El sábado por la noche la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió en una apretada votación (4-3) validar la elección a la gubernatura del estado de Puebla. Unos días antes de esta discusión, el magistrado encargado de elaborar el proyecto, lo dio a conocer públicamente mediante su cuenta de Twitter y, esencialmente, propuso anular la elección porque a su juicio, las irregularidades acreditadas no permitían conocer la voluntad del electorado poblano.

El argumento central de tal proyecto de sentencia se basa en la violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales que afectaron de manera grave el principio de certeza, lo cual impide conocer de manera real, si su contenido es el fiel reflejo de la voluntad ciudadana.1

Con independencia de la polémica suscitada por la decisión finalmente adoptada por la mayoría de los integrantes del Pleno de la Sala Superior; paralelamente, se ha generado cierto desconcierto respecto de las razones para anular o validar esa elección. Concretamente respecto de la conveniencia de recurrir a una figura jurídica propia del derecho penal para aplicarla en materia electoral. Ello porque se alega que las normas electorales, no están diseñadas para cumplir con un canon de juicio criminal, ni que el proceso electoral pueda o deba llevarse a ese extremo.2

El propósito de este texto es explicar el por qué la figura de la cadena de custodia tiene sentido en materia electoral y la necesidad de acompañarse, en su caso, de un ejercicio robusto en materia probatoria.

¿Qué es la cadena de custodia?

La cadena de custodia es una figura mayormente utilizada en el derecho penal, que consiste en un procedimiento que garantiza preservar la autenticidad de las pruebas para poder reconstruir los hechos, esclarecer un crimen y generar convicción en quien vaya a juzgar y dictar sentencia en el caso. Se trata, en suma, de un procedimiento riguroso de preservación y procesamiento de evidencias que garantiza que las pruebas no se alteren, dañen, contaminen o destruyan. La cadena hace referencia a la serie de eslabones o etapas que tienen que ver con las personas que tuvieron contacto con las pruebas y si en algún momento se llegó a alterar la evidencia.

En materia penal tiene características propias y una lógica diferente a la que puede tener en asuntos de carácter civil, administrativo o electoral. Es decir, en materia penal existe un rigor especial debido al tipo de evidencias que se deben preservar y, por ello, se aplican técnicas de fijación de evidencia, estudios balísticos, toxicológicos, hemáticos y protocolos para tratar muestras de cabellos, fluidos, dientes, huesos entre otros.

La cadena de custodia penal busca preservar ciertos valores como son el investigar los delitos, castigar al responsable, evitar condenar al inocente y generar convicción plena en el razonamiento del órgano jurisdiccional al dictar su fallo.

Sin embargo, la lógica fundamental de la cadena de custodia tiene que ver con preservar la credibilidad y garantizar la autenticidad de las pruebas. En ese sentido, su uso es aplicable a cualquier rama del derecho en la que se presenta una controversia sobre los hechos.

¿Cómo aplicar la cadena de custodia al ámbito electoral?

El TEPJF ha entendido la cadena de custodia como una garantía de los derechos de todos los involucrados en el proceso electoral, en la que se asegura la certeza de los resultados del día de la votación a través del diligente manejo, guardado y traslado de los paquetes electorales; y se cuida así la evidencia que prueba quién debe acceder al poder y por qué es legítimo que lo haga.3

Es decir, la preservación de las pruebas de lo que pasó en una elección se deposita fundamentalmente en los materiales electorales y, por tanto, es una responsabilidad de la autoridad electoral llevar a cabo todas aquellas acciones y protocolos necesarios para tratar de manera diligente esas documentales.

El Reglamento de Elecciones, aplicable a autoridades locales y federales, regula todo aquello relacionado con la documentación y materiales electorales, las instalaciones para su resguardo, y los mecanismos de recolección de la documentación electoral al término de la jornada electoral, entre otros aspectos.

Así, los eslabones de la cadena de la cadena de custodia electoral se dan previo y al concluir la jornada electoral, durante la sesión de cómputo respectivo, en el traslado de paquetes a otra sede para realizar cualquier diligencia y, por su puesto, en el almacenamiento del material en las bodegas de la propia autoridad electoral.

¿Analizar la credibilidad de las pruebas?

De acuerdo con el académico Raymundo Gama, la cadena de custodia se rompe cuando existe un indicio que pueda llegar a poner en duda la autenticidad de los elementos probatorios preservados. Entonces se debe verificar si hay indicios razonables de que, previo a la jornada electoral y hasta la práctica de la diligencia de apertura, el paquete electoral pudo estar expuesto a una manipulación o alteración indebida y que ello derivó en un cambio en los resultados de la votación.4 Es decir, no se trata de un ejercicio mecánico, en el que podamos afirmar que porque no se siguió a pie juntillas un determinado procedimiento o porque hay alguna alternación a un paquete o porque se presentó algún retraso en el traslado de los mismos, automáticamente la prueba deje de tener credibilidad. Más aún, si tomamos en cuenta que esas irregularidades podrían derivar en una nulidad de casilla o de elección.

Las nulidades en materia electoral no se generan ante cualquier irregularidad pues ello obstaculizaría la renovación periódica de los poderes. Inclusive al análisis de esos casos resulta aplicable el principio general de derecho de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Lo que significa que el voto del electorado no debe ser viciado por irregularidades o imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado.

Para establecer si una irregularidad es o no determinante en el resultado de la votación recibida en una casilla o de una elección se aplican criterios como el aritmético o el cualitativo, además de que se puede analizar si de manera general la violación afectó alguno de los principios constitucionales que rigen las elecciones.

La argumentación judicial en sede electoral

La complejidad de los casos que involucran la violación a la cadena de custodia en materia electoral radica en argumentar cómo o de qué forma los indicios y pruebas ponen en duda la certidumbre de los resultados electorales. Es decir, primero se tiene que identificar qué eslabón de la cadena se vio afectado, si esa violación afecta a la confiabilidad de la prueba y, en su caso, la repercusión que ello puede tener en los resultados de la votación.

Por ejemplo, en el caso de las Choapas, Veracruz, la Sala Regional Xalapa determinó anular la elección municipal debido a que el Consejo Municipal no hizo constar que la bodega que contenía los paquetes electorales se hubiera cerrado y sellado en la presencia de los representantes de los partidos políticos, y que éstos hubieran firmado los sellos para evitar que los mismos se pudieran reemplazar.

Así también porque se advirtieron diversas inconsistencias en el traslado de los paquetes electorales y el Consejo General del Instituto Local no hizo constar en qué condiciones se recibieron los paquetes electorales.5

En otro asunto, la Sala Regional Xalapa anuló la elección del Ayuntamiento de Sayula de Alemán en Veracruz, ya que no se garantizó la cadena de custodia en el traslado de diecinueve votos reservados, que harían la diferencia en la votación de esa elección y, por ello, se afectaba sustancialmente el principio de certeza.6

Tanto en las Choapas como en Sayula de Alemán se presentaron situaciones de incertidumbre que ponían en duda la credibilidad de los resultados electorales. En las Choapas se trató de un cúmulo de irregularidades por parte de las autoridades electorales que vistas en conjunto generaban incertidumbre sobre el manejo de la documentación electoral, y que aunado al estado en que se encontraban los paquetes electorales, se podía concluir su alteración.

Por su parte, en Sayula de Alemán ante diversos hechos de violencia y, dadas las circunstancias del caso, un pequeño número de votos quedó fuera de la cadena de custodia, pero dado lo cerrado de la votación, no se generaba certeza sobre el sentido de la voluntad ciudadana.

En cambio, en otro asunto, la Sala Regional Toluca determinó modificar los resultados de la votación de una diputación por mayoría en Pátzcuaro Michoacán, ya que aun cuando se registraron hechos de violencia y se incendiaron diversos paquetes electorales; las copias de los resultados de esas casillas se conservaron en copia certificada y al carbón y, por tanto, eran pruebas creíbles para incluirlas en el cómputo distrital.7

Es decir, aun cuando los paquetes electorales correspondientes a tres casillas se incendiaron, la observancia de la cadena de custodia permitió que la reconstrucción de la votación en esas casillas pudiera ser tomada en cuenta para darle la vuelta a los ganadores por esa diputación local. Más recientemente, la Sala Superior determinó anular la elección del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León al estimar que no existía certeza sobre la integridad de los paquetes electorales desde la clausura de la casilla hasta la llegada al Consejo Municipal, lo que violó la cadena de custodia y contravino el principio de certeza y autenticidad del sufragio.8

Tanto en el caso Monterrey como en el asunto de la nulidad a la gubernatura de Puebla, el Pleno de la Sala Superior discutió cómo y en qué supuestos la inobservancia de los protocolos a la cadena de custodia en materia electoral puede generar incertidumbre respecto de los resultados de la votación. En su caso, si se podían considerar otras medidas o evidencias para subsanar la falta de documentación y para proteger la autenticidad de los resultados.

Se trat, pues, de casos difíciles que naturalmente generan polémica y posiciones diferenciadas al interior de los órganos jurisdiccionales pues requieren de un ejercicio importante de argumentación probatoria.

El derecho difícilmente puede verse como un conjunto de insularidades que no tienen vasos comunicantes entre sí. El uso de la figura de la cadena de custodia en materia electoral tiene una racionalidad propia, y requiere un ejercicio riguroso a fin garantizar la autenticidad de las pruebas ante situaciones de incertidumbre, teniendo en cuenta las reglas, principios y particularidades de la materia electoral.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Twitter: @pacozorrilla


1 Ver párrafos 1122 y 1124 del proyecto de sentencia presentado por el Magistrado José Luis Vargas Valdez.

2 Cruz Angulo, Javier, El Sol de México, “Posible anulación de la elección de Puebla”, 6 de diciembre de 2018.

3 Ver. SUP-JDC-1706/2016 y Acumulados.

4 Gama Leyva, Raymundo, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 21 Serie comentarios a las sentencias del Tribunal Electoral vertiente Salas Regionales, Aplicación de la Cadena de Custodia en Materia Electoral. Caso Albino Zertuche, México, 2014, pp. 55 y 56.

5 Ver sentencia con la clave alfanumérica SX-JRC-255/2013.

6 Ver sentencia con la clave alfanumérica SX-JRC-105/2017.

7 Ver sentencia con clave alfanumérica ST-JRC-150/2015, ST-JRC-150/2018 y ST-JDC-690/2018 Acumulados.

8 Ver sentencia con clave alfanumérica SUP-REC-1638/2018 y Acumulados.