La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por discutir un caso especialmente importante para los trabajadores domésticos. El caso amerita un comentario inmediato debido a la trascendencia del asunto y lo preocupante que resulta el proyecto de resolución dado a conocer recientemente.

El caso a discutir surgió de un amparo directo atraído por la Segunda Sala (9/2018) donde una trabajadora doméstica se quejaba de una resolución de una Junta Especial Local de Conciliación y Arbitraje que favoreció sólo parcialmente sus pretensiones. Una de las pretensiones que no fue satisfecha era la de inscribirla retroactivamente en el IMSS y que le pagaran algunas prestaciones legales. En el juicio de amparo, la controversia se centró en tres puntos: 1) si el hecho de que los patrones carezcan de la obligación jurídica de inscribir a los trabajadores domésticos ente el IMSS constituye un trato discriminatorio proscrito por el artículo 1º constitucional y una violación al derecho humano a la seguridad social (artículo 123 constitucional); 2) si resulta ilegal que se haya absuelto al patrón del pago de horas extras y; 3) si al dictarse el laudo reclamado se analizaron de manera adecuada las pruebas.

El proyecto —a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán y su secretario Isidro Muñoz Acevedo— propone negarle el amparo a la quejosa por considerar infundados sus agravios. En este comentario me ocuparé del primero de los puntos, que me resulta preocupante porque con sus argumentos se refuerza la discriminación que existe contra los trabajadores domésticos en general y especialmente con las trabajadoras domésticas.

Los argumentos vertidos en el primer punto son defectuosos pues, aún cuando reconocen que existe el derecho humano a la no discriminación y el derecho humano a la seguridad social, se enfocan en legitimar las distinciones legales que discriminan a las trabajadoras domésticas y a evadir una discusión profunda sobre el tema.

En pocas palabras, los argumentos son una petición de principio, esto es, son falaces, pues para probar que no existe discriminación se apoyan en citar la misma distinción legal que la quejosa reclama como discriminatoria. La Ley Federal del Trabajo distingue, por un lado, entre un régimen obligatorio de afiliación al IMSS y un régimen voluntario y, por otro lado, distingue entre trabajos generales y trabajos especiales; el trabajo doméstico se regula bajo el régimen voluntario en tanto se considera un trabajo especial. Sin entrar a un estudio de fondo sobre estas distinciones, en el proyecto se asume que por estar reconocidas en la ley son legítimas y están justificadas. Sus argumentos son una mera descripción del contenido de las normas que regulan el régimen voluntario. Desde luego, esto no puede considerarse una justificación de la constitucionalidad de la distinción. El proyecto asume sin más argumentos que la mera circularidad, que el

…trato asimétrico que otorga la ley respecto de los empleados domésticos y los demás trabajadores no constituye una distinción discriminatoria, ya que no se basa en especificidades y circunstancias atinentes a los atributos de la persona —origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana—, sino en las de tipo de labor que realizan los empleados domésticos y que, por ende, requiere de una regulación diferenciada.

Es verdad que la ley no menciona que la distinción se base explícitamente en tales criterios discriminatorios, pero muchas leyes discriminatorias tampoco lo hacen de modo explícito, y es trabajo de la Suprema Corte entrar en un análisis de fondo para determinar si existe alguna otra circunstancia que vulnere la dignidad humana y los derechos humanos.

En el proyecto se pretende justificar la especialidad del trabajo doméstico con un criterio de 1948 de la Suprema Corte contenido en una tesis aislada de la quinta época, que refleja claramente la nula importancia que se les daba a las condiciones reales del trabajo doméstico, asumiendo de manera prejuiciada que los trabajadores domésticos

…no están sujetos a la jornada ordinaria en razón de que su trabajo no es continuo, pues sufren interrupciones constantes, y, al vivir en la casa del patrón doméstico, aunque permanezca en ella constantemente, tiene descansos largos, tiempo para la atención de sus necesidades, a tal grado, que es reducido el número de horas que realmente trabaja; y no tiene derecho a percibir el monto del salario mínimo según expresamente lo dispone la ley citada; pero en cambio goza de otros beneficios o prestaciones que no se conceden a los trabajadores como alimentos, habitación, pago de un mes de salario en caso de enfermedades no profesionales y pago de gastos de sepelio…

Esta caracterización del trabajo doméstico hecha en 1948 y retomada ahora en el proyecto, en 2018, muestra la nula sensibilidad por abordar de manera seria las condiciones de los trabajadores domésticos, particularmente de las mujeres. Muestra también la nula información y conocimiento sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos en México.

