Algunos afirman que en Mérida —como muchas otras ciudades de México, América Latina y el mundo— estamos al borde de la “penuria de la vivienda” señalada por Friedrich Engels.1 Pero para la gran mayoría de “los nadie” galeanos, la crisis no es crisis sino cotidianeidad: la novedad es que se ha vuelto visible para la minoría que no ha sentido necesidad de advertirla. Comunidades alrededor de la capital yucateca —muchas de ellas de mayoría maya— se ven amenazadas por el crecimiento de una mancha urbana sostenida por la economía de la especulación inmobiliaria. El caso de visibilización más reciente, el de la comunidad de Santa Gertrudis Copó, nos alerta sobre la necesidad de hablar de un fenómeno más común de lo que aparenta: el “domicidio”.

La comunidad de Santa Gertrudis Copó se encuentra en el territorio de lo que tiempo atrás fuera una hacienda henequenera. En una península condenada por la historia a ser una isla, ese tipo de complejos fue el símbolo del desarrollo a base de la explotación maya. Actualmente, los habitantes se ven amenazados por el interés alrededor de la plusvalía de sus terrenos. Los desarrollos inmobiliarios de clase alta al norte de Mérida han ido rosando los límites de comunidades como Chablekal, Caucel, Conkal y, por supuesto, Santa Gertrudis Copó, entre otros. Ya en el pasado, las comunidades de Xcumpich y Chuburná fueron devoradas por la mancha urbana, siendo digeridas en barrios de clase media-alta. Como señala Rodrigo Llanes:

[e]n ocasiones, los empresarios, prestanombres e intermediarios compran a los representantes ejidales, corrompen asambleas ejidales para llevar al cabo la transacción de las tierras o simple y llanamente se apoderan de las tierras ejidales. Muchas veces estas acciones se realizan con la complicidad de las autoridades, ya sean las agrarias o incluso de más altos niveles de gobierno.2

El caso de Santa Gertrudis Copó es, en términos generales, muy similar al de los otros 44 comunidades mayas alrededor de la capital yucateca. Sin embargo, los últimos días ha causado particular indignación por la demolición de cinco casas ocurrida el pasado 8 de mayo. Sin previo aviso, maquinaria y personas llegaron asegurando tener el derecho sobre sus terrenos. Bajo la ausencia de policías o cualquier personal estatal, indicaron a la comunidad que serían “reubicados”, que se harían trabajos de construcción en la zona y que ellos, básicamente, ya no vivían ahí. En esencia, la historia de la construcción de la hacienda henequenera se repetía en 2018, bajo el mascarón del desarrollo inmobiliario que tanto se presume en Mérida.

En 2001, los canadienses J. Douglas Porteous y Sandra E. Smith acuñaron el término domicide (“domicidio”) para referirse a la destrucción deliberada de una vivienda en contra de la voluntad de quien la habita.3 Peter Marcuse y David Madden señalan que el “domicidio” es una forma para reafirmar soberanía sobre un territorio o eliminar la exigencia de permanencia de un grupo contrario.4 Más allá de las apreciaciones respecto al término elegido –personalmente no me gusta-, describe una forma de violencia no solo contra el derecho a la vivienda del quien la sufre, sino de su capacidad de agencia. Ante la pérdida del refugio básico, la persona víctima de esta forma de coerción se ve obligada a concentrar todos sus recursos personales, económicos y sociales en resolver su situación de sin-techo, en lugar de seguir exigiendo sus derechos frente al agresor.

