Imagine un escenario en que un grupo armado ataca con armas de alto calibre las oficinas de un medio de comunicación local en algún municipio de la República. Ahora imagine otro escenario paralelo, en que un grupo de personas lanza bombas molotov a las instalaciones de uno de los poderes federales. Frente a estos hechos podríamos preguntarnos: ¿Cuál de ellos debería considerarse más grave? ¿Cuál afecta de manera más significativa a nuestra sociedad? ¿Es posible establecer una prioridad de los mismos, en cuanto a sus consecuencias socio-políticas? ¿Cómo deberían responder las instituciones públicas frente estos escenarios? ¿Cómo debería responder el debate público? Las respuestas a estas preguntas no son sencillas, pero tampoco son intrascendentales.

En la actualidad mexicana, estos hechos no son hipotéticos. Durante las últimas décadas nos hemos acostumbrado a sobrevivir en un contexto de creciente violencia. El debate público frente a esta situación ha tendido a la polarización. La opinión de actores políticos, especialistas en el tema o grupos sociales, plantea posiciones que oscilan entre militarizar la seguridad pública, sobrepunitivizar el sistema de justicia, flexibilizar las facultades de las instituciones estatales o el rechazo tajante a todas estas propuestas. Una visión cada vez más estatizada de la seguridad se contrapone frontalmente con un reclamo por la tutela irrestricta de los derechos humanos de las personas, dentro de un marco constitucional que parece aportar pocas luces frente a estos dilemas.

La pregunta planteada aquí, requiere un debate más minucioso sobre el concepto mismo de seguridad, así como su relación con la noción del Estado democrático de derecho. Ambos términos pueden conducirnos a ambigüedades importantes, que facilitan la manipulación del discurso o la narrativa pública sobre sus condiciones de operación.

Por una parte, el concepto de la seguridad es tan amplio que puede incluir la protección de bienes, intereses, potestades o derechos tanto de las personas, la sociedad o del propio Estado (en su acepción más amplia o restringida). De ahí surgen nociones como la seguridad personal, la seguridad jurídica, la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad interior. Todos éstos son, de hecho, conceptos mencionados en nuestro marco constitucional o convencional. Sin embargo, la reflexión sobre el contenido del concepto de seguridad, dentro del Estado democrático de derecho, ha quedado francamente desplazada.

En términos ideales, la relación entre seguridad y Estado democrático de derecho se antoja casi simbiótica. Desde la noción más completa y congruente de éste, debería ser posible construir un paradigma de seguridad que fortalezca las condiciones de vida de las personas, la consolidación de una sociedad cívica y la normalidad de la institucionalidad política.

Es casi imposible pensar en una sociedad que se identifique con un sistema de Estado democrático de derecho, en la cual la finalidad esencial del poder público no sea garantizar la seguridad física y jurídica de las personas. De la misma forma, la seguridad y estabilidad de las instituciones es una condición necesaria para su correcta actuación, de manera que se preserve el bienestar colectivo mediante el ejercicio controlado del poder. En esta medida, la seguridad se propone como un requisito y, al mismo tiempo, una consecuencia del Estado de derecho.

El diseño material e institucional en temas de seguridad –a través de normas jurídicas que establecen las facultades, atribuciones, potestades, límites, controles, pesos y contrapesos de las autoridades–, debe plantearse desde una corrección lógica que corresponda a la materialidad del Estado de derecho. La misma determinará, en gran medida, los fines, propósitos o enfoques sobre la seguridad, en todas sus dimensiones.

Lo anterior no implica, sin embargo, que el tema esté exento de retos que debemos abordar de manera responsable. Si exploramos a mayor profunda la idea misma de la seguridad, nos aproximamos a un espacio lleno de singularidades y debates complejos. De esta reflexión surge otra pregunta fundamental: ¿para quién y para qué la seguridad dentro de un Estado democrático de derecho? La respuesta a esta cuestión está directamente vinculada con las interrogantes que se plantearon al inicio. Si la seguridad pública, por ejemplo, tiene como objetivo fundamental la protección de las personas y el bienestar de la sociedad, el ataque a un medio de comunicación local sería un tema de primera necesidad. Por el contrario, si la seguridad se entiende como vía para la protección primaria de las instituciones políticas, un atentado contra la sede de un poder federal sería un tema de atención prioritaria. Lo anterior, aún y cuando no exista una afectación directa a personas individuales, sino solo a bienes físicos.

