El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido un papel importante en la protección de los derechos político-electorales de los grupos minoritarios y en desventaja, concretamente, frente a los pueblos indígenas y las mujeres. Nos enfocaremos solamente en el criterio de autoadscripción para que las personas pertenecientes a estos colectivos puedan beneficiarse de las medidas implementadas para garantizar el acceso de estos colectivos a cargos de elección popular.

El 14 de diciembre de 2017, la Sala Superior resolvió el recurso SUP-RAP-726/2017 por medio del cual garantizó que los partidos políticos postularan en forma obligatoria a personas indígenas en aquellos distritos que tuvieran al menos un 60 % de población indígena. Así, se garantiza que en esos distritos los representantes siempre sean indígenas.

Para que estas medidas sean efectivas, y con el fin de evitar que se postule en estos distritos a personas no indígenas, la Sala Superior convino que era necesario una autoadscripción calificada. Esto es, que los partidos políticos tienen la obligación de presentar, al momento del registro, evidencia suficiente que permita verificar que las personas postuladas sean efectivamente indígenas. Esto se puede acreditar, entre otras formas, mediante una constancia expedida por las autoridades de la comunidad en donde conste que la persona postulada ha prestado servicios comunitarios, desempeñado un cargo tradicional en la comunidad, participado en reuniones de trabajo que buscan mejorar las instituciones o conflictos de la comunidad, etcétera.

Por otro lado, para el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género se ha echado mano de medidas afirmativas por medio de las cuales se ha obligado a los partidos políticos a hacer sus postulaciones de manera paritaria. Con esto, se ha logrado incrementar el número de mujeres en cargos de elección popular.1

Ahora bien, el mandato constitucional de paridad de género dio un giro importante con la controversia que se suscitó en Oaxaca -con motivo del asunto SUP-JDC-304/2018- y que nos llevó a avanzar en la concepción que tenemos de este principio. En este caso, el Instituto Electoral local estableció, en sus lineamientos para el cumplimiento de paridad de género, la posibilidad de que las personas transexuales, transgénero o muxes puedan acceder a las candidaturas registrándose con el género con el cual se identifican, para cuyo caso basta la simple autoadscripción.

Con este marco, el mandato de paridad de género ha evolucionado: ya no se interpreta al género únicamente conforme al sexo biológico de la persona (cisgénero), sino que ahora se considera la identidad de género con la que una persona se identifica a sí misma. De esta manera, se amplían las categorías de género para incluir, indistintamente dentro de ellas, tanto a las personas cisgénero (aquella cuya identidad de género coincide con el género asignado al momento de nacer) como a las transgénero (aquella cuya identidad de género no coincide con el género que le fue asignado).

Sin embargo, con la ampliación de la categoría de género surge un nuevo problema que quizá no emergería en situaciones ideales. Este problema se manifestó, en el caso en estudio, cuando algunos candidatos, apoyados por sus partidos políticos en Oaxaca, solicitaron ser registrados como mujeres transgénero.2

Ante esto, personas integrantes de colectivos transgénero cuestionaron estas candidaturas arguyendo que tales personas en realidad estaban intentando eludir el mandato de paridad de género y usurpando la identidad trans. El problema de fondo radicó, entonces, en cómo salvaguardar simultáneamente el mandato de paridad de género y el derecho de las personas a su identidad, lo que implica también que ésta no sea esencializada.3

La mayoría de los magistrados decidieron que para efectos del registro de las candidaturas, era suficiente con que él o la aspirante manifestara una autoadscripción simple al género al que dice pertenecer, dado que el Estado no puede cuestionar a las personas en cuanto a su identidad de género. En abono, la mayoría consideró que la identidad de las personas tampoco puede reducirse a características externas o formas de comportarse y expresarse. Con esto, la mayoría de magistrados asumió una postura que protege el derecho a la identidad de las personas pero que pone en riesgo el efectivo cumplimiento del mandato de paridad de género.

Es decir, con esta decisión han quedado asentados dos criterios distintos en cuanto a la adscripción. Por un lado, frente a personas transgénero que desean ocupar cargos de elección popular en su calidad de mujeres valiéndose de las postulaciones garantizadas en virtud de la acción afirmativa de género, el criterio que sostuvo la Sala Superior fue el de la autoadscripción simple. En contraste, el criterio que ha sostenido esta misma Sala en el caso de personas indígenas que desean ser postuladas para los asientos reservados para esta minoría, ha sido el de la autoadscripción calificada.

Sin embargo, a nuestro criterio, no existe justificación para este trato diferenciado, además de que en contrapartida existen motivos suficientes que justifican que en ambos casos se requiera una autoadscripción calificada. Estos motivos no radican en el hecho de que estos grupos de personas sean colectivos similares, pues, claro está, no lo son. Por curioso que parezca, los motivos radican en que las medidas implementadas tanto para las personas indígenas como para las mujeres -cis y transgénero- tienen naturalezas y finalidades distintas.

