La violencia en México ha sido un tema constante en los últimos años. Dentro de la gama de delitos que son cometidos en nuestro país están los delitos de carácter sexual como el acoso sexual o las violaciones sexuales. Según datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en promedio, se realizan 600 mil delitos sexuales al año.1 Esta cifra es preocupante, pero no nos dice mucho sobre cómo están siendo analizados esos casos en nuestros juzgados.

En este contexto, el principal propósito del juez consiste en analizar el caso y dictar una sentencia. En los casos de delitos sexuales, como la violación, el análisis se complica por diversas cuestiones particulares. Aunado a eso, existe la carencia de una condición indispensable en la actualidad para todos los jueces: la perspectiva de género. ¿Qué es eso? La perspectiva de género es una categoría analítica que sirve para cuestionar los estereotipos y para alcanzar una mayor equidad entre los géneros. Es decir, cuando se analiza un caso donde la víctima es una mujer, el juez debe considerar la posición de desigualdad y subordinación en la que podría encontrarse la misma. ¿Para qué sirve esto? Al juzgar desde esta perspectiva se eliminan prácticas sociales que hacen persistir la violencia y la pérdida de derechos, ayudan a garantizar el debido proceso y reducen la impunidad porque el juez actúa considerando todos los factores de desigualdad y sus consecuencias –mismas que repercuten en toda la sociedad. Un país que tiene jueces analizando casos con perspectiva de género otorga mayor garantía y protección a sus ciudadanos. Ese no es nuestro caso.

La realidad mexicana es que nuestros jueces no siguen los diversos protocolos o lineamientos emitidos por nuestro más alto tribunal como el Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Los jueces siguen juzgando bajo estereotipos y prácticas discriminatorias arraigadas en nuestra cultura machista. Un ejemplo de estas prácticas es la dicotomía creada para clasificar a una mujer. La antropóloga feminista, Marta Lamas, explica que las mujeres son juzgadas por sus “comportamientos” para encasillarlas como una mujer decente o una mujer puta.2 ¿Qué quiere decir eso? Una mujer es considerada decente si acata las restricciones sociales que han sido impuestas a las mujeres en aspectos como la forma de vestirse o la forma de comportarse -en general, la tendencia es limitar a la mujer en su sexualidad. Incluso podría ser visto como quitarle la sexualidad a la mujer. En contraposición, una mujer considerada como una puta3 tiene una amplia liberación sexual que está cargada con una connotación hacia el comercio sexual, la cual ciertas personas consideran inmoral. En sí, la mujer es rechazada por esta visión negativa hacia a las sexoservidoras, aun cuando la mujer no realice ese trabajo. Esta clasificación no es replicada hacia los hombres y es una manera silenciosa de violentar a la mujer. Dicho esto, cabe preguntarnos qué sucede si un juez replica esta práctica u otra similar sobre las mujeres que son víctimas de una violación sexual. ¿Acaso sucede esto en nuestro derecho? La respuesta simple es sí.

A continuación serán mencionadas ciertas tesis provenientes de nuestro poder judicial donde establecen criterios a seguir –no de manera obligatoria, pero sí guían la decisión de los otros jueces– en los casos de violaciones sexuales. En primer lugar, se presenta la tesis general privilegia el valor probatorio que tienen el testimonio de la víctima en este delito, y concluyen que:

la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación.4 [Énfasis del autor]

En sentido general, el documento jurídico establece que todo testimonio tiene que ser creíble al tener otros factores que lo corroboren, sin que existan datos que lo contradigan –aunque no son obligatorios, si son determinantes para juzgar el caso. Un testimonio puede ser contradicho por incoherencias en los hechos, por datos científicos que comprueben que sucedió de otra manera o por “experiencia”. Este último punto va de la mano con la valoración que realizaran de la víctima desde la credibilidad subjetiva hasta la objetiva. Es decir, un juez analizará la vida privada y social de la demandante para saber si sus impugnaciones son o no reales; incluso, si existe una insistencia en contra del demandado también podría ponerse en duda sus acusaciones. Lo que se abstrae de esta tesis es que, de inicio, dudamos que el testimonio sea cierto y, por ello, tiene que cumplir otras consideraciones para dotarlo de credibilidad.

En segundo lugar, esta tesis complementa a la anterior y añade ciertas características como la “perspectiva de género” y el estándar de valoración probatoria para los casos de violación sexual, en la cual establecen que:

…los juzgadores deben, oficiosamente, analizar los casos de violencia sexual que se les presenten, con perspectiva de género, lo que conlleva al reconocimiento de un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza, por lo que deberán: (I) atender a la naturaleza de la violación sexual, la cual, por sus propias características, requiere medios de prueba distintos de otras conductas; (II) otorgar un valor preponderante a la información testimonial de la víctima, dada la secrecía en que regularmente ocurren estas agresiones, lo que limita la existencia de pruebas gráficas o documentales; (III) evaluar razonablemente las inconsistencias del relato de la víctima, de conformidad con la naturaleza traumática de los hechos, así como otros factores que pueden presentarse, tales como obstáculos en la expresión, la intervención de terceros, o el uso de diferentes idiomas, lenguas o interpretaciones en las traducciones; (IV) tomar en cuenta los elementos subjetivos de la víctima, entre otros, la edad, la condición social, el grado académico o la pertenencia a un grupo históricamente desventajado, a fin de establecer la factibilidad del hecho delictivo y su impacto concreto; y, (V) utilizar adecuadamente las pruebas circunstanciales, las presunciones y los indicios para extraer conclusiones consistentes.5 [Énfasis del autor].

