La premisa fundamental de cualquier decisión judicial parte de los principios de imparcialidad e independencia de los tribunales. De manera que se exige de los mismos que sus resoluciones no solamente respondan a las pretensiones de las partes involucradas, sino también que la interpretación y aplicación de la ley sea realizada a partir de argumentos sólidos que justifiquen estas sentencias. Es decir, la fundamentación y motivación es esencial para que no quepa duda de que la resolución fue estrictamente jurídica y no tuvo injerencias políticas.

A pesar de lo anterior, la práctica judicial en México ha mostrado que ciertas decisiones responden más a intereses políticos que jurídicos. Este es el caso de los recursos de apelación SUP-RAP-87/2018 y SUP-RAP-89/2018, en los cuales, el pasado 6 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF), con una mayoría de 5 votos,1 confirmó el registro de las candidaturas al Senado de la República de Miguel Ángel Mancera Espinosa y de Napoleón Gómez Urrutia.

Las críticas que merece esa sentencia no se limitan únicamente al fallo al que arribó la mayoría de los magistrados, sino de qué manera fue que el TEPJF llegó a esa determinación. Es decir, de las intervenciones realizadas por los magistrados durante la sesión pública, así como del análisis de la sentencia se advierte que la resolución fue más política que jurídica, ello ante la deficiencia de los argumentos en los que está sustentada.  No obstante, para poder entender la afirmación anterior es importante explicar los antecedentes de cada uno de los casos.

Caso Mancera

El Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron la elegibilidad de Miguel Ángel Mancera para ser candidato a senador por el principio de representación proporcional, al haber fungido como Jefe de Gobierno. Esta duda surgió a debido a que, a juicio de los actores, su postulación es contraria al artículo 55, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución, el cual establece que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrá ser electo como senador en esta entidad, durante el periodo de su encargo, aun y cuando éste se separe definitivamente de su puesto. Esta restricción debe aplicarse tanto a los(as) candidatos(as) por los principios de mayoría relativa como a los de representación proporcional, ya que en cualquier caso esta situación pone en riesgo la equidad con la que se llevarán a cabo las elecciones para senadores.

Resolución del TEPJF

El voto mayoritario de los magistrados fue en el sentido de establecer que la restricción contenida en el mencionado artículo constitucional se encontraba dirigida únicamente a los candidatos por el principio de mayoría relativa y respecto a las entidades federativas que gobiernan, no así para los de representación proporcional. Esto se debe a que estos últimos no compiten con otros candidatos en una entidad federativa determinada, “sino son electos en todo el territorio nacional y su asignación es con base en la votación total obtenida por el partido político que los postulo (sic) y a partir de la lista nacional correspondiente.”2 Debido a esto, el tribunal no advirtió una razón concreta por la que se pudiera considerar que se ejerce presión en el electorado en todo el territorio nacional.

El voto minoritario3 estuvo fundamentado sustancialmente en que sí se veía afectada la finalidad de la restricción constitucional con la participación de Mancera como candidato al cargo de senador, ya que el hecho de que no contienda por una senaduría de mayoría relativa no implica que no pueda aprovechar su investidura para generar condiciones de inequidad y vulnerar la libertad del sufragio. De tal manera que validar el registro implica eximir a los(as) titulares de los ejecutivos locales de conductas cuestionables o de un real y auténtico ejercicio de rendición de cuentas de la función pública local.

¿Cuál es el problema con la determinación de la mayoría?

Efectivamente, la restricción contenida en el artículo 55, fracción V, párrafo tercero, constitucional fue establecido únicamente para candidatos(as) por el principio de mayoría relativa, ya que cuando esa disposición fue creada (en 1993) solamente existían senadores por ese principio y por el de representación proporcional.

