A menos de un mes de que se lleven a cabo las próximas elecciones, los temas de las precampañas y de las campañas de nuestros futuros representantes parecen agotarse. Oscilando entre un redituable pragmatismo y la siempre oportunista coyuntura, los candidatos han puesto sobre la mesa un sinfín de propuestas, ideas o meras ocurrencias que difícilmente se podrían discutir —con la seriedad debida— a escala nacional.

Al hablar diariamente de asuntos tan variopintos como excéntricos y novedosos, parece que el número le va ganando la partida al contenido. Haciendo creer que todo está dicho, que ya se ha hablado de lo importante, los actores políticos de esta contienda navegan sigilosa y cuidadosamente por rutas conocidas, evitando correr riesgos en temas que, aunque importantes, según ellos, no harán la diferencia en el electorado.

En este sentido, a pesar de la relevancia que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las últimas décadas, uno de los temas que menos ha permeado en el debate electoral, pero de enorme importancia para la construcción democrática del país, es la visión de los candidatos a la presidencia de la República respecto nuestro tribunal constitucional Su importancia es evidente. De entrada, el próximo presidente a lo largo de su sexenio propondrá las ternas para cubrir las vacantes de al menos dos integrantes de la Corte —los sustitutos de Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco—. Y este número podría incrementarse, si se generan vacantes adicionales a lo largo del sexenio o, en su caso, si se demora el proceso de sustitución del ministro José Ramón Cossío, cuyo periodo concluye el 30 de noviembre de este año —el mismo día que finaliza la gestión del presidente Peña Nieto.

Si consideramos que la Suprema Corte está compuesta por 11 ministros, lo anterior significa que el siguiente presidente podrá proponer –y hasta designar directamente, en algunos supuestos– a un porcentaje no despreciable de los integrantes de la Corte, quienes duran en su encargo quince años. De esta forma, el siguiente titular del ejecutivo federal podrá influir de manera significativa en la configuración de nuestro tribunal constitucional y, en este sentido, en la forma cómo se resolverá un amplio abanico de temas de enorme impacto social, tales como la Ley de Seguridad Interior, las controversias que plantean algunos estados con relación a la NOM 046 (violencia familiar, sexual y contra las mujeres), matrimonio adolescente y gestación subrogada.

La Corte vive, además, una coyuntura crítica. Desde hace varios años existe un frágil e inestable equilibrio entre distintos bloques de ministros, quienes difieren en cómo leer y entender nuestro texto constitucional y el papel de esta institución ante la compleja problemática social que enfrenta nuestra democracia. Si bien el siguiente presidente seguramente propondrá a menos de la mitad de sus integrantes, lo cierto es que ante el balance actual tales nombramientos serán decisivos para marcar el rumbo la Suprema Corte por los siguientes lustros.

Al respecto, vale recordar que la división de poderes entendida tradicionalmente bajo la premisa de no injerencia, de una absoluta autonomía entre las principales ramas de un gobierno, resulta discutible en términos teóricos y claramente estéril en la práctica. De poco sirve sí, en mayor o menor medida, no se hacen explícitos los múltiples vínculos relacionales que se emanan y se entretejen a partir de un sistema jurídico-político tan amplio como complejo. Vale la pena recordar, entonces, que “legislación, administración y jurisdicción no pueden estar rígidamente separadas, ni adjudicadas cada una a un órgano independiente que las tenga como exclusiva competencia suya. Existe más bien una división del trabajo en cuanto a los casos típicos y una distribución práctica e histórica de todo lo demás”.

En ese sentido, no solo por sus implicaciones jurídicas sino también funcionales, políticas e ideológicas, las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República relacionadas con la designación de los próximos ministros de la Suprema Corte resultan indispensables para comprender de mejor manera sus proyectos de nación. Por ello, con el ánimo de aguijonear la discusión pública sobre este tema hemos formulado seis preguntas básicas que —estamos convencidos— todos los candidatos a la presidencia deberían responderle a la ciudadanía mexicana, y que aún no han sido abordadas en las campañas.

1. En noviembre de 2018 y en febrero de 2019, se abrirán dos vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se retira José Ramón Cossío, el único ministro con perfil académico, y Margarita Beatriz Luna Ramos, una de las dos mujeres de la Corte. ¿Piensa que es conveniente que las vacantes sean ocupadas al menos por una mujer y una persona de perfil académico?

2. Existe una discusión sobre cuál podría ser el mejor perfil para un ministro de la Suprema Corte. Considerando el momento de consolidación democrática que vive el país, de manera puntual, ¿cuál de los siguientes perfiles planea impulsar en caso de asumir la presidencia de la República: ¿Juzgador de carrera? ¿Académico? ¿Litigante privado? ¿Activista de litigio estratégico? ¿Abogado de carrera política?

3. Durante años se ha propuesto la creación de un tribunal constitucional, diferente a la Suprema Corte, que se encargue de cuestiones estrictamente constitucionales y, en específico, del control abstracto. Recientemente, un grupo de académicos ha presentado una propuesta alternativa: crear un tribunal superior federal, al que se le deleguen funciones de legalidad que actualmente realiza la Suprema Corte. ¿Con cuál de estas propuestas estaría de acuerdo y por qué?

4. Durante mucho tiempo se ha denunciado que los funcionarios públicos que reciben los sueldos más altos son los integrantes de la Suprema Corte. Hace años se documentó que el salario del ministro presidente ascendía a cerca de 25 mil dólares mensuales. En un país profundamente desigual, la diferencia entre los ingresos de los ministros —en activo y en retiro— y los de la mayoría de los ciudadanos es difícil de justificar. ¿Cuál es su opinión respecto al sueldo de los ministros de la Suprema Corte? ¿Considera que se justifica la pensión que reciben los ministros en retiro?

5. Ante la creciente relevancia que ha cobrado la Suprema Corte en la arena pública, se ha cuestionado si los estándares para la elección de sus integrantes deberían estar sujetos a un procedimiento mucho más exigente, donde exista un mayor escrutinio público, se eliminen los supuestos de designación directa o se involucre a más actores, de tal forma que no todo recaiga en la propuesta del presidente de la República y la eventual validación del Senado. ¿Qué piensa respecto el actual método de designación de los ministros de la Suprema Corte? ¿Le resulta adecuado o buscaría impulsar su modificación? En su caso, ¿en qué sentido?

6. En los últimos años, la Suprema Corte a través de sus casos ha abordado un sinfín de temas de enorme relevancia para el país, ¿cuál considera que, hasta el momento, es la mejor sentencia de nuestra Suprema Corte? ¿Por qué?

La importancia de la elección de nuestros juzgadores debería ser igual de relevante que la de nuestros representantes populares. Ojalá, cada vez más, entendamos que para enfrentar los desafíos que plantean los actuales modelos democráticos resulta necesario desplegar una concepción integral de nuestro sistema.

Melisa S. Ayala García. Abogada por el ITAM. Twitter: @melissaayala92

Juan J. Garza Onofre. FFLDM. Twitter: @garza_onofre

Saúl López Noriega. CIDE. Twitter: @slopeznoriega

Javier Martín Reyes. CIDE. Twitter: @jmartinreyes