En el proyecto no se hace ni el menor esfuerzo por valorar si el régimen especial voluntario de afiliación al IMSS, donde entran precisamente algunos grupos vulnerables como las trabajadoras domésticas, se justifica no conforme a la ley (cosa que es obvio y por ello su argumento es falaz), sino con los principios de igualdad y no discriminación y bajo los derechos humanos, especialmente el derecho a la seguridad social; conforme a los estándares internacionales que priorizan la protección de grupos desaventajados y explícitamente a las trabajadoras domésticas.1

No basta con que las trabajadoras domésticas formalmente puedan acceder a la seguridad social en el régimen voluntario, sino que se tiene que determinar, de conformidad con los criterios de disponibilidad y accesibilidad de los derechos humanos reconocidos por la misma Corte, que existan condiciones reales para que se puedan materializar y que los afectados puedan acceder de hecho al disfrute de sus derechos, cosa que no parece suceder en la realidad. Según datos de CONAPRED2 existen 2.4 millones de trabajadores domésticos en México (casi el 5% de la población ocupada del país), de ellos el 91% son mujeres y el 9% varones; de este número de trabajadores sólo el 2.6% cuentan con seguridad social en casos de invalidez, vejez, muerte, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, servicios de guardería. De este monto asegurado el 40% son varones y el 60% mujeres. Más de la mitad de las trabajadoras son madres. Esto muestra dos cosas importantes, que se trata de un fenómeno que afecta principalmente a mujeres y que en su gran mayoría no cuentan con seguridad social.

En un informe reciente de la OIT, ONU Mujeres e ILSB3 se resumen las condiciones precarias de las mujeres trabajadoras domésticas en México:

A pesar de las importantes contribuciones económicas y sociales de las trabajadoras del hogar remuneradas, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS, 2011) documenta que muchas de ellas viven explotación laboral, discriminación y violencia dentro del lugar de trabajo. De acuerdo con los datos de la encuesta (2016), el 75% de ellas gana menos de dos salarios mínimos, menos del 25% recibe aguinaldo y menos del 10% tiene vacaciones con goce de sueldo. El 97% de las trabajadoras no tiene acceso a atención médica por su actividad laboral y el 30% ha reportado no contar con tiempo de descanso durante su jornada de trabajo (CONAPRED, 2015). Además se estima que existe una concentración indígena en el sector que representa aproximadamente al 11% del total de trabajadoras, cifra que está por arriba del promedio nacional (ENADIS, 2011). Todas estas condiciones profundizan las desigualdades sociales para las trabajadoras que en la práctica representan bajos ingresos y mínimas posibilidades de enfrentar situaciones emergentes o de invertir en su futuro o en el de su familia.

Estas condiciones generales hacen pensar fundadamente que, en los hechos, las trabajadoras domésticas no cuentan ni con información ni con asesoría que les permita ejercer su derecho a la seguridad social aún cuando ésta esté contemplada de manera formal en la ley. Por ello y debido a la forma en que opera el régimen especial de afiliación voluntaria, el mismo se constituye en un obstáculo para el disfrute del este derecho humano, permitiendo que las condiciones de exclusión se reproduzcan. La realidad parece entonces distar mucho de la impresión que tenían los miembros de la Suprema Corte en 1948 y que ahora el proyecto hace suya.

En el proyecto se asume de manera injustificada que dada la existencia de las disposiciones legales que aplican al caso de la afiliación voluntaria al IMSS y por el sólo hecho de tener el carácter de trabajador doméstico “tienen expedito su derecho de acogerse al régimen voluntario del seguro Social (…)”. Hay que aclarar que el término “expedito” significa, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, “desembarazado, libre de todo estorbo”, y parece que, según la información con que contamos, es falso que los trabajadores domésticos tengan tal acceso expedito a la seguridad social. El asunto que la Segunda Sala de la SCJN tiene que determinar (de acuerdo a los hechos, esto es, cómo es la realidad de los trabajadores domésticos, y de acuerdo a sus derechos humanos involucrados y los criterios de interpretación pro persona, y de universalidad, integralidad y progresividad), es si efectivamente –no solamente formalmente- ese trato diferenciado contenido en la Ley Federal del Trabajo permite el acceso material o constituye más bien un obstáculo que viola los derechos y vulnera la dignidad de las y los trabajadores domésticos. Nada de esto se hace en este proyecto del ministro Pérez Dayán, sino que se opta por una argumentación falaz y formalista.

Juan Antonio Cruz Parcero. Instituto de Investigaciones Filosóficas UNAM; agradezco el apoyo del proyecto DEGAPA-PAPIIT IG400216, “Derechos sociales y justicia social”.


1 Recomiendo, sólo a modo de ejemplo: Estefanía Vela Barba, La discriminación en el empleo en México, México, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, 2017; Mary R. Goldsmith Connelly, “¿Sujetos de derechos o sujetadas a la servidumbre? Trabajadoras del hogar remuneradas en México”, en Juan A. Cruz Parcero y Rodolfo Vázquez (coords.), Mujeres, familia y trabajo, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fontamara, 2014, pp. 163-198. En estos trabajos se pueden encontrar argumentos desarrollados que sostienen la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del régimen diferenciado del trabajo doméstico contenido en la LFT. En este breve ensayo no puedo exponer estos argumentos.

2 CONAPRED, “Carpeta informativa sobre trabajo del hogar en México”, 2018. La información sobre el tema es muy amplia, para quien tenga interés de buscarla no será difícil dar con ella.

3 Christian Aurora Mendoza, Vanessa Armendariz y Alejandra Muñoz, “Seguridad social para el trabajo del hogar, OIT, ONU-Mujeres, ILSD, Julio 2017.