El pasado 1º de julio se dio a conocer el nombre del siguiente presidente de México: Andrés Manuel López Obrador. Mucho se ha hablado de su arrasadora victoria electoral, la fuerza que tendrá Morena en el Congreso federal, así como del impacto de este mismo partido político en varias gubernaturas y legislaturas locales. Sin embargo, no se ha discutido el enorme poder que recaerá en el nuevo presidente de la República al participar, de una u otra manera, en la designación de los integrantes de instituciones clave del Estado mexicano. No me refiero a los nombramientos propios de la administración pública federal, sino más bien aquellos que impactan en poderes de otras ramas de gobierno o que gozan de autonomía constitucional. Sobra mencionar que los nuevos integrantes de tales organismos definirán políticas públicas clave como la concentración del mercado de televisión de paga, la neutralidad de la red, la constitucionalidad de la Ley de seguridad interior, así como el modelo de carrera judicial. A continuación, el listado de tales nombramientos en que será participe el nuevo presidente del país, en los cinco años y diez meses que durará su gestión.

Banco de México. Es una de las instituciones económicas más relevantes del país, encargada de regular la política monetaria e inflación. El presidente de la República es quien designa a los miembros de la junta de gobierno de Banxico, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.1 Los subgobernadores que terminan su periodo en el siguiente sexenio son: Manuel Ramos Francia, diciembre de 2018; Javier Guzmán Calafell, diciembre de 2020; Alejandro Díaz de León Carrillo, diciembre de 2021; y Roberto del Cueto Legaspi, de diciembre de 2022.

Comisión Federal de Competencia Económica. Este órgano constitucional autónomo se encarga de vigilar y garantizar la libre competencia económica. La designación de sus integrantes se realiza a propuesta del presidente con la ratificación del Senado.2 En este caso, los comisionados que finalizan labores son: Martín Moguel Gloria, septiembre de 2019; Jesús Ignacio Navarro Zermeño, septiembre de 2020; Eduardo Martínez Chombo, septiembre de 2021; y Alejandra Palacios Prieto, septiembre de 2022.

Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esta es una dependencia del ejecutivo federal, con autonomía técnica y presupuestaria, encargada de varias tareas respecto el nuevo mercado energético privado. La designación de sus integrantes se realizan de la siguiente manera: el presidente envía una terna de candidatos por cada vacante al Senado, para su ratificación.3 Los comisionados que concluyen su labor en los siguientes años son: Juan Carlos Zepeda Molina, abril de 2019; Héctor Alberto Acosta Félix, diciembre de 2019; Sergio Pimentel Vargas, diciembre de 2020; Alma América Porres Luna y Gaspar Franco Hernández, diciembre de 2022; y Néstor Martínez Romero, diciembre de 2023.

Comisión Reguladora de Energía. Es una dependencia de la administración pública federal centralizada, con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética, encargada de fomentar el desarrollo del mercado energético. Las designaciones de esta dependencia se realizan con el envío del presidente de la República de una terna de candidatos por cada vacante, al Senado para su ratificación.4 Los comisionados que concluyen funciones en el siguiente sexenio son: Jesús Serrano Landeros, diciembre de 2018; Montserrat Ramiro Ximénez, diciembre de 2019, Marcelino Madrigal Martínez, diciembre de 2020; Guillermo Ignacio García Alcocer y Luis Guillermo Pineda Bernal, abril de 2023; y Neus Peniche Sala, diciembre del mismo año.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este organismo público descentralizado de la administración pública federal se encarga, entre otras tareas, de medir la pobreza en México. En 2014, gracias una reforma constitucional, esta institución pasó a ser un órgano constitucional autónomo; en tal reforma se estableció crear la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, donde se definiría, entre otros aspectos, el procedimiento de designación de sus integrantes. No obstante, hasta la fecha no se ha sido emitido dicho instrumento legal; por lo tanto, del comité directivo, el único integrante que tiene fecha clara de conclusión de sus funciones es el presidente: Eviel Pérez Magaña​, en enero de 2023. En el caso del resto de los integrantes del comité directivo, en principio, continuaran en el cargo hasta que se emita la mencionada ley y se defina en ésta el procedimiento de designación.

Consejo de la Judicatura Federal. Es un órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. En este caso, el presidente puede nombrar de manera unilateral a uno de los sietes consejeros, quien concluye su gestión es Martha María del Carmen Hernández Álvarez, noviembre de 2019.5

Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un órgano constitucional autónomo encargado del desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Los encargados de este órgano son designados por el presidente de la República y ratificados por el Senado.6 Los comisionados que deberán ser renovados en el nuevo sexenio son: María Elena Estavillo Flores, febrero de 2019; Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, febrero de 2020; Mario Germán Fromow Rangel, febrero de 2021; y Adolfo Cuevas Teja, febrero de 2022.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este es un organismo público autónomo encargado de captar y difundir información del país en aspectos como recursos, población y economía para un mejor entendimiento del mismo. Las designaciones son realizadas por el presidente de la República con la aprobación del Senado o, en caso de receso, por  la  Comisión Permanente del Congreso de la Unión.7 Los integrantes de la junta de gobierno que deben ser renovados en los siguientes años son los siguientes: Mario Palma Rojo, diciembre de 2018; Julio Alfonso Santaella Castell, diciembre de 2021; y Enrique de Alba Guerra, diciembre de 2022. Además, es necesario nombrar a alguien que ocupe el puesto de Rolando Ocampo Alcántar quien renunció en 2017 y hasta ahora no ha sido reemplazado.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este en un órgano constitucional autónomo encargado de evaluar la calidad educativa del país. El método de designación consiste en que el presidente de la República envía una terna, por cada vacante, al Senado para su ratificación. Los consejeros que concluyen funciones en el sexenio que viene son: Teresa Bracho González y Gilberto Ramón Guevara Niebla, abril del 2019; y Sylvia Irene Schmelkes, abril del 2020.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es un órgano constitucional autónomo que se encarga del acceso a la información pública, así como de la protección de datos personales. En este caso, la forma de designación es la siguiente: el Senado, a propuesta de los grupos parlamentarios, nombra a la persona para ocupar la vacante mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. El presidente de la República sólo puede objetar tal designación.8 Los comisionados que finalizan funciones en el siguiente sexenio son: María Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez, marzo de 2020; Eugenio Monterrey Chepov y Óscar Mauricio Guerra Ford, marzo de 2022; y Francisco Javier Acuña Llamas, marzo de 2023.

Fiscalía General de la República. Como se sabe, durante la campaña electoral para presidente de la República y en la semanas que han transcurrido de periodo de transición, justo se desató un debate respecto si se debe modificar o no el procedimiento de designación de esta institución. Sin embargo, por el momento, con las normas vigentes aplicables, el procedimiento de designación es el siguiente, según el artículo 102 de la Constitución:9 el Senado debe integrar una lista de al menos diez candidatos, la cual debe ser aprobada por dos terceras partes de los miembros presentes. Estas propuestas, una vez aprobadas, se deben enviar al presidente de la República, quien debe seleccionar de dicho listado una terna de candidatos y enviar ésta de regreso al Senado para su aprobación. No obstante, en un artículo transitorio de la reforma constitucional que da origen a la Fiscalía General de la República, se establece que dicha reforma entrará en vigor una vez aprobada la ley secundaria de la misma y con la correspondiente declaratoria expresa del Congreso de la Unión de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía. Asimismo, tal artículo transitorio agrega lo siguiente: la persona que, en ese momento, ocupe el cargo de Procurador General de la República se volverá automáticamente en Fiscal General de la República. De tal manera que el procedimiento de designación establecido en el artículo 102 constitucional, y arriba descrito, aplicaría una vez que el Procurador vuelto Fiscal hubiese concluido su cargo de nueve años y, por ello, sea pertinente definir la persona que lo sustituiría. El presidente Peña Nieto presentó, hace ya varios meses, una iniciativa para reformar este artículo transitorio y, de esta manera, asegurar que el primer Fiscal General de la República sea designado conforme el procedimiento del 102 constitucional. La iniciativa ya fue aprobada en ambas cámaras, pero todavía está pendiente en las legislaturas locales -lo cual es necesario al ser un artículo transitorio de una reforma constitucional-. Ahora bien, es importante subrayar que, hasta la fecha, no se ha aprobado la ley secundaria correspondiente y, por ello, aún no entra en vigor la reforma constitucional que crea a la Fiscalía General de la República. En este contexto, considero que existen, por lo menos, tres escenarios para el futuro presidente del país. Una vez que asuma el cargo, nombrar a un Procurador General de la República e impulsar la aprobación de la ley secundaria, si para ese momento no se ha aprobado por las legislaturas locales la reforma del dichoso artículo transitorio, entonces, la persona a cargo de la Procuradoría asumiría la titularidad de la Fiscalía. Otra opción es que el futuro presidente presione a las legislaturas locales para reformar este artículo transitorio y, una vez aprobada la ley secundaria correspondiente, activar el procedimiento de designación contemplado en el artículo 102 de la Constitución. Y, por último, como varias organizaciones de la sociedad civil lo han demandado, está la posibilidad de reformar el procedimiento de designación del 102 constitucional, con el propósito de incluir en la confección de la lista de candidatos a otros actores, como puede ser la Suprema Corte y/o a la sociedad civil, para lo cual una vez más sería necesario concretar la reforma pendiente en la legislaturas locales del artículo transitorio y, por supuesto, aprobar la ley secundaria.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el máximo tribunal constitucional del país y encabeza el Poder Judicial de la Federación encargado de salvaguardar los derechos y resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. El procedimiento de designación consiste en que el presidente de la República envía una terna, por cada vacante, al Senado para su aprobación.10 Los ministros que dejan la Suprema Corte en el siguiente sexenio son: Margarita Beatriz Luna Ramos, febrero de 2019; y José Fernando Franco González, diciembre de 2021.

Elizabeth V. Leyva. Estudiante de la licenciatura de derecho en la División de Estudios Jurídicos del CIDE.


1 Artículo 28 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 28 párrafo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

4 Artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

5 Artículo 100 párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6 Artículo 28 párrafo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7 Artículo 26 inciso B párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8 Artículo 6º inciso A fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9 Artículo 102 inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10 Artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.