La destrucción de la vivienda como mecanismo de dominación y/o intimidación ha sido una forma de violencia recurrente tanto de actores estatales como de privados, en contextos de paz o de conflicto armado. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha constatado cómo elementos del Ejército Colombiano, después de desaparecer a habitantes de la comunidad Vereda La Esperanza, procedieron a destruir la casa de los familiares de una desaparecida.5 Por su parte, las milicias israelíes han hecho uso de la destrucción de viviendas palestinas como una forma de castigo colectivo.6

En la comunidad de San Antonio Ebulá, Campeche, tanto la escuela pública como algunas viviendas fueron destruidas como preludio al posterior desplazamiento y destrucción total del pueblo para la construcción de un proyecto inmobiliario de élite.7 El hundimiento de casas atribuida a la actividad minera en Salaverna, Zacatecas ha servido para atemorizar a los vecinos de la comunidad que se niegan a abandonar sus tierras.8 Del otro lado del continente, en Chile también se ha denunciado casos de “domicidio” por parte de empresas inmobiliarias.9

En suma, el “domicidio” ha servido como practica intimidatoria en contra de las comunidades que se niegan a dejar sus hogares. Utiliza el sufrimiento de las personas que atestiguan la destrucción de sus propias casas para desmantelar su capacidad de oposición, sirviendo, además, como una amenaza tácita hacia el resto de los vecinos. Testimonios como el de doña Ángela, adulta mayor de Santa Gertrudis Copó, demuestran el dolor que genera este tipo de experiencia para las víctimas.10

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las obligaciones en materia de vivienda son vinculantes no únicamente para las autoridades, sino también para actores privados.11 Este criterio podría dejar la puerta abierta para reconocer el fenómeno del “domicidio” como un mecanismo de violencia colectiva. Como medida de castigo o amenaza individual y colectiva, constituye una violación al derecho a la vivienda en conjunto al derecho a la integridad personal. Afortunadamente, en el caso de Santa Gertrudis Copó, la comunidad no se ha dejado intimidar y continúa en su lucha por el techo y la igualdad.12

El caso de Santa Gertrudis Copó nos recuerda el carácter evolutivo de los medios por los cuales son violados los derechos humanos, volviéndose más problemático frente a las dinámicas cada vez más complejas de nuestras sociedades. Por supuesto que el “domicidio” no es un fenómeno nuevo, pero su incipiente conceptualización responde al reconocimiento de su uso como ejercicio del poder para acrecentar las de por sí profundas desigualdades.

Carlos Luis Escoffié Duarte. Consultor y litigante independiente en derechos humanos. Miembro del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Twitter: @kalycho


1 Engels, Friedrich; “Contribución al problema de la vivienda”, publicado por vez primera en el periódico Volkstaat entre 1972 y 1973.

2 Llanes, Rodirgo; “Invasión y desalojo”, Diario de Yucatán, 21 de mayo de 2018.

3 Porteous, J. Douglas; y Sandra E. Smith. “Domicide: the global destruction of home”. Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2001.

4 Marcuse, Peter y Madden, David. “In defense of housing”. Editorial Verso. Londres, RU 2016, p. 92.

5 Corte IDH. Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 341, párrs. 237-246.

6 Akesson, Bree. “’we may go, but this is my home’: Experiences of domicide and resistance for Palestinian children and families”. Journal of Internal Displacement, Volume 4, Number 2, July 2014. Amnisty International. “Families under the rubble: Israeli attacks on inhabited homes”. United Kingdom, 2014.

7 Equipo Indignación. Informe “San Antonio Ebulá: desplazado por la violencia”. Mérida, 2014. La Jornada. “Ebulá, pueblo maya destruido en Campeche”. Lunes 4 de agosto de 2009.

8 El País. “Ni por todo el oro del mundo”. 2 de julio de 2016.

9 El Ciudadano. “Domicidio, una nueva forma de asesinato llega a Chile”. 29 de mayo de 2009.

10 Equipo Indignación. “Santa Gertrudis Copó denuncia invasión y defiende espacios comunitarios”. Comunicado del 8 de mayo de 2018.

11 SCJN. Primera Sala. Sentencia de Amparo directo en revisión 3516/2013 del 22 de enero de 2014, Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.

12 La Verdad. “Piden frenar a invasores de las colonias ‘ricas’ de Mérida”. 26 de mayo de 2018. La Tribuna Campeche. “Quitan espacios a Santa Gertrudis Copó”. 25 de mayo de 2018.