En el caso de las medidas dirigidas a grupos indígenas, aun cuando éstas han sido llamadas “acciones afirmativas indígenas”, no deben ser pensadas como tales. Al contrario, estas medidas deben ser entendidas como derechos diferenciados de grupo, cuya finalidad es que, por medio de derechos especiales de representación (asientos reservados), las comunidades indígenas participen y formen parte de los procesos deliberativos y de la toma de decisiones sobre asuntos que les pueden afectar, tanto por ser partes integrantes de la vida pública nacional como porque las decisiones tomadas incidan de manera directa en su comunidad. Por tanto, estos derechos diferenciados de grupo deben entenderse como derechos colectivos que buscan representar los intereses de las comunidades indígenas, como parte de un Estado multicultural.4

Bajo esta lógica, una autoadscripción calificada no tiene como único objetivo, ni como objetivo principal, evitar postulaciones no indígenas para evadir esta obligación, sino garantizar que quien ocupe esos asientos sea una persona con legitimidad dentro de la comunidad indígena y reconocimiento por parte de ésta, de forma que garantice que representará los intereses de este colectivo.

Por otro lado, las acciones afirmativas de género buscan remediar la falta de igualdad de oportunidades y la injusta repartición de los bienes, recursos y derechos que subsiste entre hombres y mujeres. Están enmarcadas en la retórica de la igualdad de oportunidades y, por ello, su objetivo consiste que, mediante un trato diferenciado temporal, se logre una igualdad material más duradera.5

Estas medidas serán exitosas cuando lleguemos a un escenario en el que, aun sin ellas, los órganos de gobierno estén conformados equitativamente por hombres y mujeres. El fin último de estas medidas es, por tanto, que el sexo de la persona no sea una limitante, sino que más bien sea irrelevante para acceder a cargos de representación popular.

Aun cuando estas medidas están dirigidas a un colectivo social en desventaja, como lo son las mujeres, esto no implica la necesidad de representar exclusivamente los intereses de las mujeres. Las medidas afirmativas a favor de las mujeres tienen como principal finalidad contrarrestar la discriminación que subsiste en contra de ellas, es decir, buscan asegurar que las mujeres puedan acceder a los cargos de elección popular en tanto que, históricamente, han sido excluidas y discriminadas de ellos.

Por último, las acciones afirmativas buscan borrar las diferencias entre los grupos en desventaja. En este caso, buscan borrar o suprimir las diferencias estructurales entre hombres y mujeres. Por su lado, los derechos diferenciados de grupo buscan preservar las diferencias culturales que les caracterizan y, aun cuando estos grupos también experimentan discriminación, el objetivo principal de estas medidas no es contrarrestar la discriminación, sino la falta de reconocimiento cultural.

Justo porque la finalidad de las medidas afirmativas de género es contrarrestar la discriminación que las mujeres han vivido, es que las autoridades electorales tenemos el deber de verificar que estas medidas sean adecuadamente instrumentalizadas. Esto no implica que la autoridad electoral cuestione la identidad de género de las personas transgénero, pues, existe una vía idónea para solicitar al Estado que reconozca la identidad de género de una persona: la autoadscripción simple. Sin embargo, cuando se dé el caso de que 1) una persona transgénero no haya solicitado previamente al Estado que se le reconozca su identidad de género -es decir, que no haya solicitado un cambio de sexo en su acta de nacimiento o en sus documentos oficiales, y, por tanto, 2) su documentación oficial no coincide con quien dice ser, y, como consecuencia, 3) un tercero cuestione, por vías institucionales, la identidad de quien se autoadscribió a un género que no coincide con el de sus documentos oficiales; entonces, 4) la autoridad electoral puede allegarse de más elementos de convicción6 que le permitan afirmar que, en efecto, esa persona se asume como mujer o como hombre.

Con esto, se salvaguarda el derecho de las mujeres -cis y trans- de acceder a cargos de elección popular, pues contribuye a blindar el mandato de paridad de género frente a las continuas amenazas e intentos por parte de los partidos políticos de evadirlo.

Como conclusión, frente a las medidas implementadas por la autoridad electoral destinadas a proteger grupos en desventaja, existen motivos que en ciertos escenarios justifican pedir, en ambos casos, una autoadscripción calificada. Estos motivos no radican en que estamos frente a grupos de igual naturaleza, sino que la naturaleza distinta de cada uno de estos grupos así como la finalidad diversa de las medidas destinadas a protegerlos justifican, por motivos distintos, una autoadscripción calificada.

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Alexandra D. Avena Koenigsberger. Asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctoranda en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.


1 Para más detalles ver Aparicio, Javier. 2015. “Informe sobre la paridad de género en la selección de candidaturas electorales para la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, 2015-2016”, en Instituto Nacional Electoral, Impacto del registro paritario de candidaturas en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

2 17 de ellos fueron registrados en un primer momento como candidatos hombres. El Instituto Electoral requirió a sus respectivos partidos políticos porque no cumplían con la paridad de género, ante lo cual estos mismos candidatos se autoadscribieron como mujeres. Dos de ellos, desde el primer momento de su registro se autoadscribieron como mujeres.

3 Para ver la posición adoptada por mi ponencia ver el voto particular emitido en el SUP-JDC-304/2018

4 Ver Kymlicka, Will. 1996. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press.

5 Young, Iris. 1990. Justice and the Politics of Difference, Oxford University Press.

6 Un ejemplo adicional de convicción puede ser, por ejemplo, que una comunidad reconozca a esa persona como hombre o como mujer, dado que la persona en cuestión se ha asumido y comportado como tal de cara a esa comunidad.