La organización no gubernamental Techo México presentó una demanda de amparo en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), acusándole de no haber generado información estadística sobre la población en asentamientos informales. Tal como fue señalado en el escrito de la demanda, no es posible realizar ninguna política pública dirigida a cierto sector si no existen los elementos necesarios para conocer con certeza la situación actual de estas personas, así como para poder medir el impacto de la acción institucional. De esta manera, el juicio constitucional llevado a cabo por Techo México (amparo indirecto 944/2018) podría ser un parteaguas importante para abordar dos puntos de relevancia constitucional: por un lado, se encuentra el tema sobre la generación de información estadística e indicadores de resultados como un deber en materia de derechos humanos; por otro lado, está el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas que habitan en los asentamientos informales.

En América Latina viven aproximadamente 113.4 millones de personas (el 23.5% de los habitantes de las ciudades) en asentamientos informales.1 Los mitos y estigmas hacia este sector en particular han impedido que su situación sea un tema prioritario dentro de la agenda pública. Mucho menos como un asunto de violaciones a derechos humanos. En el caso mexicano, la invisibilización institucionalizada de estas personas es tan grande que no sabemos cuántos asentamientos de ese tipo existen en el país. Como tampoco sabemos cuánta gente habita en ellos, en qué condiciones viven y si tienen acceso a los servicios básicos. Esta omisión de las autoridades en turno será un serio obstáculo para el ambicioso proyecto de Román Meyer, el virtual próximo Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.2

En este orden de ideas, el INEGI tiene entre sus principales objetivos producir información,3 especialmente aquella clasificada como de “interés nacional” debido a que esta se relaciona con la distribución de ingreso y pobreza, vivienda, agua y suelo, así como la que resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional.4 Esa información tiene el objetivo de ser de uso obligatorio para la federación, los estados y los municipios.5 Tal como ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado tiene la obligación de producir o captar la información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido por las normas internacionales a las que está suscrito el Estado, la constitución y demás normas legales.6

Lo anterior se vuelve trascendental cuando hablamos de grupos históricamente excluidos. Por lo tanto, no incluirlos en la información estadística nacional es invisivilizarlos institucionalmente. Esto ya ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, con la población afromexicana, la cual no fue censada por el INEGI sino hasta finales del año 2015.7 Es difícil conocer con certeza los factores que han perpetuado esa omisión institucional en contra de la población en asentamientos informales. Pero no es arriesgado presumir que entre los factores de peso pudieran encontrarse los prejuicios que existen hacia ella. No son pocas las personas que asumen que toda la población dentro de esos núcleos habitacionales son “paracaidistas”, “invasores de propiedad privada” u “oportunistas”. Como ocurre normalmente con todos los prejuicios, el hecho de que pudieran existir casos en los que esto sea cierto, no implica una representatividad de la gente que se ve obligada a desarrollar su vida lejos de la presencia estatal, en condiciones deplorables y sin acceso a servicios básicos.

Es por esto que la raíz de los distintos procesos que dan origen a los asentamientos informales se encuentra en la exclusión y la marginación. Los aspectos legales en cuanto al estatus jurídico del suelo o los permisos de construcción son relevantes,8 pero no los más determinantes para identificar cómo se crean. Existe una marcada tendencia a reconocer que este abordaje desde la desigualdad es el idóneo para comprender y atender el fenómeno. Por ejemplo, la CIDH, retomado las observaciones de Techo México, ha reconocido que los asentamientos informales “trasciende a la sola falta de acceso a una vivienda digna”, acompañándose de la falta de acceso a salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.9

En el ámbito del derecho comparado, la Corte Constitucional de Sudáfrica ha reconocido que los asentamientos informales usualmente son ocupados por personas en un estado de pobreza y que las personas que habitan en ellos viven en constante amenazas de desalojos hasta que el gobierno no tome medidas para mejorar sus condiciones.10 Asimismo, ha señalado que se encuentran en ausencia de infraestructura y sanidad, viviendo “al margen de nuestra sociedad en condiciones sórdidas”,11 sin infraestructura adecuada. Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que el origen de los asentamientos informales se ubica en la “extrema necesidad y aun de indigencia”, lo cual constituye un “elemento de naturaleza social que el Estado colombiano debe atender, evaluar y ponderar, con miras a dar soluciones globales.”12

