Nos acercamos al séptimo aniversario de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y día a día surgen nuevos supuestos constitucionales que merecen toda nuestra atención. En este sentido, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un concepto sobre las restricciones constitucionales en la famosa contradicción de tesis 293/2011, en el cariz de que nada puede —podía— oponerse a una restricción de nuestro texto constitucional. En aquel momento, el Pleno de la Corte  estableció lo siguiente:

…cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado.

Fue a partir de la resolución de dicha contradicción de tesis que saltaron a la vista diversos cuestionamientos relacionados con la comprensión de las restricciones a los derechos humanos. Uno de ellos, y en mi opinión el más importante, resulta ser la forma de aplicar las herramientas de atemperamiento de las restricciones  establecidas en la propia Constitución. Ahora bien, no habría ningún problema si hablásemos de una restricción constitucional y su relación con contenidos normativo regulares. Pero no debemos olvidar que la propia Constitución prevé las herramientas que permiten establecer, en función de cada caso en concreto, los alcances de una restricción. Las cuales operan a partir de la necesidad de la misma, pues los artículos 1 y 29 de nuestra norma constitucional prevén diversos principios de protección y de atemperamiento de una restricción; de ahí que la Constitución, en ciertos casos, se puede oponer, prima facie, a sí misma.

En dicha resolución quedó patente el sinsabor del ministro Cossío Díaz respecto lo que estaba resolviendo la Suprema Corte. Prueba de ello es su voto disidente, donde señaló esta preocupación sobre lo que acontece cuando a la restricción constitucional de que se trate, se opone otra regla contenida en la propia Constitución. Por ejemplo, una restricción constitucional versus las principios que establece el artículo primero de la propia Constitución.

Sobre la base argumentativa de esa resolución, la primera y segunda sala continuaron construyendo criterios sobre las restricciones constitucionales. Comenzaron a introducir nuevos paradigmas como el de aplicación de los artículos 29, 30 y 32 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la oposición de los principios de razonabilidad y proporcionalidad como parámetro de validez de la construcción de una restricción constitucional a los derechos humanos. Tras casi cinco años de vigencia estricta del criterio que nació a partir de la contradicción de tesis 293/2011, una visión como aquella que propuso el ministro Cossío Díaz en su voto disidente, comenzó a ser adoptada por la Segunda Sala de la Corte al resolver temas de restricciones constitucionales, que dio como resultado el siguiente criterio de carácter jurisprudencial:

RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES.

Conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; sin embargo, nada impide que el intérprete constitucional, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable en la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto de las disposiciones del mismo texto constitucional. En efecto, no porque el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deba prevalecer, su aplicación ha de realizarse de manera indiscriminada, lejos de ello, el compromiso derivado de lo resuelto en la aludida contradicción de tesis privilegia un ejercicio hermenéutico que lleve al operador jurídico competente a que, sin vaciar de contenido la disposición restrictiva, ésta sea leída de la forma más favorable posible, como producto de una interpretación sistemática de todos sus postulados.”1 [Énfasis del autor]

Este criterio interpretativo propone que las restricciones a los derechos humanos que puedan contenerse en la Constitución pueden ser sometidas al mismo parámetro de regularidad constitucional que las restricciones contenidas en ordenamientos regulares. Es decir, una restricción contenida en la Constitución puede ser escudriñada a partir de la propia Constitución, pero tal ejercicio será competencia principal de la Suprema Corte. Por lo tanto, las restricciones constitucionales ya no pueden ser comprendidas como absolutas, puesto que se puede estudiar su razonabilidad y proporcionalidad.

Uno de los desafíos del nuevo paradigma constitucional de los derechos humanos es que el contenido y alcance de estos, los cuales están establecidos en la Constitución, permitan generar una respuesta ad hoc a un caso concreto. Esto permite que dos derechos que se encuentren en contrapunto puedan coexistir, sin que el ejercicio de uno implique una lesión al otro. Del señalamiento anterior subyace, entonces, la importancia del parámetro de regularidad que está contenida en el criterio interpretativo a que nos hemos referido, puesto que implica un nuevo entendimiento sobre las restricciones constitucionales, en relación a resuelto en la contradicción de tesis 293/2011.

Ilustremos lo que implica dicho criterio. El artículo 100, párrafo noveno, de nuestra Constitución establece que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, podrán ser objeto del recurso de revisión competencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero que únicamente se ocuparán de verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. Es decir, solo podrán ocuparse de analizar que cumplan con los aspectos que prevea esa ley. Pero, ¿qué pasaría si esa resolución atenta en contra de valores contenidos en la propia Constitución? Según el criterio jurisprudencial al que me he referido, este señala que “no porque el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deba prevalecer, su aplicación ha de realizarse de manera indiscriminada.” De tal suerte que sería un sinsentido para el contenido y alcance de los derechos humanos y de lo establecido el artículo primero de la Constitución, que la propia Constitución desconociera los derechos en ella contenidos. Por lo tanto, en el ejemplo indicado, un aspecto diverso al estricto cumplimiento de lo que prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación debería de ser efectivamente estudiado por la Suprema Corte, siendo este ejercicio la materialización del estándar funcional de control constitucional de la Constitución, que emana de ese importante criterio interpretativo.

Si usted no había tenido oportunidad de conocer dicho criterio, seguramente coincidirá conmigo en lo trascendente de que la Segunda Sala se refiera a este límite constitucional para la propia Constitución en materia de restricciones. No obstante, este criterio deja pendiente de resolver otras dudas. Por ejemplo, si en términos de dicho criterio este ejercicio corresponde principalmente a la Suprema Corte, ¿basta argumentar sobre esa base para que se constituyan las notas distintivas para que ese caso sea objeto de la facultad de atracción? ¿En un ánimo celoso y ante el testimonio histórico, la Corte se reservará ese tipo de control constitucional? ¿Asumirá dicho criterio la Primera Sala de la Suprema Corte? ¿Quiénes componen la Segunda Sala sostendrán su criterio de ser objeto de escrutinio en Pleno? ¿La Corte habilitará funcionalmente y de forma progresiva a los Tribunales Colegiados para que puedan llevar a cabo esa herramienta de control constitucional de la Constitución? Sin duda, un tema de suma relevancia para el futuro de nuestra justicia constitucional.

Sergio A. Villa. Pasante en derecho por la Universidad de Guadalajara, amicus curiae en la o.c. 25 ante la Corte Interamericana  y postulante en la firma Illanes, Soto y Cisneros, adscrito al área de defensa constitucional. Correo electrónico: tsergiovilla@gmail.com


1 Semanario Judicial de la Federación Décima Época Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia viernes 08 de diciembre de 2017 10:20 h 2a./J. 163/2017 (10a.)