No obstante, frente a una realidad distinta de aquella que existía en 1993, en donde ahora hay candidatos(as) por dos principios (mayoría relativa y representación proporcional), el TEPJF estaba en aptitud de realizar una interpretación evolutiva del texto constitucional. Por el cual, a partir de dicho criterio, diera razones suficientes para fijar una postura sobre si esa restricción debía extenderse a fin de proteger el objetivo de la disposición. Esto es, evitar que el funcionario utilice influencias, renombre social y recursos a su disposición para inclinar la balanza de la contienda a su favor.

Sin embargo, el hecho de que haya sido manifestado de forma reiterada que el artículo en cuestión únicamente contempla la restricción para candidatos(as) de mayoría relativa, incurrió en un vicio argumentativo, ya que como se indicó, la restricción obedecía a un supuesto determinado al ser el único que existía cuando la norma fue creada.

En ese sentido, no bastaba para justificar semejante conclusión, en la cual estuviera indicado que en el sistema de representación proporcional la jerarquía del Jefe de Gobierno no podía abarcar territorios que no comprendieran su ámbito de ejercicio. Esto es debido a que, para arribar a esa decisión era importante dar razones que desvirtuaran la tesis de los actores, en el sentido que al ser elegidos los candidatos por una única lista plurinominal nacional, también son elegidos por cada una de las treintaidós entidades federativas, dentro de las cuales se encuentra Ciudad de México.

Por el contrario, para contrarrestar lo anterior el TEPJF se limitó a señalar que, de aceptar esa afirmación, se realizaría una interpretación desproporcional de una restricción al derecho a ser votado. Sin embargo, para estar en posibilidad de llegar a esa conclusión era necesario que al menos fuera realizado un ejercicio de ponderación de los valores constitucionales que están en juego, tales como el sufragio, la equidad en la contienda, la rendición de cuentas, entre otros. En consecuencia, a partir de la argumentación dada por la mayoría para sostener el fallo, es válido cuestionar la legitimación del registro de la candidatura de Mancera para el Senado.

Caso Napoleón

En este caso, el PRI solicitó, en esencia, que se declarara inelegible a Napoleón Gómez Urrutia para ser candidato a senador por contar con doble nacionalidad, al ser mexicano por nacimiento, pero haber adquirido la nacionalidad canadiense. Esta situación es contraria al artículo 58, en relación con los diversos 55, fracción I y 32, segundo párrafo, de la Constitución.4 En ese sentido, a juicio del PRI, Gómez Urrutia debió renunciar a la nacionalidad canadiense conforme al procedimiento que establece ese país y no únicamente de acuerdo con los procedimientos mexicanos. Por lo que el certificado de nacionalidad mexicana que le emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para acreditar su renuncia a la nacionalidad canadiense, no era suficiente para dar cumplimiento a la disposición establecida en la Constitución, ya que dicho documento, en modo alguno, es oponible ante el Gobierno de Canadá.

Resolución del TEPJF

Los magistrados que integraron el voto mayoritario resolvieron sobre la base de que el candidato cuyo registro se impugnó siguió el trámite previsto en el artículo 16 de la Ley de Nacionalidad. Es decir, presentó el certificado de nacionalidad mexicana, el cual, conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley de nacionalidad, es un documento idóneo para probar la nacionalidad mexicana y la renuncia a la nacionalidad canadiense. Por lo que, de aceptar la pretensión del PRI respecto a que debía exigirse otra constancia de renuncia a la otra nacionalidad, supondría una restricción indebida a su derecho a ser votado.

Ahora bien, hubo dos posiciones en contra de lo anterior. Por un lado, el magistrado Fuentes Barrera, indicó que Gómez Urrutia no cumplió con la exigencia constitucional, porque la adquisición de la nacionalidad canadiense fue por naturalización, la cual obedece a su intención de adquirir tal calidad. En ese sentido, para el magistrado el hecho de sostener que con el certificado de nacionalidad se cumple con el requisito de elegibilidad, vacía de contenido la prohibición constitucional.

