En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que el próximo 12 de noviembre comenzará el análisis de las impugnaciones presentadas contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) e hizo público el proyecto elaborado por la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que será puesto a consideración del Pleno.

Así, después de una larga espera, ha quedado señalada la fecha en que iniciará la discusión de una de las piezas legislativas más impugnadas en la historia reciente de México y, con la publicación del proyecto, han quedado delimitados los contornos básicos de la discusión. Vale la pena por tanto empezar a analizar a fondo ese proyecto, en preparación del estudio que viene.

Por un lado, el proyecto sin duda da la razón a quienes en su momento advertimos que la LSI contrariaba la Constitución y evidencia así a legisladores, mandos castrenses y funcionarios de la administración saliente que en su denodada defensa de esa Ley minimizaron o trivializaron esos señalamientos.

En efecto, el proyecto señala sólidamente problemas de constitucionalidad de 11 artículos que versan sobre aspectos relevantes como: la regulación inadecuada del uso de la fuerza (artículo 4, fracción X); la excesiva habilitación para que las fuerzas federales, incluyendo a las armadas, actúen por sí (arts. 6, 11 y 26); la regulación inhibitoria respecto de manifestaciones y protestas (art. 8); la afectación al principio de máxima publicidad en el acceso a la información (art. 9); la inexistencia de límites temporales precisos que surge de la posibilidad prevista en la ley de decretar prórrogas indefinidas a las afectaciones a la seguridad interior (art. 15); el empleo de ficciones legales fraudulentas (art. 18); así como, la indebida habilitación de las fuerzas armadas para actuar como primeros respondientes y realizar ciertas detenciones (art. 27).

Sin embargo, el proyecto deja intocados otros aspectos de la LSI que son en extremo preocupantes. Para abonar al debate, enseguida identificamos las que a nuestro juicio son las cinco cuestiones más delicadas, retomando nuestro informe “Perpetuar el fallido modelo de seguridad”.

1. El proyecto valida el concepto de seguridad interior y la intervención de las fuerzas armadas en esa materia (artículos 2 y 4)

En esencia, el proyecto afirma que el concepto de seguridad interior es constitucional y que se trata de una vertiente de la seguridad nacional; también estima lícito que las fuerzas armadas se ocupen de ella, afirmando que la SCJN aprobó en el pasado intervenciones de esa naturaleza, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/96. Nada dice el proyecto sobre la ausencia de menciones a la “seguridad interior” en la propia Ley de Seguridad Nacional; sobre la ambigüedad de la definición provista por la LSI; ni sobre la posible inconvencionalidad de dicho concepto, dejando de lado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha referido que nociones como “seguridad interior” son conceptos híbridos, propios de regímenes autoritarios, que deliberadamente diluyen las fronteras entre la seguridad nacional y la seguridad pública, lo que en las más diversas latitudes ha probado ser riesgoso para los derechos humanos (CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, 2009). Más específicamente, en cuanto a la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, el proyecto ignora el cúmulo de recomendaciones y sentencias internacionales que ha recibido México en la última década, que insisten en que la intervención castrense en labores ajenas a su mandato debe reducirse progresivamente. También pasa por alto el proyecto que, como lo demostró en este mismo espacio mismo Rodrigo Camarena, no es exactamente aplicable al análisis de la LSI lo resuelto por la SCJN hace más de veinte años en la acción de inconstitucionalidad 1/96. En suma, al no tocar este concepto y al respaldar la intervención militar en seguridad interior, el proyecto mantiene vivo —como bien ha dicho Catalina Pérez Correa— el corazón de la LSI.

