En una entrada anterior explicábamos el estado procesal de las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior (LSI); en este espacio pretendemos revisar el fondo de las argumentaciones presentadas en los distintos recursos y las posibles implicaciones jurídicas de la decisión de la Corte al respecto, cuyo proyecto1 se discutirá a partir del próximo lunes 12 de noviembre.

Además de las consabidas discusiones sobre seguridad nacional/pública/ciudadana y, la existencia o no, de las facultades constitucionales del Congreso para emitir la norma impugnada, encontramos tres clases de argumentos que los promoventes esgrimieron frente a la LSI:

1) Argumentos de las controversias constitucionales contra la Ley de Seguridad Interior respecto a la potencial violación de los derechos humanos como conflicto competencial

En primer lugar, si bien es cierto que el amparo es considerado como el principal medio de control constitucional con el que cuentan las personas dentro del orden jurídico mexicano para la protección de sus derechos fundamentales y, por su parte, las acciones de inconstitucionalidad están pensadas como una garantía constitucional de derechos ante normas contrarias a nuestra Constitución, resulta interesante el análisis de los planteamientos realizados en las controversias constitucionales interpuestas contra la LSI respecto a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Esto es visible, al menos, desde la óptica de un conflicto competencial entre los diversos entes institucionales legitimados.

Las controversias constitucionales están diseñadas fundamentalmente para casos de invasión de competencias entre distintos entes públicos, por lo cual en este tipo de recursos no necesariamente se realiza un estudio del fondo en cuanto a la constitucionalidad de las normas impugnadas, a diferencia de lo que sí sucede con las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, sólo las violaciones constitucionales relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal forman parte del universo de posibles conflictos sobre la invasión, vulneración o simple afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional.2 Al respecto, diversas controversias constitucionales interpuestas ante la SCJN contra la LSI plantean que de ésta se deriva un conflicto competencial respecto a las obligaciones en materia de derechos humanos contenidas en el artículo 1º constitucional, el cual dispone que “[t]odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos […]”.3

Por ejemplo, el municipio de San Pedro Cholula, Puebla4 establece en su tercer concepto de invalidez, contra el artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior, que existe una potencial violación a los derechos humanos al disponer de las fuerzas armadas de forma indiscriminada y permitirles realizar tareas relacionadas con la seguridad pública, las cuales son competencia de los municipios. Por su parte, el municipio de Oxkutzcab, Yucatán, vinculó de manera directa la controversia en relación al citado párrafo tercero del artículo 1º constitucional,5 en cuanto a que el mismo artículo 6 y los artículos 26 y 30 de la Ley de Seguridad Interior, dotan de facultades a las autoridades federales y a las fuerzas armadas para realizar ciertas acciones relacionadas con los “actos de riesgo” en el territorio de los municipios, sin contar con un ningún parámetro definido sobre lo que debe entenderse por éstos, situación que facilita la inminente posibilidad de restricciones a los derechos humanos y sus garantías. En el mismo sentido, el municipio de Hidalgo de Parral, Chihuahua,6 plantea que los artículos 1, 2, 6, 11, 13 y 15 párrafo segundo, así como los capítulos quinto y tercero, y quinto transitorios de la Ley de Seguridad Interior contravienen el modelo constitucional de distribución de competencias en materia de seguridad. Lo anterior se debe a que, según lo planteado, además de invadir la autonomía y esfera de competencia del municipio, advierte una “potencial violación a derechos humanos”, ya que la precisión y delimitación competencial, guarda un estrecho nexo con la efectiva garantía de éstos. Por ello, dicho municipio plantea que “[a]plicar a la realidad competencial el tema de los derechos humanos es de vital importancia”.

Es menester señalar que, como parte de su fundamentación ante esta referida “potencial vulneración de los derechos humanos” en el marco de un conflicto competencial, estos municipios han tomado como referencia la experiencia internacional del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública,7 y han ejemplificado la situación nacional con el famoso caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, la cual fue perpetrada por militares.8 Al respecto, no debe perderse de vista que además del caso Radilla, tan solo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la gran mayoría de los casos relacionados con la responsabilidad internacional de México por la vulneración de derechos humanos, están enmarcados en el contexto de utilización de elementos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, dentro de la ya conocida y fallida estrategia de seguridad. Por mencionar solo algunos ejemplos, se encuentran los casos de tortura sexual de las mujeres indígenas Valentina Rosendo Cantú9 e Inés Fernández Ortega;10 así como el reciente caso que se encuentra pendiente de sentencia de fondo, sobre la desaparición forzada de tres miembros de la familia Alvarado.11

