En los últimos días se ha discutido mucho acerca de la cadena de custodia con motivo de la discusión sobre la validez de la elección a gobernador en el estado de Puebla. El proyecto de sentencia inicial proponía anular las elecciones a gobernador con el argumento de que se vulneró la cadena de custodia de los paquetes electorales.

Hace unos días, en este mismo espacio, Francisco Zorrilla reflexionaba sobre el sentido de la cadena de custodia en materia electoral y sobre la necesidad de contar con un ejercicio robusto en materia probatoria. Esta nota tiene como propósito avanzar en esa misma dirección, aunque dando un paso adicional para analizar si a la luz de las pruebas puede considerarse que se vulneró o no la cadena de custodia y si con ello se vulneró el principio de certeza que rige en materia electoral.

La noción de cadena de custodia cobra sentido al examinar la credibilidad y fiabilidad de las pruebas; concretamente, al examinar la credibilidad de las pruebas tangibles o circunstanciales (objetos, documentos, muestras, imágenes, grabaciones, etc.). Como sostienen Anderson, Twining y Schum “la autenticidad es el principal elemento de credibilidad de las pruebas tangibles”.1 Una debida preservación de la autenticidad de las pruebas permite emitir juicios de credibilidad y fiabilidad sobre las mismas.

La autenticidad de las pruebas puede ser materia de prueba y de argumentación. Es decir, la autenticidad de las pruebas puede ser puesta en duda o robustecerse a la luz de otras pruebas. En este sentido, cobra relevancia la presencia o ausencia de indicios o pruebas de manipulación, alteración, sustitución, etc. Tales indicios y pruebas tendrían que examinarse y valorarse para establecer si se afecta o no y hasta qué punto la autenticidad de las pruebas y con ello su credibilidad y fiabilidad.

En este contexto, cobra importancia la noción de cadena de custodia. Nuevamente en palabras de Anderson, Twining y Schum “[e]sa es la razón de que haya pruebas que establezcan la cadena de custodia desde el momento en que las pruebas fueron descubiertas o generadas hasta el momento en que las pruebas son presentadas en juicio. Si no conocemos todos los eslabones en una cadena de custodia, no podemos sustentar la autenticidad de una prueba tangible”.2 Desde estas premisas cobra sentido la utilización de la cadena de custodia en materia electoral, con la peculiaridad adicional de que su empleo tendría que articularse con la presencia de principios, criterios y estándares de decisión en materia electoral, entre los que se encuentran el principio de certeza, el principio de conservación de los actos válidamente celebrados y el principio de buena fe de los actos de las autoridades locales.

Esta articulación entre el análisis de la credibilidad de las pruebas y las peculiaridades de la materia electoral no sólo es necesaria para entender a cabalidad esta herramienta, sino que redunda también en el éxito o fracaso de su utilización. Sin embargo, esta no fue la metodología que se siguió en el proyecto de sentencia que se discutió el pasado 8 de diciembre y en el que se planteaba anular la elección por violación de la cadena de custodia. En particular, no se llevó a cabo una adecuada metodología de análisis y valoración de las pruebas en la que se examinara el cúmulo de indicios a favor y en contra de la hipótesis de que existió una alteración o manipulación de los paquetes electorales y sus contenidos.

El argumento que se esgrimió fue que se vulneró la cadena de custodia porque los paquetes electorales “estuvieron expuestos a una posible manipulación o alteración de su contenido o la información en ellos asentada”.3 Una cosa es afirmar que se alteraron o manipularon los paquetes electorales y examinar esta hipótesis a la luz de las pruebas e indicios para determinar si dicha hipótesis resulta confirmada o desvirtuada y en qué medida. Una cosa muy distinta es afirmar que se produjo una exposición susceptible de manipulación o alteración.

Pero incluso si se trabajara con esta última hipótesis lo que se esperaría es que estuviera sustentada en un ejercicio riguroso de razonamiento probatorio. Los indicios que se examinaron para sostener la vulneración de la cadena de custodia fueron los siguientes:

(i) La autoridad electoral local ingresó en cincuenta ocasiones a dicha bodega sin que se hiciera del conocimiento de los partidos políticos. (ii) En esas diligencias se abrieron y trasladaron paquetes electorales. (iii) La bodega central tenía tres accesos (un acceso principal, un acceso en la zona oriente y un acceso en la zona norte. (iv) La bitácora elaborada para llevar a cabo un resguardo y control de la documentación electoral presentaba inconsistencias o deficiencias y en algunos casos lo que aparece en la bitácora no se corresponde con lo que aparece en los videos. (iv) Los videos de la cámara de seguridad instaladas en la bodega central sólo registran lo ocurrido en once (11) días de los cincuenta y tres (53) del período de custodia, no obstante se solicitó a la autoridad electoral local la totalidad de los videos. (v) Uno de esos videos registra el ingreso de una camioneta a la bodega que contiene los paquetes electorales, muestra cómo varias personas empiezan a subir paquetes electorales y cómo posteriormente sale dicha camioneta.

Así planteados, estos indicios apuntan fuertemente a la vulneración de la cadena de custodia. Sin embargo, se trata de indicios que debieron ser analizados, razonados y contrastados con otras pruebas y con las hipótesis de alteración o manipulación de paquetes electorales. Desafortunadamente esto no se llevó a cabo.