Las paradojas sobre la seguridad son un reflejo de la tensión connatural entre los intereses políticos de las instituciones, la reivindicación del valor individual de las personas y el anhelo del bienestar colectivo de la sociedad. Esta tríada resulta en dilemas sin una solución sencilla; incluso cuando los mismos se proponen dentro de un orden jurídico que tiene como vocación el límite, el control y, la vez, la compatibilización de múltiples intereses.

La pugna discursiva de la seguridad suele plantearse entre argumentos que dan más peso a las consecuencias o resultados de las acciones públicas (consecuencialistas) o que ponen en el centro a las personas, sus derechos o deberes (deontológicos). Desde uno u otro punto de vista, las decisiones políticas en materia de seguridad, junto con el diseño jurídico correspondiente, conducen a resultados diferenciados.

La normatividad en la materia se ha convertido en un espacio que materializa la lucha constante entre la imposición de mayores límites o controles de las facultades estatales vis-à-vis las restricciones al ejercicio de los derechos individuales. De uno u otro lado, la noción de seguridad (sea de las personas o de las propias instituciones públicas) se ha esgrimido como la justificación última para las reglas del sistema.

Estas reflexiones, aparentemente teóricas, tienen consecuencias prácticas fundamentales. Pensemos nuevamente en algunas preguntas para guiar la reflexión: ¿Es posible sostener la intervención de comunicaciones de cualquier persona mexicana, en el marco de una investigación en materia de seguridad nacional? ¿Se puede justificar que las autoridades requieren facultades adicionales para el control de manifestaciones públicas, incluido el uso de la fuerza letal? ¿Es posible flexibilizar los controles para autorizar la geolocalización de un aparato de comunicación vinculado con una persona? ¿Cómo se preserva y maneja la información sobre personas específicas generada por instituciones de inteligencia? Como se dijo antes, la respuesta a estas cuestiones está directamente vinculada a la construcción que se proponga del paradigma de la seguridad, dentro de la materialidad del Estado democrático de derecho.

En todo caso, cuando existen bases más o menos claras y consensuadas sobre los conceptos que se han venido discutiendo, el propio orden jurídico puede y debe contar con mecanismo de control que soporten los avatares de la pugna constante de intereses que subyacen dicho paradigma. En la normalidad institucional de un modelo ideal del Estado democrático de derecho, se prevén reglas y procedimientos claros, preestablecidos y predecibles, que aseguren la protección de los valores, intereses o principios esenciales para la sociedad, incluso las situaciones más extremas –tales como los conflictos armados, los desastres naturales o los disturbios internos–. En otras palabras, es posible que el Estado democrático de derecho se sostenga incluso en los momentos más críticos para la seguridad personal, social o institucional.

En México, la complejidad intrínseca de la idea de la seguridad dentro de un Estado democrático de derecho se ha recrudecido por la carencia de una reflexión profunda sobre el tema, así como por el apremio que genera el deterioro notable de las condiciones materiales de vida de las personas. Es difícil proponer esta reflexión en un escenario en que el Estado de derecho, en general, parece cada vez más ausente. Sin embargo, es necesario confrontar este reto analítico, en los términos más apropiados posibles, a fin de poder plantear elementos que sirvan al debate público.

La disyuntiva inicial parece clara. Debemos asumir la inexistencia completa de un planteamiento o estrategia de seguridad frente a las condiciones actuales del Estado mexicano o, por el otro lado, podemos pensar que sí existe esa estrategia, pero que la misma está planteada desde y para las instituciones políticas, casi en exclusión de las personas y la sociedad. La respuesta, por dura que parezca, parece ser la segunda.

Pese a las condiciones actuales de seguridad, es difícil sostener que México sea un Estado carente de normatividad o instituciones robustas. En esta lógica, podríamos descartar que la problemática sea resultado de un colapso institucional evidente. Por el contrario, si la premisa del análisis reconoce que las instituciones funcionan, pero sólo para alcanzar los fines que beneficien al propio sistema, el escenario parece tomar más sentido.

