Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió la famosa sentencia, SUP-JDC-12642/2011 en 2011, mejor conocida como la sentencia de “las Juanitas” y, posteriormente, en 2014 con la incorporación del principio de paridad de género en el texto constitucional por parte del Congreso, la concepción de género ha cobrado mayor relevancia y se ha insertado en el centro del debate político actual.

Efectivamente, después de estos dos sucesos, la adopción de acciones afirmativas tendentes a cumplir con la paridad de género ha formado parte de la agenda político-electoral del país. Actualmente, prácticamente todas las entidades federativas y la federación han emitido un robusto cuerpo de legislación y lineamientos para cumplir con este principio.

El TEPJF ha contribuido a que el principio de igualdad o paridad de género sea entendido de una manera más amplia. Así, ha distinguido entre la paridad cuantitativa y la paridad cualitativa. Mientras que la primera se refiere a equiparar el número de candidaturas de hombres y mujeres para los cargos de elección popular, la segunda garantiza que en la postulación que haga cada partido político, se postulen de manera equitativa hombres y mujeres tanto en aquellas circunscripciones perdedoras como en las ganadoras, según la fuerza política de cada partido.

Para el mejor cumplimiento de la vertiente cualitativa de la paridad de género, se ha elaborado una distinción entre paridad horizontal y vertical. La paridad horizontal se refiere a que, en una elección, por ejemplo de una entidad federativa, haya una cantidad equitativa entre hombres y mujeres para el puesto de la presidencia municipal. Por su lado, en esta misma elección, la paridad vertical implica que la planilla de cada ayuntamiento esté conformada de manera igualitaria. Es decir, que haya una paridad entre todas las postulaciones para ocupar los distintos cargos dentro del ayuntamiento.

Como ha sido mostrado, ya existe un cuerpo sumamente amplio y sofisticado de acciones afirmativas que buscan cumplir con el mandato constitucional sobre la paridad de género. Estas acciones afirmativas han logrado avances significativos en la inclusión de las mujeres en la vida política del país. Por ejemplo, en las elecciones de 2009, previas a la incorporación de estas acciones en la legislación nacional, el Congreso federal estuvo integrado por 28 % de mujeres y 72 % de hombres; en el 2012, se integró con 37 % de mujeres y 63 % de hombres; finalmente, en 2015, su composición consistió en 42.40 % de mujeres y 57.6 % de hombres.1

Sin embargo, los problemas que han surgido en los últimos meses sobre la materia, con el inicio del proceso electoral vigente, nos indican que debemos transitar hacia una nueva etapa en la adopción de medidas afirmativas. Un ejemplo de esto es que el criterio que se sostuvo en la sentencia de “las Juanitas” fue modificado en una sentencia reciente dictada por la Sala Superior del TEPJF (SUP-REC-7/2018). En 2011, cuando se dictó la sentencia de “las Juanitas”, el objetivo fue evitar la práctica que varios partidos políticos habían llevado a cabo, la cual consistía en postular a mujeres como candidatas propietarias de las fórmulas de elección a cargos populares ─para cumplir formalmente con la cuota de género─, pero postular a un varón como su suplente. Una vez en el cargo, los partidos le pedían a la candidata propietaria renunciar y como consecuencia, el varón suplente accedía al cargo. Esta situación rompía con el equilibrio que se buscaba con las cuotas de género y, por tanto, dejaba sin efectos precisamente el propósito perseguido con estas medidas.

En aquel momento, la Sala Superior estimó que lo mejor para evitar la práctica reseñada era exigir que todas las fórmulas estuvieran compuestas por propietario y suplente del mismo género y, desde entonces, básicamente todas las legislaciones locales contienen esta exigencia. No obstante, y con motivo de una controversia suscitada en Jalisco, la Sala Superior modificó el criterio mencionado.2 El nuevo criterio ahora afirma que esa práctica, que atenta contra la paridad, puede evitarse si se exige que cuando las propietarias de las fórmulas sean mujeres, sus suplentes también deban serlo, pero esta exigencia no aplicará en sentido inverso. Esto significa que, cuando el candidato propietario sea hombre, su suplente podrá ser una mujer, lo que permite la conformación de las fórmulas mixtas cuando un hombre la encabeza.

La solución antes descrita ya había sido sugerida cuando la Sala Superior resolvió la sentencia de “las Juanitas”. Sin embargo, un posible motivo por el cual se optó por exigir que las fórmulas siempre fueran del mismo género ─sin hacer la distinción que se ha hecho ahora─ fue justamente que en ese entonces el mandato de paridad de género no contaba con la aceptación con la que cuenta actualmente. La adopción e implementación progresiva de medidas afirmativas traen a la par la adaptación, aceptación y normalización de las medidas por parte de los actores políticos, de la sociedad y del diseño institucional. Esta situación genera la posibilidad ─y la necesidad─ de adoptar medidas más sofisticadas y focalizadas para cumplir con los objetivos que buscamos en cuanto a este tema.

