En una desafortunada interpretación del llamado principio de determinancia en materia electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión de la Sala Ciudad de México de anular la elección para la alcaldía de Coyoacán. Lo que distingue a este caso de otras revocaciones recientes de la Sala Superior es el hecho de que en la instancia regional se habían hecho valer elementos constitutivos de violencia política de género.

La sentencia SCM-JRC-194-20181 de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF había determinado la nulidad por el uso indebido de recursos públicos en las campañas al haber vulnerado principios constitucionales de equidad y legalidad, así como por presentar violencia política de género. Por su parte, la Sala Superior reconoció que se habían presentado dichas condiciones, pero que estas no resultaban suficientes para anular la elección al no alcanzar el estándar de determinancia.

Los hechos del caso

Lo hechos alegados en el caso incluyen actos perpetrados a las afueras del domicilio de la candidata (balazos, actos de odio y violencia) presumiblemente con la finalidad de que desistiera en su intención de seguir participando en la contienda electoral. Durante la campaña electoral se difundieron diversos materiales en los que se denostó su imagen ante la ciudadanía, al imputársele la comisión de delitos relacionados como fraude, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción, así como la muerte de una persona de la tercera edad.

Asimismo, se utilizó de manera despectiva y fuera de contexto la imagen de la candidata de su participación en la película “La Tarea” que protagonizó con el actor José Alonso en la década de los años ochenta, al repartir folletos con fotos semidesnuda promovidos por Mauricio Toledo y repartidos por personas presuntamente afines al partido que postuló al hoy alcalde. Fue a través de estos que se indicó que los actos de la ciudadana “denigran a la mujer y resaltan la falta de valores en la familia”. También, se le asignó el calificativo de “amante de René Bejarano”, situación y calificativo que parte de la base de un estereotipo de género en detrimento de la imagen y honra de la candidata.2

Aun cuando las conductas anteriores fueron consideradas como probadas, la Sala Superior no consideró como determinantes dichas agresiones. La Sala pudo hacer esto en tanto que no existe un estándar claro para distinguir cuándo una violación es determinante o cuándo no lo es. La discrecionalidad de los jueces es posible debido a la existencia de ambigüedades simbólicas en conceptos como “trascendencia”, “racionalidad” o “causalidad”.

Las sentencias de la Sala Regional y la Sala Superior

El primer problema grave es que la sentencia de la Sala Superior valida la inejecución de la determinación de otra autoridad: la relativa a la suspensión de la operación del programa de la delegación Coyoacán denominado A tu lado por el IECM. Fue a través de éste del cual se comprobó que se ejercieron recursos públicos de manera ilícita para beneficiar a Manuel Negrete. Esta situación resulta particularmente grave porque mina la confianza en la fuerza de las determinaciones del propio Poder Judicial y de las instituciones electorales en lo general. Una resolución semejante es como dispararse en el propio pie, pero a la Sala parece ya no importarle lo que piensen de sus integrantes o determinaciones. No abundaremos más al respecto, porque no pretendemos quitar atención al tema central de la violencia política de género, pero es claro que el asunto es igualmente reprobable.

Adicionalmente a este problema, encontramos diferencias fundamentales en las sentencias, mismas que abordaremos a continuación:

Sala Regional Ciudad de México
Sentencia SCM-JRC-194-2018

Sala Superior
Sentencia SUP-REC-1388-20183

Reconoce que el criterio de determinancia cualitativa es el idóneo para valorar la finalidad de las normas jurídicas y los prinicpios consitutcionales y convencionales que se estiman violados

Desconoce su propia interpretación del criterio de determinancia cualitativa

Reconoce expresamente la aplicabilidad de criterios de carácter convencional, y no solo los de legalidad

Desconoce la aplicación de normativa internacional y no ejerce control de convencionalidad

Declaró la nulidad por el uso indebido de recursos públicos mediante el uso de programas sociales y la vulneración a los principios constitucionales de equidad y legalidad.

Determinó que el uso indebido de los recursos público mediante el programa social “A tu lado” no fue debidamente probado y que fuese determinante para el resultado.

Considera que la propaganda basada en estereotipos de género sí generó impacto en el ánimo de los votantes, rompiendo la equidad en la contienda.

Concluye que no está acreditada la determinancia sobre la trascendencia de la violencia política de género.

Considera que no es necesario acreditar la relación entre la violencia política de género y la cantidad de votos obtenidos (o perdidos) por la candidata.
(Páginas 105 y 110)

Considera que las violaciones acreditadas no trascendieron al resultado de la elección.

Afirma que la violencia acreditada implica no solo un daño personal a la candidata, sino al sistema democrático en su conjunto.

Considera que la violencia sólo tuvo efectos personales en la candidata.

Como se puede observar, la sentencia de la Sala Superior dejó de lado al menos lo siguiente:

1. Las circunstancias particulares en que se cometió la violencia política de género.
2. La participación de servidores públicos en la campaña de descalificación y desprestigio de la imagen pública de la candidata.
3. La relevancia del bien jurídico tutelado que se lesionó con la conducta infractora.