2. El proyecto valida la subordinación operativa de las autoridades civiles a las militares (artículos 20, 21, 22 y 28)

La LSI prevé esquemas en los que, siempre que las fuerzas armadas intervengan, éstas tendrán el mando operativo, conforme a sus normas reglamentarias, su organización, sus medios y su adiestramiento. Por decirlo llanamente, con la LSI se elevó a rango de ley el modelo de los grupos de coordinación estatales o regionales, asegurando que en estos la cabeza sea siempre castrense y que prevalezca el marco legal de éstas. Este predominio militar en el terreno operativo, no refleja la necesaria subordinación al poder civil que la Constitución delinea al regular a las fuerzas Aamadas, pero tal aspecto no es analizado a profundidad en el proyecto.

3. El proyecto valida la ampliación delas actividades de inteligencia que pueden realizar las Fuerzas Armadas (artículo 30)

La LSI habilita a las fuerzas armadas para realizar labores de inteligencia para la seguridad interior. Aunque ya existen instituciones civiles que tienen este mandato, la LSI da nuevas atribuciones a las fuerzas armadas en este renglón. No obstante, el proyecto analiza este delicado punto de forma muy somera y pasa por alto que existe incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el sentido de que en democracia las tareas de inteligencia que realicen cuerpos militares deben estar sujetos a controles civiles (CorteIDH, Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala, párr. 284).

4. El proyecto valida la intrusión en la autonomía de los organismos constitucionales autónomos y la puesta en riesgo de datos personales (artículo 31)

La LSI dispone que en materia de seguridad interior, las órganos autónomos deberán entregar “a las autoridades que intervengan” —se entiende, desde luego, que incluyendo a las fuerzas armadas— la inf ormación que éstas requieran, sin mayores salvaguardas y sin prever ningún cuidado respecto de los datos personales. El proyecto, al analizar este tema, pasa por alto que hoy existe regulación específica que protege datos personales y, más ampliamente, no advierte la peligrosa e injustificada intrusión en la autonomía de instancias como las que componen el Sistema Ombudsman que esta norma generará.

5. El proyecto valida la ausencia de mecanismos de control robustos (artículos 33)

La LSI sólo prevé como esquema de control la presentación de un informe del Secretario de Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. El proyecto encuentra este control suficiente, sin tomar en cuenta que el carácter extraordinario de las medidas relacionadas con la seguridad interior que la Ley establece, debería acompañarse de controles externos igualmente extraordinarios, en consonancia con el lugar que nuestra Constitución asigna a los derechos humanos y con la función que asigna a las fuerzas armadas en tiempos de paz. Aunque no es sencillo dentro de una acción de inconstitucionalidad abordar aspectos que prima facie parecen más deficiencias de diseño u omisiones, la inusual naturaleza de los mecanismos contemplados en la LSI demanda ese tipo de análisis.

Al validar estas cinco cuestiones, el proyecto mantiene la columna vertebral de la Ley y, queriéndolo o no, da un espaldarazo a la intervención castrense en tareas ajenas a su mandato constitucional expreso. De este modo, termina cobijando una política de seguridad que sólo ha traído más violencia al país y que en su momento se presentó como una solución temporal. A la luz de esta realidad, la trascendencia de las inconstitucionalidades que el proyecto encuentra en determinados artículos, queda un tanto desdibujada frente a la forma en que el proyecto convalida el modelo de seguridad que la LSI galvanizó.

La discusión que viene es fundamental para la Nación. México ha vivido más de una década de violencia; hoy sabemos que, en ella, la militarización de la seguridad ha sido parte del problema y no de la solución. La SCJN, en ese sentido, no puede pasar por alto que en el pasado sus criterios propiciaron en los hechos esta tendencia a la militarización, como ocurrió con la ya referida acción de inconstitucionalidad 1/96. Hay, en ese sentido, una deuda histórica del Poder Judicial de la Federación con la paz.

A partir del 12 de noviembre se discutirá mucho más que una ley; en buena medida, se debatirá si transitamos hacia una seguridad sin guerra o si se perpetúa el fallido modelo de seguridad militarizada. De ese tamaño es el reto de la SCJN en su papel de tribunal constitucional. La discusión, nos compete a todos.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.