En efecto, si queremos seguir avanzando hacia una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, nos vemos ante la necesidad de transitar hacia una nueva política de adopción e implementación de acciones progresivas y más focalizadas, con objetivos específicos. Un nuevo objetivo podría ser la implementación de acciones positivas, tendentes a garantizar la postulación de mujeres en ayuntamientos de alta incidencia política, económica y social. Dicho de otra manera: garantizar la postulación de mujeres en ciudades importantes. Ya existe un precedente en Coahuila, en donde se ha implementado un sistema de bloques basados en la densidad poblacional de los municipios. Así, al exigir la paridad dentro de cada bloque, se asegura que haya mujeres postuladas en los municipios de mayor densidad poblacional dentro de la entidad.

Aunque con el principio de paridad de género, en su vertiente cuantitativa, ya se preveía que se postularan tanto a hombres como a mujeres en circunscripciones ganadoras para cada partido político. Con esto, se garantiza el acceso de las mujeres a los cargos. Cabe mencionar que tal medida es diferente al garantizar la postulación de mujeres en ciudades importantes, aun cuando éstas pudieran no ganar la postulación para el partido político al que pertenecen.

La postulación de mujeres en ciudades clave, aun si llegasen a perder la elección, tiene efectos sumamente positivos en cuanto a la paridad se refiere. En primer lugar, porque la candidata adquiere conocimientos, experiencia y aprendizaje que le servirán para futuros procesos y campañas electorales, además de la experiencia y aprendizaje que obtendría si resultase electa. En segundo lugar, porque la postulación de una mujer como candidata al puesto político de una ciudad importante emite un mensaje claro hacia los militantes del partido, hacia sus simpatizantes y, en general, hacia la ciudadanía, de que la candidata es apta para ocupar el cargo. Esto contribuye a afianzar su liderazgo dentro y fuera del partido político y, en consecuencia, incrementa sus redes políticas, sociales y económicas. En pocas palabras, crea una red y un capital social que le permite seguir persiguiendo su carrera política. Postular a mujeres en ciudades importantes, genera un impulso vital en sus aspiraciones y en la dirección de sus carreras políticas.

Todo esto trae efectos importantes a largo plazo. Principalmente, porque todo el capital político, social y económico que puede absorber una mujer que es postulada como presidenta municipal de una ciudad importante lleva a que, en un futuro, postular a esa mujer sea una decisión idónea para el partido porque le genera un beneficio político y electoral, y no un costo. Esto, a su vez, cambia la percepción que tienen los partidos y actores políticos hacia las mujeres en el ámbito de la política que contribuye a revertir los roles y estereotipos de género que subsisten en cuanto a la capacidad de las mujeres para gobernar y dirigir.

Existen suficientes motivos que justifican por qué debemos avanzar hacia una nueva etapa de adopción de medidas afirmativas. Éstas, efectivamente, deben ser más focalizadas y destinadas a objetivos específicos. De lo contrario, si permanecemos en el estado actual de implementar medidas afirmativas que sólo buscan asegurar un número determinado de candidaturas para las mujeres, estaremos cayendo en una lógica errónea y perjudicial para nuestro fin último, que es que el género de las personas sea irrelevante al momento de decidir quién dirige nuestras instituciones y, como consecuencia, que haya una igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los cargos.

Ciertamente las problemáticas que se han suscitado con motivo de las acciones afirmativas que buscan establecer una cuota de mujeres muestran que los partidos políticos todavía se resisten a incorporar mujeres en sus postulaciones porque, en muchas ocasiones, estas candidaturas les genera un costo político que parece redituar pocos beneficios.

Cambiar esta resistencia implica compatibilizar los intereses de los partidos políticos y de las mujeres, a fin de que postular mujeres sea beneficioso para los partidos. Si entendemos que las acciones afirmativas implican sacrificar temporalmente los intereses del grupo dominante para que en un futuro haya mayores condiciones de igualdad, entonces se encuentra justificado exigir, temporalmente, a los partidos políticos que postulen a mujeres en ciudades importantes, por los beneficios que estas postulaciones pueden traer a largo plazo. En pocas palabras, estas acciones afirmativas pueden traer efectos transformadores y, a largo plazo, pueden cambiar la percepción de los partidos políticos en cuanto a la postulación de mujeres.

Alexandra Avena Koenigsberger. Asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctoranda en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 Información obtenida de “Paridad de Género: Evolución, Logros y Realidades” por Liderazgos en acción.

2 El Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco emitió unos lineamientos para cumplir con la paridad de género en las postulaciones. El artículo 8, numeral 2, de esos lineamientos señala que “Las fórmulas a diputaciones de mayoría relativa deberán presentarse de la siguiente manera: cuando quien encabeza la candidatura propietaria sea de género masculino, su suplente podrá ser de cualquier género; pero si la propietaria fuera de género femenino, su suplente deberá ser del mismo género”.