Ante este panorama, es interesante la forma en la que los municipios plantean, desde su posición de garantes, la salvaguarda de los derechos humanos de la ciudadanía a través un medio de control constitucional que tiene como finalidad manifiesta la determinación de las esferas de competencia de los órganos y poderes cuya existencia prevé la Constitución federal12 y cuyo objeto pareciera simplemente asignar una competencia a favor de uno u otro.13 Sin embargo, no se debe perder de vista que la SCJN ha determinado con anterioridad que si bien las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, entre sus fines incluye también de manera relevante el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, por lo que deben servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irían en contra del pueblo.14

2. Argumentos de las acciones de inconstitucionalidad en materia de la intervención de las fuerzas armadas como política pública fallida

En segundo lugar, el problema de la inseguridad en México ha sido reconocido por la sociedad mexicana como el principal problema público del país. El 64.5%15 de la población considera que su entidad federativa es insegura y, claro, esta percepción está fundamentada en hechos. Tan solo el pasado mes de julio se registraron 2,599 homicidios dolosos en México (los cuales se suman a los más de 16,000 que han ocurrido en lo que va del año 2018).16 Precisamente este fue el argumento transversal de casi todas las impugnaciones a la LSI, particularmente en las acciones de inconstitucionalidad de la CNDH y la Comisión de DDHH de Jalisco, así como en la controversia de la Defensoría de DDHH de Oaxaca.

Estas cifras exponen que la estrategia de seguridad pública bajo un enfoque militar, implementada hace algunas décadas, ha sido una estrategia fallida que no sólo no ha logrado reducir la violencia en nuestro país, sino que la ha multiplicado, profundizando la crisis institucional y social que se vive en México. Esta situación no responde a una normalidad y ocurre dentro de una laguna legal, pues el uso de las fuerzas armadas debería presentarse únicamente en casos excepcionales. Tan es así, que éstas no cuentan con facultadas constitucionales para realizar las labores de seguridad publica17 y, aunque existen argumentos a favor y en contra de la estrategia militarizada, es una realidad que existe una correlación entre el número de homicidios dolosos cometidos en una entidad, y el número de enfrentamientos armados de las fuerzas armadas en el marco de sus operativos.

El Cuadro 1 muestra que, por ejemplo, durante el Operativo Conjunto Chihuahua (OCC) entre 2008 y 2010, ocurrió un aumento en el número de homicidios dolosos cometidos, al tiempo que aumentaron los enfrentamientos de la SEDENA contra grupos del crimen organizado. Cabe recordar que hoy en día existen denuncias18 ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de las autoridades militares y civiles responsables del OCC por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el operativo.

Cuadro 1. Homicidios dolosos en Chihuahua entre 2007 y 2011 y número de enfrentamientos de las Fuerzas Armadas en el marco del OCC.

Año Número de homicidios dolosos Enfrentamientos de la SEDENA en Chihuahua
2007 617 0
2008-OCC 2030 13
2009-OCC 3156 23
2010-OCC 3903 29
2011 3085 14

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Movimiento Mundial de los Derechos Humanos.

La promulgación de la LSI no representa un cambio, sino que representa la continuidad de una estrategia -fallida- que ha dejado tras de sí dolor y muerte. Para concluir esta sección, el problema de la inseguridad en México continuará mientras se siga haciendo uso de los mismos medios. Entre otras acciones, es fundamental que se profesionalicen a las autoridades civiles, así como poner en marcha un plan estratégico para la desmilitarización paulatina de la seguridad pública.19

3. Argumentos en materia de derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales

En tercer lugar, la otra discusión que deriva de las impugnaciones presentadas contra la Ley es la relativa a sus artículos 9 y 31, en materia del derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó, en su calidad de organismo constitucional autónomo garante de estos derechos,20 una acción de inconstitucionalidad al respecto.21 En términos muy similares se presentaron otras acciones de inconstitucionalidad por parte de los diputados y senadores de la LXIII Legislatura,22 la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro,23 así como algunas controversias constitucionales promovidas por diversos municipios de la República.24

Al respecto, entre los principales argumentos fue señalado que el artículo 9 de la citada ley, dispone que la información que se genere con motivo de su aplicación será considerada de seguridad nacional, al equiparar erróneamente los conceptos de seguridad interior con seguridad nacional. Esto genera una limitante no prevista por el poder reformador al categorizar la totalidad de la información producida como de “seguridad nacional”, cuando ello debe de ser hecho atendiendo a la naturaleza misma de la información. Lo anterior no solo excede de sus facultades al legislador, sino que genera con ello una indebida excepción artificial al acceso de la información y, sin criterio de razonabilidad alguno, impone restricciones y límites injustificados al ejercicio de este derecho fundamental. Por lo tanto, se plantea la contrariedad de tal precepto a lo dispuesto en los artículos 1 y 6 de la Constitución, así como de los artículos 1, 2, 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Aunado a ello, no hay que perder de vista que, actualmente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6º constitucional y de observancia general, establece claramente en su artículo 108 que la clasificación de información reservada se realizará conforme al análisis caso por caso, mediante la aplicación de una prueba de daño. Por lo cual se contraviene incluso un marco jurídico ya existente en materia de acceso a la información. Además de esto, respecto al derecho a la protección de datos personales, el artículo 31 de la Ley impone la obligación a las autoridades federales y los órganos autónomos de proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en materia de Seguridad Interior.

