia del entonces aspirante.

El Bronco impugnó la negativa de registro como candidato independiente a la presidencia de la República señalando en lo fundamental que el procedimiento de verificación de los apoyos instaurado por el INE no le permitió revisar la totalidad de las firmas que la autoridad administrativa calificó como inválidas, dejándoles en estado de indefensión  y en consecuencia fuera de la contienda.2

De acuerdo con el razonamiento de la mayoría del Tribunal, la negativa del INE a que el aspirante revisara el universo entero de las firmas con inconsistencias resultó en una violación al derecho de audiencia en perjuicio de su candidatura, pues la autoridad debió concederle esta oportunidad pese a que la etapa de revisión preliminar estaba concluida.

Pero, ¿qué implica el derecho de audiencia? Fundamentalmente dos cosas: por un lado, que un acto de autoridad no sea emitido sin antes permitir una defensa adecuada y, por otro, que lo anterior se cumpla previo ejercicio de una serie de garantías que debe cumplir todo procedimiento (ser escuchado, dentro de un plazo razonable, ante autoridad competente) que culmine con una resolución fundada y motivada por parte de la autoridad.3 La pregunta es: ¿tuvo o no derecho de audiencia Jaime Rodríguez? Revisemos.

El dictamen (resolución fundada y motivada) en el que el INE notificó al Bronco que no cumplía con el requisito del apoyo ciudadano para ser candidato a la presidencia, ocurrió una vez concluida la revisión de la totalidad de las firmas con inconsistencias por parte de su equipo. El aspirante revisó sus apoyos 12 veces en fase preliminar y una ocasión más en la revisión final de cinco días (plazo razonable) que el INE otorgó por igual al resto de los aspirantes. Esto es, que el ahora candidato tuvo la oportunidad de confrontar (ser escuchado) a la autoridad electoral respecto la veracidad de sus firmas un total de 13 ocasiones.

Por otra parte, se señala que existió un impedimento probatorio que permitiera una defensa adecuada del actor, ya que la app no permitía un respaldo del apoyo ciudadano con el cual se pudiera contra argumentar a la autoridad. Sin embargo, se omite que el actor tenía posibilidad de dar un seguimiento diario a sus apoyos a través del portal Web en el que podía consultar el folio y el estado de cada una de sus firmas (posibilidad de defensa adecuada).4 Además, la revisión que se llevaba en conjunto con el INE (autoridad competente) era a partir de la muestra de cada uno de los respaldos.

Ahora bien, lo natural de una afectación al derecho de audiencia, es conceder la posibilidad de reponer la etapa del procedimiento que se consideró violada para que el justiciable pueda hacer efectivo su derecho de defensa; sin embargo la preocupación mayor radica en la conclusión a la que arribó el recinto judicial, pues con un salto argumentativo francamente insostenible —eso sí, bautizado como extraordinario— la mayoría de los integrantes asumieron que existía una duda plausible para pensar que de habérsele permitido dicha revisión al aspirante, éste habría alcanzado las 16,656 firmas que le faltaron para cumplir con el requisito de apoyo ciudadano y, por tanto, la manera de restituir el daño era otorgándole la candidatura. No obstante, baste un ejemplo para corroborar la arbitrariedad judicial: en la misma sesión, con los mismos argumentos y ante alegatos idénticos, el tribunal concedió únicamente la posibilidad de verificar nuevamente las firmas del otro aspirante presidencial, Armando Ríos Piter (el Jaguar).5

Conveniente garantismo: misma violación, mismos alegatos, diferentes consecuencias. En una, el garantismo subsana requisitos legales y compensa firmas faltantes; en otro, sólo repara etapas. Resulta, pues, que el garantismo de la mayoría del Tribunal está sustentado en una presunción de una lógica cuestionable y con vara a modo, atentando libremente contra los principios de legalidad y certeza.

Los hechos nos llevan a una conclusión clara. Esta manera de decidir, exaltada como garantista pero en el fondo inconsistente y discriminatoria, se acerca más bien esa identificada como garantismo espurio, en donde quienes juzgan justifican sus decisiones al margen de la ley. Baste recordarle a nuestro Tribunal Electoral una obviedad no menor en este contexto: “…para poder ser una garantía de los derechos contra la arbitrariedad, no debe, a su vez, actuar arbitrariamente.”6

Bárbara Torres Méndez. Licenciada en derecho por la UNAM y asesora en el Consejo General del INE. Twitter: @TorresBrbara


1 Al respecto, puede revisarse el siguiente trabajo de Pedro Salazar Ugarte: Reflexiones sobre la teoría garantista a la luz de algunas decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2834/38.pdf

2 Dicho procedimiento consistió, en breves palabras, en la revisión cuantitativa y cualitativa de sus firmas, esto es, que el INE primero verificó que los datos enviados por el aspirante se encontraran en la lista nominal y finalmente que cada apoyo estuviera legítimamente respaldado por una credencial de elector original.

3 Todo esto está reconocido en la sentencia SUP-JDC-186/2018 Y ACUMULADO, pág. 65.

4 Dicha falta de respaldo, responde además a la protección de datos personales de la ciudadanía.

5 Ver SUP-JDC-161/2018

6 Marina Gascón, La teoría general del garantismo. Rasgos principales, en “Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli” (Miguel Carbonell y Pedro Salazar coord.), Madrid, Trotta, 2006, p. 27.