La victoria presidencial de Donald Trump ha estado rodeada de sospechas acerca de la intervención del gobierno ruso en las elecciones de Estados Unidos con la finalidad de apoyar al candidato republicano. Estas sospechas han servido a los demócratas para atacar al gobierno de Trump, a comediantes para burlarse de las decisiones de la actual administración y, en general, para intentar provocar desconfianza y movilizar al electorado. Sin embargo, al no existir, hasta el momento, pruebas que vinculen a la campaña de Trump con el gobierno de Putin directamente, el equipo de la Casa Blanca ha utilizado la estrategia de reducir cualquier acusación a fake news o denunciar que existe una cacería de brujas en su contra. Los casos de Paul Manafort y Michael Cohen podrían empezar a cambiar esto.

El otrora director de la campaña presidencial de Donald Trump, Paul Manafort, fue declarado culpable el día de ayer respecto de cinco cargos de fraude contra el fisco, dos cargos por fraude bancario y un cargo por no haber reportado negocios con cuentas en el extranjero. La primera pregunta que hay que responder es: ¿esto que tiene que ver con Trump? La respuesta es que directamente no hay ningún vínculo entre las conductas ilícitas de Manafort y la campaña de Trump; sin embargo, estos procesos penales son resultado del trabajo del equipo del comisionado especial, Robert S. Mueller.

Mueller fue designado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo de 2017 como el comisionado especial encargado de investigar cualquier vínculo o arreglo que pudiera haber existido entre el gobierno ruso y los individuos involucrados en la campaña de Donald Trump. Desde el inicio de sus investigaciones, el gobierno de Trump había ejercido presión sobre Mueller señalando que sus esfuerzos no eran más que una persecución política, pero con la decisión del gran jurado en el caso de Manafort esa narrativa perdió sentido. La fiscalía logró demostrar que el antiguo director de campaña escondió millones de dólares en cuentas en el extranjero con la finalidad de evadir el pago de impuestos, además de haber falsificado información para obtener veinte millones de dólares en préstamos bancarios. Un dato interesante es que buena parte del dinero que Manafort intentó ocultar provenía del cobro de asesorías a un partido político en Ucrania que simpatiza con las políticas rusas.

Por si la decisión del jurado en contra de Manafort no fuera suficiente para Trump, su abogado personal de confianza, Michael Cohen, aceptó un trato con la fiscalía de Manhattan y confesó el mismo martes haber cometido actos ilícitos durante la campaña respecto del manejo de recursos, así como haber cometido fraudes bancarios y contra el fisco. De acuerdo con la confesión de Cohen, pagó “por instrucciones del candidato [Donald Trump]” la cantidad de ciento treinta mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels con la finalidad de que mantuviera en secreto la relación que mantuvo con Trump. Asimismo, Cohen confesó haber pagado la cantidad de ciento cincuenta mil dólares a la compañía American Media Inc. para comprar los derechos de la historia de Trump y Daniels y que ésta no fuera publicada.

Estas dos conductas de Cohen constituyen un delito electoral en Estados Unidos pues el pago a Stormy Daniels fue considerado como una donación a la campaña de Trump, siendo el límite para las donaciones de dos mil setecientos dólares. El estándar para analizar el pago como una donación de campaña es que se consideran como tales aquellas aportaciones que incrementen las posibilidades electorales de un candidato. En ese sentido, el silencio de Daniels incrementó las posibilidades de victoria de Trump, pues de haberse revelado el escándalo de su relación pudo haberse afectado la imagen del candidato y reducirse sus probabilidades de ganar las elecciones. En el caso del trato con American Media, la ley electoral prohíbe que se celebren acuerdos que determinen el uso de las donaciones hechas por una empresa a una campaña. El acuerdo que Cohen logró con la empresa de medios fue considerado como un arreglo en el que el monto pagado significó una donación con un destino condicionado a que no se publicara la historia de la relación entre Trump y Daniels. A pesar de que el equipo de Mueller no fue el encargado de procesar a Cohen, fue Mueller quien remitió el caso al fiscal de Manhattan.

A diferencia del caso de Manafort en el que no existe ninguna relación entre Trump y las conductas por las que su director de campaña fue encontrado culpable, las confesiones de Cohen sí vinculan al presidente de Estados Unidos con la comisión de un ilícito. Al haber aceptado que el pago a Stormy Daniels fue realizado por instrucciones del candidato, Cohen –quien alguna vez afirmó que recibiría una bala en lugar de Trump– señaló directamente a su antiguo jefe como responsable de la comisión de un delito electoral, lo que podría servir a Mueller para presionar a Trump a que declare oficialmente como parte de sus investigaciones. Aunado a ello, el acuerdo al que llegó Cohen con la fiscalía de Manhattan para reducir su sentencia de una pena de hasta 65 años de prisión por una de entre 51 a 63 meses de cárcel no condiciona que Mueller pueda seguir investigando otras conductas en las que pudo haber participado Cohen y así obtener su cooperación.

La caída de los dos hombres cercanos a Trump significa un impulso al trabajo de Mueller pues con la decisión del jurado y las confesiones de Cohen quedó demostrado que las sospechas de que se cometieron conductas ilícitas por parte de los integrantes de la campaña de Trump no son meras fake news. No obstante, hasta ahora no ha podido quedar establecido el vínculo entre la campaña y el gobierno de Rusia, por lo que los republicanos han presionado para que se establezca una fecha límite para que Mueller entregue sus conclusiones, la cual se piensa antes de las elecciones intermedias de noviembre.

El avance en este proceso está demostrando la capacidad institucional frente a las descalificaciones en el discurso político. Más allá de sospechas y fake news, lo que representan los procesos contra Manafort y Cohen es que las decisiones basadas en evidencias no han perdido terreno en las instituciones a pesar de que el abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, declare disparates como que la verdad… ya no es verdad.

José Manuel Ruiz Ramírez. Abogado egresado del CIDE, especialista en derecho constitucional.