El día de mañana, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir un asunto crucial para la garantía plena de los derechos de las personas trans. Se trata del Amparo en Revisión 1317/2017, que fue turnado a la ponencia de la Ministra Norma Piña. El asunto por resolver es el siguiente: ¿es válido –constitucionalmente hablando– exigirle a las personas que se sometan a la vía jurisdiccional para modificar el nombre y sexo en sus actas de nacimiento? Esta “exigencia procesal”, por llamarla de alguna forma, ¿viola el derecho a la no discriminación por género, específicamente de las personas trans?

Antes de adentrarme al contenido del proyecto de la ministra Piña, me gustaría ofrecer, brevemente, un poco de contexto para entender la relevancia del caso.

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que la Suprema Corte se pronuncia sobre el derecho que tienen las personas a modificar sus documentos de identidad. En el 2008, el Pleno de la Corte resolvió el Amparo Directo Civil 6/2008, en el que afirmó, en términos inequívocos, que las personas sí tienen el derecho a cambiar estos documentos, específicamente para que reflejen sus identidades de género. Esta idea la retoma el proyecto de la ministra Piña. Este caso, por lo tanto, no se trata sobre si existe ese derecho o no. El derecho existe. Este caso se trata, más bien, sobre cómo debe ser el proceso para realizar el cambio en los documentos de identidad.

¿Cuáles son las opciones que existen o podrían existir para realizar este cambio? Para que quede claro, lo mejor es exponer el caso de Ciudad de México que fue, en el país, la primera entidad federativa en permitirles a las personas este cambio en sus actas de nacimiento.

En el 2008, se reformó el Código Civil del entonces Distrito Federal para incluir un procedimiento para que las personas pudieran cambiar el nombre y sexo en sus actas de nacimiento. El procedimiento era un caso de jurisdicción “voluntaria”, en el que las personas tenían que presentarse ante un Juez familiar. Como parte de su demanda, tenían que presentar un dictamen, firmado por dos peritos, en el que se demostrara que llevaban al menos cinco meses “sujetas a un proceso de reasignación para la concordancia sexo-genérica”.

El proceso era tardado y, sobre todo, costoso, no porque los tribunales cobraran, sino porque había que contratar a un representante legal y conseguir los peritajes médicos.

Desde esta óptica, quizá no sorprenda que, desde que se aprobó esta reforma, en octubre de 2008, hasta febrero de 2014, solo 164 personas lograron obtener ese cambio, según datos proporcionados por la Asamblea Legislativa de la entidad.

Esta es, de hecho, una de las razones por las cuales en el 2014 se impulsó otra reforma a la legislación civil con el objetivo de garantizar, ahora sí, el acceso efectivo a este cambio (a este derecho). ¿En qué consistió la reforma? De ser un procedimiento ante un juez, pasó a ser un trámite administrativo que se realiza ante el Registro Civil.

¿El resultado? Desde que se aprobó esta segunda reforma, en febrero de 2015, hasta julio de 2017, 1,923 personas lograron cambiar sus actas de nacimiento, según datos proporcionados por el gobierno de la ciudad. Para mí, estos datos muestran la importancia del proceso: complejiza o facilita el ejercicio efectivo de derechos.

Esta es la discusión en la que se inserta el caso que está por resolver la Primera Sala.

En esta ocasión, lo que se impugnó fue la legislación de Veracruz que actualmente contempla un procedimiento genérico para que las personas puedan cambiar sus actas de nacimiento. Si quieren “enmendar yerros o defectos mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales del acta”, deben presentarse ante el Registro Civil. Si quieren modificar algo “esencial”, debe ser ante un juez, en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.

La legislación se impugnó con el argumento de que se discrimina a las personas trans.

El argumento, desde mi óptica, más importante que se esgrime en contra de la legislación es que discrimina indirectamente a las personas trans. ¿Cómo así? Fácil: si bien la norma no distingue entre personas trans y personas cisgénero (aquellas cuya identidad de género coincide con la asignada jurídica y socialmente), se trata de una norma que, en la práctica, tendrá un impacto mayor en las personas trans. La norma, al requerir que se sometan a un procedimiento jurisdiccional, les impone una carga injustificada para ejercer plenamente su derecho a la identidad.