¿Cuáles son algunas de las evidencias que podrían sostener esta premisa? Comencemos, por ejemplo, con el tema de la seguridad pública. Constitucionalmente, la misma es una función de todos los niveles de gobierno y, al mismo tiempo, es un derecho humano reconocido en tratados internacionales. Este último punto indicaría que el objetivo, estrategia y tácticas en seguridad pública deberían estar enfocadas a la protección de las personas. De ser así, ¿cómo podemos justificar la creciente militarización de la seguridad pública, aún cuanto esta estrategia no haya reducido los niveles de violencia que afectan directamente a las personas? ¿Cómo explicar la penalización de conductas que no tienen una víctima directa, sino que sirven para sostener una política estatal cada vez más cuestionada? ¿Qué implica la deficiencia de políticas públicas adecuadas para atender a personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, como migrantes o adolescentes? La realidad es que la estrategia actual en materia de seguridad pública no puede explicarse desde una lógica que privilegie los derechos de las personas, como el centro de la actuación de las autoridades estatales.

Pensemos ahora en seguridad nacional. En términos generales, ésta se entiende como aquellas actividades que tienen como objetivo proteger la existencia misma del Estado –en tanto el conjunto de la población, el territorio y la autoridad pública–, frente a amenazas externas. A pesar que la seguridad nacional tiene una diferencia conceptual clara con la seguridad pública, el marco jurídico mexicano parece entremezclarlas o confundirlas, particularmente por lo que toca al fenómeno de la delincuencia organizada. El resultado es un diseño institucional poco claro e impredecible, con atribuciones, controles y contrapesos inadecuados.

El panorama se agrava, aún más, si se consideran algunas de las leyes aprobadas por la pasada Legislatura. En particular, la Ley de Seguridad Interior. De una lectura detallada de la misma, es posible concluir que esta nueva normativa generara, de inicio, una confusión aún mayor entre sustancia, facultades, límites y controles en materia de seguridad pública y seguridad nacional. Lo anterior, considerando que las condiciones que pueden detonar una declaratoria o acciones de seguridad interior serán conductas cometidas por personas mexicanas, que primordialmente implican una amenaza o atentado contra las instituciones políticas. Es decir, en este marco legislativo, las personas mexicanas se convierten en el enemigo real o latente de las instituciones. A éstas se les protege y se les otorgan más facultades para su defensa, al tiempo que se restringen los mecanismos de protección para las personas individuales.

En términos teóricos y prácticos, este tipo de aproximaciones se conoce como la doctrina del “enemigo interno”. Desde esta lógica, la población no es ya una parte integrante del Estado, sino un enemigo a combatir o una amenaza por erradicar. Las consecuencias de esta doctrina durante los conflictos en distintos países del mundo han sido catastróficas. El rompimiento entre las instituciones y la población no solo ha conducido a la deslegitimación de aquéllas, sino al rompimiento del tejido social que sustenta a toda nación.

En síntesis, tanto en el discurso como en la realidad, el paradigma de seguridad en México ha dado prioridad a los intereses de las élites políticas y/o económicas, representadas por las instituciones estatales, en detrimento del bienestar general de la población y la protección de los derechos individuales. En este contexto, es difícil diferenciar la sustancia de términos como “seguridad nacional”, “seguridad pública” o “seguridad interior”. La manipulación del discurso sobre la seguridad se presenta como un fenómeno casi inevitable y, sin duda, temible. Cualquier planteamiento oficial sobre la seguridad parece tener como finalidad la protección de las instituciones políticas o, más aun, asegurar los objetivos de las propias élites.

La estatificación de la seguridad implica un discurso y un diseño institucional desde y para las instituciones, en las que descansa el interés de unos pocos, en contraste con los derechos de la mayoría. Dichas instituciones se convierten en los sujetos de las políticas de seguridad, en sus operadores y, al final, en sus últimos beneficiarios. En contraste, las personas marginadas de la sociedad por un discurso punitivo que las califica como actores indeseables, quedan forzadas a pedir protección a las mismas instituciones que las consideran como enemigos potenciales o reales.

La sociedad ha sido alienada del debate de la seguridad; ha sido privada del papel activo que corresponde a todo ente cívico, en la construcción de los temas públicos prioritarios. Si la comunidad no puede participar en la discusión sobre algo tan fundamental como la seguridad, aquélla no tiene la posibilidad de impactar realmente la discusión de ningún tema público. Esta es, en sí misma, una corrupción de la esencia del Estado democrático de derecho. El consenso que alguna vez fundamentó la idea de la res publica o la politeia se antoja simplemente imposible. En materia de seguridad, el Estado de Derecho parece haber sido sustituido por el Derecho del Estado.

Los límites no se imponen a las instituciones, pues son sus intereses los que han de prevalecer. Las restricciones son para las personas, los colectivos y la sociedad en general. En los dos primeros casos, los límites al ejercicio de sus derechos son más directas y tangibles. En el caso de la sociedad –que intenta o en algún momento intentó ejercer su vocación cívica–, la limitación es más sutil, menos evidente y, por lo tanto, más compleja.

En México, la idea de lo “público” se ha construido desde una fusión artificial entre lo político y lo social. Las instituciones se autoerigen como las detentoras de la voz popular, representantes automáticas del interés social, el cual sirve para descartar cualquier argumento que se les contraponga. La sociedad se convierte en el escudo de batalla para la protección de aquéllas. En nuestro discurso nacional, la “cosa pública” subsume lo que concierne propiamente a la sociedad con lo que importa a las élites políticas, prevaleciendo el interés de éstas.

Las consecuencias del discurso no pueden ser minimizadas. En un contexto de creciente violencia, donde las personas se sienten excluidas del debate público sobre sus propias condiciones de vida, se llega a la invisibilidad de las dimensiones sociales de la (in)seguridad. De la misma forma, se deslegitima a las instituciones públicas de seguridad, en una reacción directa a un discurso que parece justificarse desde la autoprotección del status quo.

Frente a la percepción del vacío institucional, se exacerban los escenarios de autotutela de la seguridad personal, no solo como una necesidad real sino como un acto de rebeldía frente a un sistema que ha fallado en sus objetivos más primordiales. En una de sus dimensiones, esa misma autotutela conduce a la privatización de la seguridad. Es decir, la seguridad privada se convierte en una ruta paralela a la seguridad estatal, la cual parece cada vez más inadecuada e ineficaz frente a la dimensión de los problemas públicos.

En casos aún más extremos, la deslegitimación del discurso de la seguridad resulta en la exacerbación de la violencia. La ley del más fuerte se impone, dentro de un contexto en que las instituciones se convierten en actores de la lucha antes que garantes de las condiciones de vida de las personas y del bienestar de la sociedad.

De forma paralela, la estrategia unidimensional desarrollada por las instituciones de seguridad en México, conduce también a incrementar los riesgos sociales y la parálisis estatal ante nuevas amenazas. En la actualidad, los retos que enfrenta cualquier sociedad son múltiples y complejos. Desde la seguridad hídrica, alimenticia, climática, financiera, cibernética o internacional, es importante que podamos proponer la forma de abordar la vulnerabilidad o riesgo generado por nuestros propios esquemas de desarrollo. En el estado actual de las cosas, nuestro sistema, nuestra sociedad está lejos de contar con las herramientas para responder a estas amenazas.

¿Qué sigue entonces? En un escenario tan devastador, podemos proponer reformas institucionales, legales o de políticas públicas. Sin embargo, en tanto no plantemos un paradigma adecuado de seguridad, estas propuestas serán tan difíciles de diseñar o implementar como es difícil navegar en un barco sin brújula ni timón.

Por trillado que parezca, debemos reconstruir la idea misma del Estado democrático de derecho. Desde ese punto, podremos también discutir, colectivamente, la seguridad que deseamos como sociedad. Debemos continuar un diálogo sin exabruptos legislativos que legitiman políticas fallidas o sin justificaciones judiciales construidas desde la pobreza argumentativa. El primer paso del largo camino para reconstruir la legitimación institucional debe ser el diálogo responsable, transparente y colaborativo con la sociedad cívica. La participación social en temas de seguridad no es una concesión graciosa de una élite política o una mascarada para alegar la democratización de un discurso autoritario. Por el contrario, es la esencia misma de la legitimación del Estado democrático de derecho.

No se trata de negar la relevancia de la seguridad de las instituciones, sino de entenderla en su justa dimensión. En materia de seguridad, los intereses políticos no pueden imponerse sistémicamente a la protección de los derechos. La sociedad no puede quedar marginalizada del debate; menos aun cuando es utilizada constantemente como el argumento para justificar los excesos institucionales.

En este escenario, uno de los mayores retos será construir una normalidad institucional, con los límites y controles adecuados. En tanto la seguridad se utilice como una carta blanca para la actuación irrestricta de los órganos estatales, la seguridad será un discurso y una realidad hostil para las personas y para la colectividad.

Ximena Medellín Urquiaga. Profesora Asociada de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la misma institución.