En primer lugar, las cincuenta ocasiones en las que la autoridad electoral entró a la bodega tienen sustento. Todas las diligencias fueron realizadas en cumplimiento de órdenes y de requerimientos del Tribunal Electoral estatal y de la FEPADE. El propio proyecto detalla sucintamente de las páginas 329 a 342 el total de las cincuenta diligencias de apertura y cierre de la bodega, indicando en cada caso la fecha y hora, las personas del instituto que participaron en ella, el motivo de apertura y el detalle de cada oficio del requerimiento, así como el propósito de la diligencia.

Así, lo que a la luz de algunos indicios parecería una actividad orquestada para manipular y alterar paquetes electorales podría ser interpretado como una serie de actividades encaminadas a diligenciar requerimientos de autoridades, lo que permitiría inclusive explicar que no hayan estado presentes los partidos en dichas diligencias y que se tratara de acciones realizadas en cumplimiento de las mismas. En este sentido, en el proyecto no se menciona ni razona si de acuerdo con los protocolos de los partidos políticos éstos debían estar presentes cuando se cumplimentaran requerimientos judiciales o ministeriales.

Es desde esta perspectiva y contexto como tendrían que apreciarse e interpretarse las cincuenta diligencias practicadas, así como las acciones de apertura o traslado de paquetes electorales registrados en el interior de la bodega. Es desde esta misma perspectiva y contexto como tendrían que examinarse los videos examinados a fin de apreciar e interpretar lo que éstos registran. Sin este contexto, la entrada de un vehículo a la bodega en la que se guardan los paquetes electorales podría interpretarse fácilmente como un acto de secuestro de paquetes electorales en el que participaría la autoridad electoral de consuno.

En cambio, sí resulta problemático que la autoridad electoral local únicamente haya enviado la grabación correspondiente a (11) días de los cincuenta y tres (53) del período de custodia y que haya inconsistencias entre los datos que aparecen en la bitácora con lo que se muestra en los videos. Pero nuevamente, lo que tendría que haberse realizado no es una mera descripción de este hecho, sino un análisis en términos indiciarios que examinara este hecho a la luz de otras pruebas y de las posibles explicaciones que la autoridad electoral pudiera haber realizado para así poder llegar a desvirtuar la presunción de buena fe en sus actuaciones. No bastaba por tanto con plantear que los paquetes electorales pudieron quedar expuestos a una alteración o manipulación sino que había que contrastarlo con las pruebas y las hipótesis en juego.

Pero lo que más sorprende es que estos indicios no hayan sido contrastados con los resultados derivados de la jornada electoral y con los resultados obtenidos del recuento total. De haber realizado este ejercicio de contraste se hubiera advertido que en uno y otro momento se mantuvo una diferencia de más de 100,000 votos entre las coaliciones que quedaron en primer y segundo lugar, que los resultados entre las dos coaliciones se mantuvieron constantes en los dos momentos y que en el balance total las dos coaliciones perdieron votos. La hipótesis de una eventual alteración y manipulación de los paquetes electorales en perjuicio de la coalición que quedó en segundo lugar, no solo no encuentra sustento en los resultados  de la votación sino que incluso resulta desvirtuada.

La cadena de custodia es una herramienta, no un fin en sí mismo. Lo que hay que ver es precisamente las pruebas, en este caso los paquetes, votos y resultados, y si éstos tuvieron alteración. Si todo se mantiene constante y no hay pruebas de alteración no cabe decir que se violó la cadena de custodia. Por el contrario, quien argumente que se rompe la cadena de custodia tendría que probarlo y argumentar cómo se desplazan los principios electorales, las presunciones de validez de los actos electorales, así como la buena fe de la que en principio gozan las actuaciones de las autoridades electorales

Esto no supone que no haya habido irregularidades en las elecciones a Gobernador en Puebla. Está probado que hubo una serie de irregularidades y de actos de violencia denunciados en distintos medios: balaceras, actos de violencia en al menos 51 casillas, ocho casillas en las que se suspendió la votación por actos de violencia que iban desde disparos al aire hasta presencia de personas armadas y encapuchadas, dos personas militantes del PRI que fueron privadas de la vida en el municipio de Chignahuapan, Puebla, robo de cuatro urnas a mano de personas encapuchadas y armadas, uso de un vehículo oficial para fines electorales en Cuetzalan, 800 boletas encontradas en una camioneta volcada.4 Todo esto está probado. Pero incluso considerando estas irregularidades como probadas no superan el estándar de decisión establecido legal y jurisprudencialmente para anular una elección.

Raymundo Gama. Profesor e investigador del ITAM.


1 Terence Anderson, William Twining y David Schum, Analysis of Evidence, 2ª edición, 2005, Cambridge University Press, p. 64. Hay traducción al español de esta obra publicada en Marcial Pons en el año 2015 bajo la coordinación de Flavia Carbonell y Claudio Agüero.

2 Ibid, p. 65.

3 Proyecto de sentencia del expediente SUP-JRC-204/2018 y Sup-JDC-517/2018 acumulados,  p. 323.

4 Ernesto Aroche y Aranzazú Ayala, Homicidios, robo de urnas y balaceras ensombrecen el proceso electoral en Puebla, noticia del diez de diciembre de 2018, consultable en: Animal Político
Asimismo, véase la nota de diez de julio de 2018 en el periódico digital ladobe titulada: La violencia electoral en el Estado de Puebla apunta a elección de Estado. Consultable en: Lado B
Lo anterior no implica por cierto que estos hayan sido los únicos actos de violencia o irregularidades ocurridas en el Estado de Puebla el día de las elecciones. Se trata simplemente de los hechos planteados por los actores en el recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral respecto de los cuales tenía la carga de la prueba de acreditar.