De acuerdo con las impugnaciones, este precepto no solo menoscaba la autonomía constitucional del INAI, sino que también restringe el derecho humano de la privacidad y la protección constitucional de los datos personales al significar una restricción y limitación de tal derecho fundamental. Es posible establecer lo anterior, habida cuenta que, en tal artículo, se dispone una contrariedad a la certeza jurídica al no precisar en momento alguno qué tipo de información se puede solicitar. De esta manera no solo es contrario a los artículos 6, 16 y 31 de la Constitución, sino también a los dispuesto en los tratados internacionales de los que México es parte en la materia, como lo son el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al mismo tiempo, no se tomó en cuenta que dicha medida legislativa de carácter restrictivo siguiese un fin legítimo, fuese idónea, necesaria y proporcional para garantizar la seguridad interior.

Para finalizar, no queremos dejar pasar la oportunidad para enfatizar que en este caso la Corte se ha mostrado especialmente reacia a transparentar sus decisiones judiciales: desde la negativa a realizar consultas con la sociedad civil; la clasificación reservada de la totalidad de la información sustantiva del expediente; el desechamiento apresurado de algunos de los recursos interpuestos y; finalmente, la posición poco cercana y nada sensible a los intereses y preocupaciones de la sociedad. Es precisamente esa forma de conducirse la que ha logrado que la ciudadanía tenga poca confianza en las resoluciones de sus jueces y, en el caso del Suprema Corte, es lo que ha dado la oportunidad para que otros actores políticos (institucionales o no) le hagan blanco de señalamientos desafortunados sobre falta de independencia o poco entendimiento de las condiciones y necesidades de la sociedad mexicana.

Por lo tanto, este caso es otra oportunidad perdida para la Corte, y un reto más para la sociedad civil organizada: a falta de transparencia judicial proactiva y cercanía con la ciudadanía, la sociedad deberá organizarse para tratar de impedir, por todos los medios posibles, que subsista un marco jurídico que permita que se perpetúe la tragedia nacional.

Nota: Los autores agradecen al Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo recibido para la elaboración de esta investigación. Todos los documentos de la investigación pueden consultarse aquí: https://goo.gl/NXJM3o

Carlos Escobedo. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM; miembro del Grupo de Jóvenes del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer Stiftung. Twitter: @carlosescobedos

Enrique Sierra. Estudiante de Ciencias Políticas en la Ibero CDMX; miembro del Grupo de Jóvenes del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer Stiftung. Twitter: @EnriqueASierra

Andrea Tejero. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UADY. Twitter: @AndreaTejero


1 Suprema Corte de Justicia de la Nación “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2018 Y SUS ACUMULADAS 8/2018, 9/2018, 10/2018, 1112018,1612018 Y 21/2018”.

2 Jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.)

3 Véase. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, párrafo tercero.

4 Controversia Constitucional 4/2018, escrito inicial de demanda.

5 Séptimo concepto de invalidez, Controversia Constitucional 40/2018, escrito inicial de demanda.

6 Controversia Constitucional 10/2018, escrito inicial de demanda.

7 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 78.

8 Véase. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209.

9 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216.

10 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215.

11 CIDH, Informe No.3/16, Caso 12.916. Fondo. Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes, José Ángel Alvarado Herrera y otros. México. 13 de abril de 2016.

12 Tesis: P./J. 21/2007.

13 Cfr. Orozco y Villa, Luz Helena, “¿Qué es una controversia constitucional?”, Nexos, 28 de mayo de 2010.

14 Tesis: P./J. 101/99

15 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública.

16Julio rompe (otro) récord de violencia: es el mes con más homicidios en 21 años”, Animal Político.

17 CPEUM, Artículo 21.

18 Federación Internacional de los Derechos Humanos, “Denuncian a autoridades militares y civiles ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos en Chihuahua, México”, Federación Internacional de los Derechos Humanos.

19 Entrevista a Alfredo Lecona sobre la Ley de Seguridad Interior y el Colectivo #SeguridadSinGuerra realizada por Enrique Sierra Vélez el 13 de octubre de 2018 en la Ciudad de México.

20 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, fracción VIII.

21 Acción de Inconstitucionalidad 8/2018.

22 Acción de Inconstitucionalidad 6/2018.

23 Acción de Inconstitucionalidad 11/2018.

24 Véase, inter alia: Controversias constitucionales 40/2018 y 4/2018.