Los aspectos que sobresalen de la tesis son que los jueces reconocen las dificultades que emanan de este delito y establecen que debe existir una valoración particular para el caso. Los jueces retoman analizar los elementos subjetivos de la víctima como la edad, la condición social, el grado académico o la pertenencia a un grupo en desventaja, con el fin de establecer la credibilidad y el impacto del delito. Es decir, el juez va a juzgar la vida de víctima, la mujer, para establecer la veracidad de sus impugnaciones en el caso, lo cual es sumamente preocupante porque si carecemos de perspectiva de género –como sucede, aun cuando digan que sí la tienen–, el juez replicará la categorización antes mencionada u otra similar, para dictar su sentencia. ¿Qué nos garantiza que el juez dará una sentencia favorable en un caso de violación sexual si la mujer era de bajos recursos y se dedicaba al comercio sexual o era una mujer que tenía una plena libertad sexual?

La última tesis complementa las últimas dos y añade que “la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente”, por eso “se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción” que serían “dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones”.6 El criterio que agrega esta tesis es que sí debe de haber un procedimiento formal que dictamine cómo regularlo. No obstante, aquí también debe incluirse la perspectiva de género para no viciar la recopilación de pruebas para el caso. En sí, todo el procedimiento judicial debe de estar cargado de la perspectiva de género.

Las conclusiones generales que se extraen de las tesis anteriores es que una víctima de una violación sexual, primero, tiene que probar que sí puede ser una víctima y que no sólo busca culpar a un individuo inocente. Podría cuestionarse si está bien que existan criterios especiales para los delitos de violación sexual. La realidad es que este tipo de delito sí necesita de un modo de prueba especial debido a que usualmente sólo existe un testimonio contra otro. Sin embargo, no hay porque llegar al extremo de dudar más sobre la mujer que sobre el posible victimario. Lo único que ocasionan estas tesis son revictimizar a las víctimas. ¿Por qué una mujer que ya sufrió una violación también tiene que sobrellevar que le juzguen sus decisiones que realiza en la esfera privada? Es absurdo.

Después de todo lo dicho, qué necesita el derecho del país para mejorar sus criterios y otorgar una mayor protección a las mujeres. El derecho penal mexicano necesita feminizarse. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el derecho penal debería adoptar una postura que reconozca las relaciones de supra-subordinación entre los géneros, que considere la desigualdad social, educativa y económica que viven las mujeres y que incorpore la sinergia con el derecho internacional de los derechos humanos.7 Dicho de otra manera, el derecho penal tiene que eliminar estigmas que violenten a las mujeres para poder dar resoluciones sensatas (conforme a derecho) con la situación del caso. En los delitos de violación sexual, la perspectiva del juez debería ser equitativa a cuestionar a ambas partes, víctima y victimario, en la realización del delito para que la carga de la prueba no sólo recaiga en la vida de la víctima. Incluso podrían crearse nuevos mecanismos y, necesariamente, se necesitan nuevos criterios provenientes de nuevas tesis.

En definitiva, a nuestro país le hace falta tener perspectiva de género. Las tres tesis mencionadas reflejan que las prácticas y actitudes machistas son reproducidas por nuestros jueces, en vez de ser eliminadas. Las mujeres no podemos seguir viviendo con un sistema que propicia que nos violenten y manda constantemente mensajes diciendo que atacar, violar o matar a una mujer no ocasiona consecuencias para sus perpetradores. Sin una perspectiva de género en nuestro poder judicial, las mujeres seguiremos teniendo este tipo de sentencias.

Elizabeth V. Leyva. Estudiante de la licenciatura de derecho en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @elizaabethleyva


1 https://www.animalpolitico.com/2017/08/violencia-sexual-2017-violacion/

2 Marta Lamas, Cuerpo, sexo y política, (México: Océano, 2014), 69-70.

3 El término puta proviene de la cultura judeocristiana y en 1611 ya era definido como “la ramera o ruin mujer” en los diccionarios.

4 DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN

CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. (Época: Décima Época; Registro: 2013259; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II;; Materia(s): Penal; Tesis: XXVII.3o.28 P (10a.); Página: 1728)

5 TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. (Época: Décima Época; Registro: 2010003; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. XXIII/2015 (10a.); Página: 238)

6 VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU

TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. (Época: Décima Época; Registro: 2015634; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: 1a. CLXXXIV/2017 (10a.); Página: 460)

7 Miguel Ontiveros Alonso, La feminización del Derecho Penal, Revista Jurídicas IUS Doctrina, No. 14, 2016, 2-15.