Por otro lado, para el magistrado Vargas Valdez el cargo de senador debe reservarse de manera exclusiva a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad. Es decir, que en ningún momento se hayan sometido de forma voluntaria a la soberanía de otro país. Por lo que a su juicio no era suficiente el certificado de nacionalidad mexicana para cumplir con los requisitos constitucionales, sino que, en todo caso, se debió corroborar con las autoridades canadienses si Gómez Urrutia contaba actualmente con las dos nacionalidades.

¿Cuál es el problema con la determinación de la mayoría?

En esta ocasión el TEPJF erró en su argumentación una vez más, puesto que es irrazonable que haya resuelto que el Certificado de Nacionalidad Mexicana es el documento idóneo para acreditar la renuncia a la nacionalidad, de acuerdo con las leyes mexicanas, ya que la pretensión del actor fue el analizar si ese certificado era el documento idóneo para acreditar la pérdida de otra nacionalidad que voluntariamente había sido adquirida con anterioridad.

Lo anterior, es una falacia de la argumentación que se conoce como petición de principio. Es decir, la Sala Superior indicó que como las leyes mexicanas establecen que con el certificado de nacionalidad mexicana se prueba la renuncia de la nacionalidad, esto lo convierte en el documento idóneo. Esta situación es inadmisible, de modo que frente a una motivación defectuosa de la sentencia no es posible aceptar su conclusión. Es decir, la decisión de confirmar el registro de la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia como candidato al Senado es injustificada e, inclusive, arbitraria.

De manera que, al no haber elementos coherentes y consistentes para desvirtuar la tesis del partido actor, se estima que el TEPJF debió de revocar el acuerdo que aprobó el registro de la candidatura de Gómez Urrutia, ya que no argumentó ni mucho menos comprobó que el certificado de nacionalidad fuese el documento adecuado para acreditar el requisito de elegibilidad. Ya que estimar que un documento elaborado bajo las leyes mexicanas, que tenga como efecto inmiscuirse en decisiones propias de un Estado será vinculante, es inconcebible.

En consecuencia, hasta que Napoleón Gómez Urrutia no renuncie directamente y ante las autoridades de Canadá a la nacionalidad que voluntariamente adquirió, sigue incurriendo en la restricción constitucional para su elegibilidad. Por lo tanto, su candidatura es inelegible desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, con la anuencia del TEPJF, que convalidó una conducta ilegal sin dar argumentos adecuados que lograran convencer que su decisión fue la correcta, Gómez Urrutia aparecerá en la lista de candidatos(as) por el principio de representación proporcional de MORENA y muy probablemente será Senador.

Finalmente, es posible observar el fallo del TEPJF en los recursos de apelación SUP-RAP-87/2018 y acumulados, obedeció más a intereses políticos que jurídicos. Con lo cual, perdió la oportunidad de fijar un precedente adecuado respecto a los alcances de las restricciones para elegir a candidatos(as) al Senado de la República. De manera que, sin un adecuado ejercicio de ponderación y una deficiente argumentación, la mayoría de magistrados electorales privilegiaron, de manera arbitraria, el derecho a ser votado, con lo que abre la posibilidad de un fraude a la ley por parte de los actores políticos dentro de las próximas elecciones.

Arianne Gisselle León Rivera. Consultora en derecho electoral.


1 Por mayoría de cinco votos, en contra de los emitidos por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado José Luis Vargas Valdez se confirmó el registro de Miguel Ángel Mancera Espinosa como candidato al cargo de Senador de la República por el principio de representación proporcional postulado por el Partido Acción Nacional.

Por otro lado, por mayoría de cinco votos, en contra de los emitidos por los magistrados José Luis Vargas Valdez y Felipe Alfredo Fuentes Barrera se confirmó el registro de Napoleón Gómez Urrutia como candidato al cargo de Senador de la República por el principio de representación proporcional postulado por el Partido MORENA.

2 Sentencia pág. 43

3 De la magistrada Mónica Soto y del magistrado Vargas Valdez.

4 Artículo 32. (…)

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así́ lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

(…)

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

(…)

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección.