En los últimos días, meses e incluso años hemos escuchado en los diversos medios de comunicación que hubo un nuevo caso de feminicidio. Cada vez las víctimas son más jóvenes, tienen diversos contextos y muertes más impactantes. Y a todo esto: ¿qué es el feminicidio? El feminicidio es un delito que surge de la traducción de feminicide que significa la muerte de una mujer por ser mujer. Es decir, según la autora Diana Russell, es un asesinato misógino que surge del odio, desprecio, placer o sentido de propiedad de la mujer.1 Mismo que proviene de la continuidad de actos de violencia contra la mujer.

En nuestro país, los feminicidios comenzaron a estudiarse en ciudad Juárez, Chihuahua debido al aumento inaudito de muerte de mujeres. Uno de los casos que llamó la atención a las instituciones internacionales fue el caso González y otras, mejor conocido como el caso “Campo Algodonero”,2 donde se sancionó a México debido a la falta de responsabilidad internacional por las desapariciones, torturas y muertes de las jóvenes.3 Esto llevó a que la investigadora Marcela Lagarde estudiara y analizara las muertes de mujeres en dicho estado y, a partir de ello, logrará incorporar el feminicidio como un delito federal que después sería integrado por todas las entidades federativas.

¿Cuál es la realidad mexicana actual? En los últimos años no se han emitido estudios robustos y contundentes sobre el tema por parte del Estado. Los únicos estudios que han hecho son aquellos realizados por investigadores y sociedades civiles donde se demuestra la ausencia de datos referentes a este problema social. De manera general, lo que se sabe es que el feminicidio es un delito que ha estado presente en el país mexicano. Sin embargo, ni las instituciones gubernamentales ni la sociedad misma conoce la magnitud del problema o las medidas a tomar al respecto. Por ejemplo: según un estudio de la ONU Mujeres, con datos del 2016, en México mueren 7.5 mujeres diariamente.4 En cambio, en un estudio realizado en 2017 por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se afirma que en nuestro país mueren 6 mujeres al día.5 Se puede observar que en ambos estudios existe una discrepancia entre los ‘datos oficiales’. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a nivel nacional en 2015 se registraron 389 carpetas de investigación por presuntos delitos de feminicidio; en 2016, el número aumentó a 580 y; en 2017, fueron 617 carpetas de investigación levantadas en México.6 Y todavía faltaría considerar las cifras negras. Lo anterior evidencia que en México existe una desinformación con respecto a las cifras de mujeres muertes por el feminicidio.

Con respecto al tratamiento que el ministerio público ha dado al problema del feminicidio esto es lo que se sabe hasta ahora: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió una serie de datos sobre las carpetas de investigación iniciadas en el 2018. En dichos datos se mostraron que, hasta el mes de octubre, se registraron 625 presuntos delitos de feminicidio a nivel nacional.7 Las entidades con mayores casos son Estado de México con 74, Nuevo León con 58, Veracruz con 54, Chihuahua y Guerrero con 43. Y siguen sin tener en cuenta las cifras negras.

Ahora bien, desde el punto de vista legal, el feminicidio está descrito en el código penal federal de la siguiente manera:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan  antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia  en  el  ámbito  familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.8

Dicho delito tiene una pena privativa de cuarenta a sesenta años de prisión, así como de quinientos a mil días de multa. A partir de esta tipificación del delito, las demás entidades federativas incorporan su contenido. Por lo tanto, existe una poca variación en el contenido del Código Penal Federal dentro de los códigos penales de las entidades federativas.

En la mayoría de las situaciones, el delito de feminicidio no está tipificado apropiadamente: y sus motivos son por la definición del delito –éste se encuentra escrito en plural y requiere una pluralidad de conductas –; y porque se refiere considerar otros delitos como el secuestro y es difícil su abordaje debido a la necesidad de una denuncia previa; de una investigación en relación con el asesino y la víctima; de un estudio del arma homicida; y de la narración de los hechos y demostrar el nexo entre ambos. Por lo tanto, al ser de difícil la construcción de su evidencia, este  no suele sancionarse. Además, la forma en que se ha tratado este delito ocasiona que dividamos las muertes de mujeres a feminicidio y las muertes de hombres a homicidio. Permitir que se mantengan estas prácticas propicia que el feminicidio sea ignorado para la sanción de los actos de violencia vividos por la mujer antes de su muerte, el odio que la mujer pudo experimentar por el hombre, al grado de atentar contra su vida.

Aunado a esto, las acciones gubernamentales dejan mucho que desear. Un ejemplo de ello son las alertas de  violencia de  género (también conocidas como alertas de género) definidas, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia¸ como “el  conjunto  de  acciones  gubernamentales  de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”9 En un principio, las alertas de género parecían sonar como una acción seria del gobierno para confrontar y reducir los feminicidios. No obstante, dicha ley nunca define o establece cuáles acciones van a realizarse o cómo van a enfrentar o erradicar esta violencia. Esto conlleva a que las alertas de género sólo sirven para informar que en ese territorio hay un problema de feminicidios y que el Estado debería hacer algo. Actualmente hay 13 entidades federativas que cuentan con alertas de género en diversos municipios –ninguna entidad federativa en todo su territorio.10

Después de ver la magnitud del problema, ¿cuáles son las medidas que la sociedad mexicana debe tomar? El Estado mexicano debe invertir en investigaciones y bases de datos tanto de la academia como dentro de las fiscalías y ministerios públicos de toda la República para entender la gravedad del asunto y el impacto que tiene en las mexicanas. La nueva agenda debe incluir una investigación y recopilación apropiada de este delito. Una vez conocida esta información, será necesario emprender campañas de prevención –así como continuar con las ya existentes–, y erradicación de la violencia contra la mujer de todas las edades, así como establecer un seguimiento puntual de todos los casos. Cuando los casos lleguen a las autoridades judiciales, estos deberán ser sancionados conforme a lo establecido en el código penal y buscar el resarcimiento de las víctimas. Con ello, el gobierno debe tomar acciones contundentes y poner a funcionar las ya existentes. Todo esto requiere de un amplio trabajo de coordinación y de seguimiento.

Como conclusión, México ya no puede seguir ignorando todas las muertes de mujeres que se ha cargado por años. En tan sólo los últimos 30 años, en el país han habido 47,154 asesinadas y 15,000 violaciones sexuales denunciadas anualmente de mujeres y niñas.11 El feminicidio tiene que ser un problema que se incorpore a la agenda pública para encontrar soluciones y erradicarlo. El asesinato de mujeres no es problema ajeno, ni de una sola entidad federativa ni algo que va a desaparecer por sí solo. Si las autoridades siguen sin adoptar  el compromiso nacional que tienen con las mujeres mexicanas y que cumplan con sus obligaciones internacionales, el problema sólo seguirá aumentando, al igual que la desinformación, la impunidad y las alertas de género. El primer paso es reconocer que no entendemos ni le damos seguimiento al problema y, a partir de ello, que van a existir actuaciones efectivas para subsanar las deficiencias.

Elizabeth V. Leyva. Estudiante de la licenciatura de derecho en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @elizaabethleyva.


1 Ana Isabel Garita Vílchez, La regulación del delito de Femicidio/feminicidio: En América Latina y el Caribe, (Panamá, 2014), 15.

2 El caso del Campo Algodonero surge a partir de la muerte de  ocho mujeres encontradas en un campo algodonero el 7 de noviembre de 2001, sólo seis de ellas pudieron ser reconocidas: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia; años después fue reconocido el cuerpo de Claudia Ivette González.

3 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras vs. México.

4 ONU Mujeres, La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, (México: ONU Mujeres, 2017), 20.

5 Instituto Nacional de las Mujeres, Boletín: Desigualdad en cifras, Año 3, Número 7, 7 de julio de 2017.

6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género, 31 diciembre 2017, 19.

7 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Víctimas de delitos del fuero común 2018,Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de delitos y las víctimas CNSP/38/15”, 20 Octubre de 2018.

8 H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Legislatura LXII,  Código Penal Federal¸ Título decimonoveno, Capítulo V: Feminicidio, Artículo 325.

9 H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Legislatura LXII,  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia¸ Título primero, Capítulo V: De la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres, Artículo 22.

10 La lista de las entidades federativas:

1. Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcallí.

2. Morelos: Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

  • 3. Michoacán: Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.4. Chiapas: Se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

    5. Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

    6. Veracruz: Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

    7. Sinaloa: Se declaró el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios: Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.

    8. Colima: Se declaró el 20 de junio de 2017 en 5 municipios: Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.

    9. San Luis Potosí: Se declaró el 21 de junio de 2017 en 6 municipios: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.

    10. Guerrero: Se declaró el 22 de junio de 2017 en 8 municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

    11. Quintana Roo: Se declaró el 7 de julio de 2017 en tres municipios: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad. Asimismo, requiere acciones específicas para el municipio de Lázaro Cárdenas, municipio de población indígena.

    12. Nayarit: Se declaró el 4 de agosto de 2017 en siete municipios: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo, establece acciones específicas para los municipios con predominante población indígena: Del Nayar, La Yesca y Huajicori.

    13. Veracruz: Se declaró el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

    Instituto Nacional de las Mujeres, Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 19 de octubre de 2018.

    11 Margarita Reyes Chávez, “Escalada Violenta Contra las Mujeres y Alertas de Genero” en Prevención de las violencias contra las Mujeres, una visión desde el consejo Social, (México: I1NMUJERES, 2018).