En México no existen precedentes sobre la obligación de generar información estadística para garantizar derechos humanos, ni sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de la población en asentamientos informales. El juicio de amparo que está desarrollándose actualmente en el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa de la Ciudad de México es, sin duda alguna, una gran oportunidad para hacer visibles a aquellos no figuran ni siquiera sobre el papel.

Carlos Luis Escoffié Duarte. Litigante independiente en derechos humanos. Miembro del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Twitter: @kalycho.


1 Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS et al., “Informe ante la CIDH sobre los asentamientos urbanos precarios de América Latina y el Caribe”, Centro de Estudios Legales y Sociales, 20 de marzo de 2015.

2 Carlos Luis Escoffié Duarte, “Las ciudades invisibles de la AMLÓpolis”, Animal Político, 2 de agosto de 2018.

3 “Artículo 4.- El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tendrá como objetivos: I. Producir Información; II. Difundir oportunamente la Información a través de mecanismos que faciliten su consulta; III. Promover el conocimiento y uso de la Información, y IV. Conservar la Información.” Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

4 “Artículo 78.- Además de los temas señalados en las fracciones I a III del artículo 59 del presente ordenamiento, sólo podrá considerarse Información de Interés Nacional para efectos de esta Ley, la que satisfaga los cuatro criterios siguientes: I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; seguridad pública e impartición de justicia; gobierno; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento; II. Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional; […].”Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

5 “Artículo 6.- La Información de Interés Nacional será oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. […].” Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

6 CIDH. “El Derecho de Acceso a la Información Pública en las Américas: Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales”. OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF.7/12. 30 diciembre 2011. Párr. 285. CIDH. Informe Anual 2008. OEA/Ser.L/V/II. 134. Doc. 5. 25 de febrero de 2009. Vol. III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Cap. III. Párr. 162.

7 The Associated Press, “Afrodescendientes suman 1,2% de población en México”, Animal Político, artículo noticioso publicado el 27 de marzo de 2017. Notimex. “Afromexicanos representan el 1.2% de la población mexicana”, El Economista, artículo noticioso publicado el 27 de marzo de 2017.

8 Fernandes, Edésio; “Regularización de asentamientos informales: Informe sobre Enfoque en Políticas de Suelo”, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge 2011, pp. 11-13. Nahoum, Benjamín, “Los asentamientos irregulares, entre prevenir y curar” en Escritos sobre los sin tierra urbanos: causas, propuestas y luchas populares de Gustavo González y Benjamín Nahoum (coord.), Montevideo 2011, p. 13. Mignone, Aníbal Marcelo et al; “Caracterización Socio-Geográfica de los asentamientos informales en el aglomerado Gran Resistencia”, Revista Geográfica Digital, Facultad de Humanidades-UNNE, Año 12. Nº 24, Julio – Diciembre 2015, Resistencia, Argentina, p.2. Quintero Agudelo, Carmenza; “La configuración social de los asentamientos marginales urbanos en la ciudad formal”, Revista Universitas Científica, Universidad Pontificia Bolivariana, Volumen XII, Medellín 2009, p. 121.

9 CIDH. Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.164, 7 de septiembre de 2017, párr. 210.

10 Constitutional Court of South Africa, Abahlali baseMjondolo Movement of South Africa vs. Province of Kwazulu-Natal, Case CCT 12/09, 14 October 2009, párrs. 51 y 52.

11 Constitutional Court of South Africa, Abahlali baseMjondolo Movement of South Africa vs. Province of Kwazulu-Natal, Case CCT 12/09, 14 October 2009, párr. 106.

12 Corte Constitucional de Colombia, C-1189/2008. Véase también: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-157 de 1997.