Hace unos meses, el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017,1 elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), colocó a México en uno de los peores lugares en cuanto a impunidad, tan sólo superado por las Filipinas, la India y Camerún. El tema ha ocupado las reflexiones y quehaceres de un buen número de expertos y organizaciones de la sociedad civil, dado su papel dentro del estallido de la crisis de derechos humanos que vive México.

El hartazgo social frente a la impunidad fue, sin duda, un factor decisivo en el resultado electoral del pasado 1º de julio. El debate público tras las elecciones no ha dejado de lado las discusiones sobre la impunidad, aunque estas se han centrado, sobre todo, en el tema de la Fiscalía General de la República.2 En medio de todo esto, desde el Poder Judicial han llegado señales de que hay una nueva generación de jueces y magistrados que emiten sentencias que verdaderamente constituyen un contrapeso frente a la negligencia de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación de delitos.

Probablemente la sentencia que más repercusión mediática ha concitado en este sentido es la relativa al caso de Ayotzinapa, emitida en junio por el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.3 Esta decisión inédita, emitida después de que fueran analizadas las demandas de amparo de probables responsables que alegaban diversas violaciones a sus derechos, estableció que se debe reponer la investigación debido a que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones de dichos acusados fueron obtenidas por medio de tortura.

El fallo, elaborado a partir de la propuesta del magistrado Mauricio Fernández, no se limitó a juzgar las violaciones al debido proceso de los acusados; sino que, con una perspectiva más amplia y apoyándose en el derecho internacional de los derechos humanos, los magistrados decidieron proteger también los derechos de las víctimas del delito. Los magistrados hicieron esto para que las víctimas no quedaran desamparadas ante la inminente impunidad que las fallas de la PGR ocasionaron. De esta manera ordenaron la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia la cual, a pesar de estar guiada por el Ministerio Público, tendría como mecanismos extraordinarios de control a las propias víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Pese a la amplia discusión que este fallo ha desencadenado, no es la única resolución reciente en que jueces y magistrados se han pronunciado con determinación en contra de la impunidad. Un ejemplo de esto es el juez decimocuarto de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, quien determinó que la PGR no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya y, en respuesta a un recurso de una de las sobrevivientes de estos hechos, ordenó al MP realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades. Esto incluía indagar la cadena de mando involucrada en la emisión de la orden ilegal de abatir delincuentes en horas de oscuridad, recibida por la unidad militar que estuvo implicada en los eventos, días antes de que estos acontecieran.

La sentencia indica que las autoridades deben -de manera ininterrumpida y con celeridad- realizar diligencias pendientes; analizar las pruebas pertinentes para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando; investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad4 y a quienes intervinieron en su emisión; respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso; y programar cronológicamente las diligencias hasta llegar al ejercicio de la acción penal.

En una línea similar, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con sede en el reclusorio sur, le ordenó a la PGR aceptar e investigar las pruebas5 proporcionadas por las víctimas de espionaje mediante el empleo del spyware Pegasus. Tras un recurso interpuesto por los denunciantes debido a la negativa del Ministerio Público a desahogar pruebas fundamentales, el juez señaló, en una decisión dada a conocer hace pocos días, que la línea de investigación debe centrarse en la adquisición y posterior uso ilegal del programa espía por parte de la PGR; reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y precisó la obligación de la PGR de conducirse con debida diligencia, y señaló que la carga de la prueba no debe trasladarse a las víctimas.

En un caso más relacionado con la falta de rendición de cuentas en la guerra contra el narcotráfico, la jueza novena de distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, impuso al titular de la Secretaría de Marina cinco multas por no rendir todos los informes6 justificados relacionados con un presunto caso de desaparición forzada, que su juzgado conoció por la presentación de diversos amparos. La jueza federal ordenó el pasado mes de julio, entre otras cosas, que se remitiera copia certificada de la bitácora de los operativos que se hicieron en el momento de la desaparición de las personas, la hora, nombre de los elementos, las calles y colonias en donde se realizaron los patrullajes, en qué unidades y si tenían sistema de localización GPS. También advirtió que impondrá multas similares al presidente Enrique Peña Nieto si no se acatan debidamente sus órdenes para aclarar la actuación de la Marina y ordenó a la PGR que publique en su portal de internet los avances de su investigación sobre el caso.

En un orden de ideas similar, en esta corriente puede sere ubicada la sentencia del juez octavo de distrito en materia administrativa en Ciudad de México, Fernando Silva García, resolvió que la Ley de Seguridad Interior era inconstitucional.7 La resolución considera que la actuación de los militares en las tareas de seguridad pública puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de las personas.

De esta manera, las sentencias emitidas por estos valientes jueces atacan el corazón de la impunidad, evidencian la simulación en las investigaciones y colocan al Poder Judicial como garante del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas.

Aunque sería deseable que la PGR cumpliera los fallos, la desproporcionada reacción del gobierno federal contra la sentencia relativa al caso Ayotzinapa, la cual presentó más de 100 recursos promovidos por 10 instancias diferentes, anuncia que desde las altas esferas del ejecutivo federal existe una resistencia activa a acatar las sentencias protectoras de los jueces y magistrados de la nueva generación. Es posible pensar también que la emisión de estas sentencias innovadoras sea posible, en parte, por el posible relajamiento de los controles políticos sobre el Poder Judicial en el contexto del fin de sexenio.

En este escenario, está por verse la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).8 Habrá que verificar si los ministros secundan a los juzgadores más jóvenes, quienes, desde las primeras instancias, realizan una aplicación innovadora del marco legal de derechos humanos. En un contexto de profundos cambios en la vida pública nacional, sería de esperar que el Poder Judicial se constituya como un verdadero contrapeso y que la defensa de su independencia sea parte de un nuevo entorno democrático.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.


1 Índice Global de Impunidad 2017 (IGI), estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP Jenkins Graduate School y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia.

2 Véase Fiscalía que Sirva.

3 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “Histórica sentencia del Poder Judicial de la Federación en el Caso Ayotzinapa”.

4 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “Detalles para Tlatlaya a un año: La orden fue abatir”.

5 Aristegui Noticias, “ Juez ordena a la PGR aceptar pruebas sobre #GobiernoEspíaAristegui Noticias.

6 Víctor Fuentes, Abel Barajas, “Multan al titular de la Semar por omitir parte de los informes de desaparición forzada en Nuevo Laredo”, El Sur, periódico de Guerrero.

7 Arturo Ángel, “Las 5 razones por las que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, según amparos”, Animal Político.

8 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “‘La Corte debe ser valiente y estar con la verdad’: familias de Ayotzinapa”.