Desde el punto de vista de los autores, los resultados de un proceso que involucró violencia política de género no deberían considerarse aptos para renovar los cargos de elección popular. Además, el criterio de determinancia no debería operar en casos de violencia política de género. El argumento es viejo pero efectivo: el de los derechos en serio de Dworkin.4 Tomarse la violencia política de género en serio en una democracia constitucional, implica el compromiso firme de todos los entes del Estado para desconocer los resultados políticos de un proceso que transgrede la equidad de género y los mínimos de dignidad, autonomía e igualdad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.

En ese sentido, creemos que la sentencia de la Sala Superior tiene, por lo menos, los siguientes problemas:

1. Aplicó erróneamente el test de determinancia, cuando no debió hacerlo para este caso.
2. Al aplicar el test de determinancia, desconoció el criterio cualitativo o le dio un peso ínfimo.
3. No evaluó la violencia política de género como una violación a principios constitucionales.
4. No ejerció control de convencionalidad, más aún ante la ausencia de normatividad interna aplicable.

Inaplicabilidad del test de determinancia y errónea valoración de la determinancia cualitativa

Es cierto que nuestro régimen de nulidades en materia electoral, en aras de la certeza de los procesos, establece un estándar estricto para la determinación de la nulidad, debiendo acreditarse una serie de 5 elementos.5 Sin embargo, la misma Sala Superior (con otra integración, evidentemente), ha indicado que la determinancia como límite para la configuración de la nulidad en tanto protección del principio de conservación de los actos públicos no puede llegar al extremo de implicar una negativa al acceso a la justicia.6 Esto es precisamente lo que sucedió en este caso en concreto, tanto para la candidata agraviada como para el sistema democrático en su conjunto.

El criterio de determinancia atiende a una regla de mayoría democrática, en tanto que está pensada como un umbral de afectación que limitará los efectos del reconocimiento de la violación a principios constitucionales y derechos políticos, al grado de hacerlos inoperantes, en aras de que se sostenga la decisión de la mayoría. En contraposición, los derechos individuales (y las decisiones judiciales que los protegen) tienen la característica de ser contra-mayoritarios.7 Igual o más importante es el que los fallos relativos a casos de violencia política de género, atendiendo al contexto de violencia generalizada hacia la mujer en nuestra sociedad y cultura, necesariamente tienen efectos más amplios al de la esfera jurídica de las partes, en tanto que su efecto político irradia, influye y tiene potencial transformador de las decisiones de otras autoridades y de los actores políticos participantes en la contienda electoral. Y es que la relevancia especial de juzgar la violencia política de género es precisamente la potencialidad de desincentivar el despliegue de conductas antidemocráticas que impidan la libre participación de las mujeres en la política, participación que, históricamente se ha visto relegada, obstaculizada y disminuida.

Finalmente, la Sala Superior confundió su valoración de los agravios de los recurrentes, al ponderar al mismo tiempo la determinancia para la invalidez de la votación de ciertas casillas (para lo que usó el criterio cuantitativo), con la valoración de la determinancia para la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales (para lo que debió usar el criterio cualitativo). El ejercicio de la violencia política de género constituye en sí misma una violación a principios constitucionales y, por ello, la elección debió de haberse declarado inválida, no obstante, el umbral de determinancia cuantitativa que sí debía operar en el caso de la nulidad del voto en ciertas casillas.

Nulidad por violación a principios constitucionales e inaplicación del control de convencionalidad

Debido a esto, consideramos que la presencia de violencia política de género en un proceso electoral implica necesariamente la violación a principios constitucionales, por lo cual también debería considerarse la nulidad del proceso. Es posible llegar a tal conclusión al tomar en cuenta que otra integración anterior de la Sala Superior había determinado8 que los principios que deben respetarse en cada proceso electoral resultan vinculantes y, por lo tanto, constituyen condiciones o elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que sea considerada constitucionalmente válida.

En ese sentido, el Tribunal ha establecido como principios que deben observarse en toda elección para que esta pueda ser considerada válida, entre otros, el de la equidad en la contienda y el de control de constitucionalidad de actos y resoluciones electorales;9 esto último, a la luz de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, implica no solo la obligatoriedad del control de constitucionalidad de actos, sino también, y en consecuencia del bloque de convencionalidad, la obligatoriedad de juzgar la convencionalidad de los actos. Si el Tribunal hubiese sido consecuente con su propia interpretación sistemática al evaluar los actos conforme a estándares internacionales de derechos humanos10 y no con el estándar nacional de determinancia, necesariamente habría llegado a la conclusión de la invalidez de la elección.

Parece ser que a la Sala Superior se le olvida que no sólo fueron violentadas disposiciones legales y constitucionales del orden interno, sino que también se transgredieron instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano, susceptibles de interpretación por vía de control de convencionalidad tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o la Convención de Belem do Pará. El hecho de que judicialmente se minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias de la violencia política da pie a su normalización y perpetuidad. El papel del juzgador, al asignar un valor semántico a las disposiciones legislativamente ambiguas, cobra un carácter especialmente trascendente cuando están en juego no solo los derechos político-electorales de un actor determinado, sino también la posibilidad de incidir en fenómenos sociales complejos que, potencialmente, podrían modificar relaciones sociales de desigualdad.