¿Qué responde el proyecto de la ministra Piña a este argumento? Que la legislación no contraviene “los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de las personas transexuales; en tanto [sí] se contempla la posibilidad de que esas personas acudan a un procedimiento jurisdiccional accesible e idóneo para obtener la adecuación o concordancia sexogenérica del acta de nacimiento”. ¿Cómo llega a esta conclusión? Sosteniendo que el procedimiento es de “jurisdicción voluntaria”, por lo que es un procedimiento “mucho más sumario que cualquier otro”. De manera adicional, sostiene que el procedimiento, conforme a la Constitución, es “gratuito”, por lo que no se puede alegar que le genera costos a las personas trans. Es un procedimiento “idóneo” y “adecuado” al cual “cualquier persona” puede acceder. Se valida, en otras palabras, la vía jurisdiccional para obtener el cambio en las actas.

¿Cuál sería la consecuencia práctica de que se apruebe el proyecto de la ministra Piña? Actualmente, solo en Ciudad de México, Nayarit y Michoacán han cambiado la legislación para permitir el cambio en las actas de nacimiento de las personas trans. Existen 29 entidades federativas, en otras palabras, en las que falta adecuar la legislación para garantizar sus derechos. En este contexto, de aprobarse el proyecto de la ministra Piña, se va a volver mucho más difícil exigirles a las legislaturas que opten por la vía administrativa para permitir el cambio en las actas de nacimiento. ¿Por qué? Porque las legislaturas podrán argumentar que esto es simplemente una “opción” y no un mandato. Si optan por la vía jurisdiccional, podrán decir que es “válido” y que no vulneran ningún derecho con ello.

Desde mi óptica, sin embargo, sí existen elementos para sostener que las legislaturas deben preferir la vía administrativa –elementos que el proyecto de la Ministra Piña no considera.

Para empezar, considero un error que en el proyecto se concluya que el procedimiento actualmente contemplado en la legislación veracruzana es “idóneo” y “adecuado”. ¿Por qué? Porque las razones que esgrime para considerarlo así son formalistas. Que la ley diga que el procedimiento será rápido y gratuito, no implica que en los hechos lo será. No implica que en los hechos las personas no tendrán que dedicar tiempo y recursos para obtener el cambio.

Segundo y más importante: el proyecto no se toma en serio las implicaciones de que la legislación impacte de manera diferenciada a las personas trans. Si se concede que, en la práctica, serán las personas trans las más afectadas por este proceso, se tiene que realizar el test de escrutinio estricto. Esto no se hace en el proyecto.

¿Qué implicaría realizar el test en este caso? Primero: si se concede que el procedimiento tiene un impacto desproporcionado en el ejercicio del derecho a la identidad de las personas trans, el procedimiento es inconstitucional salvo que se demuestre que pasa el test. Para ello, se tiene que demostrar que este procedimiento 1) persigue un fin constitucionalmente imperativo; 2) es un medio exactamente diseñado para ese fin; y 3) que no existen alternativas menos restrictivas para lograr ese fin. Esta justificación no se ofrece en el proyecto. Más importante aún, sin embargo, no creo que se pueda ofrecer esa justificación. Asumiendo que el procedimiento tiene como fin garantizar la “seguridad jurídica” y que “sirve para tal efecto”, existe otra alternativa que permite garantizarla sin obstaculizar injustificadamente el ejercicio del derecho a la identidad de las personas trans. ¿Cuál es esa alternativa? La vía administrativa. En México, ni siquiera tenemos que especular al respecto. Creo que el caso de Ciudad de México demuestra la viabilidad y efectividad de esa alternativa. Y esa es la lógica del derecho a la no discriminación: si existe una mejor forma de hacer las cosas, debe optarse por esa mejor forma de hacer las cosas.1

Mucho está en juego con este caso. Espero que la Primera Sala está a la altura de la encomienda y mande el mensaje de que siempre se debe preferir la vía que facilita el ejercicio efectivo de derechos.

Estefanía Vela Barba. Licenciada en derecho en el ITAM y maestra en derecho en la Universidad de Yale, en donde está desarrollando sus estudios de doctorado. Recientemente escribió un libro sobre La discriminación en el empleo en México, que fue publicado por el Instituto Belisario Domínguez y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.


1 Es importante también mencionar que el proyecto de la Ministra Piña no menciona la Opinión Consultiva 24/17 que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado. En esta Opinión Consultiva, esta Corte le dedica páginas enteras a los procedimientos para garantizar el derecho a la identidad de las personas trans. Concluye que, si bien “los Estados cuentan con la posibilidad de establecer y decidir sobre el procedimiento más adecuado de conformidad con las características propias de cada contexto y de su derecho interno”, “también es cierto que el procedimiento que mejor se ajusta a los requisitos establecidos en esta opinión es el que es de naturaleza materialmente administrativa o notarial”.