Más allá de pronunciamientos, ésta era una oportunidad para que el Tribunal mostrara un compromiso real con el abatimiento de la violencia política contra las mujeres con razón de género. Tal parece que, en este país, todavía, para poder ejercer ciertos derechos hará falta la positivización de estos.

Hacia una legislación de violencia política de género

Finalmente, queremos destacar que este caso trae a colación uno de los eternos problemas de la filosofía jurídica en el ámbito judicial: el grado de discrecionalidad11 de las decisiones de los jueces ante la ausencia de normativa explícita, pues la violencia política de género sólo se encuentra reconocida normativamente a nivel nacional en precedentes jurisprudenciales.

Desde el año 2012, se han presentado una decena de iniciativas en el Congreso de la Unión para regular la violencia política contra las mujeres en razón de género; sin embargo, no se ha logrado la aprobación de ninguna por parte de las Cámaras. Lo más que ha sido logrado fue la emisión de un Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres12 en el 2016 pero seguimos sin contar con una ley en el tema.

Dentro de la minuta enviada por el Senado de la República a la Cámara de Diputados,13 se propuso definir e incorporar serie de acciones que constituyen violencia política de género contra mujeres como candidatas, en el cargo o hacia su persona tales como agresiones y amenazas durante la campaña, trato discriminatorio de los medios de comunicación, presiones para renunciar a favor de suplentes, acoso para evitar que ejerzan su función, difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias entre otras conductas. Pero ¿qué debe tener un buen marco normativo para luchar contra la violencia política?114 En primer lugar, es necesario tipificar este tipo de violencia como delito, partiendo de una definición clara que contemple el sujeto pasivo y activo, la acción u omisión, el bien jurídico tutelado, el concepto de género y las agravantes. El establecimiento de una legislación en la materia ayudaría a jueces y magistrados a resolver con base en prescripciones específicas y no solo en precedentes jurisprudenciales.

En ese sentido, consideramos rescatables las medidas de protección a la víctima en la sentencia de la Sala Superior que ordena al nuevo Congreso de la Ciudad de México revisar si la legislación de violencia política de género es conforme a estándares constitucionales y convencionales y, en su caso, deberá presentarse una iniciativa que cree o reforme la ley en la materia (con lo cual reincidimos en la importancia de la tipificación de la violencia política). De igual manera, ordena al Instituto Electoral local realizar un protocolo de violencia política de género y la publicación de desplegados. Sin embargo, dichas medidas resultan insuficientes cuando, en una perspectiva de “costo-beneficio”, quien violenta puede acceder al cargo público sin mayores repercusiones.

Carlos Escobedo Suárez. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM; miembro del Grupo de Jóvenes Construyendo Justicia del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

Edwin Méndez Sánchez. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM.


1 Juicios de revisión constitucional electoral, Sentencia SCM-JRC-194-2018.

2 Sentencia SCM-JRC-194-2018, página 104.

3 https://bit.ly/2D7DwYZ

4 DWORKIN, Ronald: “Taking rights seriously”, Harvard University Press, EUA, 1977.

5 a) Circunstancias de tiempo modo y lugar; b)la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar; c)la atribuibilidad de la conducta; d)incidencia concreta en el proceso electoral, y e)la afectación que en materia electoral pudo haber tenido la violencia política de género  en la validez de la elección. Sentencia SUP-REC-1388/2018, página 45.

6 TEPJF, Jurisprudencia 33/2010.

7 ELY, John: “Democracy and distrust. A theory of judicial review”, Harvard University Press, 1980.

8 Resolución al expediente SUP-JRC-359/2012.

9 Tesis X/2001 y Sentencia SUP-JRC-165/2008

10 Ver, por ejemplo: CORTE IDH: Caso “Véliz Franco y otros vs. Guatemala”, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de mayo de 2014, disponible en: https://goo.gl/sC9Xeg; Comité CEDAW: Recomendaciones Generales 19, 23, 28 y 33, disponibles en: https://goo.gl/ZMVGmD.

11 FLORES, Imer B: “¿Ensueño, pesadilla y/o realidad?, objetividad e (in)determinación en la interpretación del derecho” en CÁCERES Nieto, Enrique, “Problemas contemporános de la Filosofía del Derecho”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Serie Doctrina Jurídica, Num. 244, México, 2005.

12 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “Protocolo para Atender la Violencia Política para las Mujeres”, 2016.

13 Minuta envíada a la Cámara de Diputados de 14 de marzo de 2017, disponible en: https://goo.gl/3ahTEf

14 Nieto, Santiago, “¿Qué debe tener un buen marco normativo para luchar contra la violencia política?”, FREIDENBERG Andrés, Flavia Daniela & DEL VALLE Pérez, Gabriela: “Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Serie Doctrina Jurídica, No. 822, México, 2017. pp. 157-171