El arribo de la cuarta transformación, como se le ha denominado popularmente al cambio de administración, llega de la mano junto con sustanciales cambios dentro de la Suprema Corte que sin duda repercutirá en aspectos no menores del Poder Judicial de la Federación.

El noviembre pasado concluyó el encargo del ahora ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, una partida que se ha resentido notablemente en el campo de la doctrina jurídica por las grandes aportaciones al derecho a raíz de las resoluciones y sentencias surgidas bajo  su ponencia, debiéndole en gran medida tanto la reforma de derechos humanos de 2011 como el afianzamiento del control de convencionalidad como uno de las herramientas más efectivas en la labor judicial para garantizar la protección más amplia.

Asimismo, en unos cuantos meses concluye el encargo de la ministra Margarita Luna Ramos, quien también durante estos 15 años se caracterizó por una postura un tanto más formalista y conservadora, por lo que con ella y Cossío dejando de formar parte de la Corte se pierde un importante equilibrio que tenía lugar en la dinámica del Pleno de nuestro máximo tribunal.

En medio de estos cambios, concluye el periodo como presidente del ministro José María Aguilar Morales, quien seguirá siendo parte de la Corte, y deberá ser sustituido en el cargo por alguno de sus pares. Los aspirantes a ocupar tal posición son los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo,  Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar. Los cuales presentaron sus respectivas propuestas y líneas de trabajo, mismas que se pueden consultar aquí, y que permiten ponderar el giro administrativo que predominará tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura Federal en los siguientes años.

Jorge Mario Pardo Rebolledo

Pardo Rebolledo hace énfasis en la necesidad de un Poder Judicial independiente que esté al servicio del Estado y la sociedad, estableciendo que en este escenario de cambios es necesario que las instituciones públicas deben generar políticas que tomen al gobernado como el principal centro de sus decisiones. En ese sentido, a su juicio, el Poder Judicial debe acompañar esta evolución sin perder su autoridad o autonomía en las decisiones que en su interior acontezcan. Y, para ello, se requiere que los ciudadanos tengan mayor confianza en el Poder Judicial, de modo que sus resoluciones se perciban con un mayor nivel de legitimidad, pues, en pos de lograr un desarrollo y paz social es necesario que los juzgadores realicen su trabajo de manera imparcial, pero también con un elevado sentido humano.

Otras de las propuestas que se incluyen en su proyecto, es acabar con cualquier práctica de influentísimo para que quienes obtengan puestos en cargos judiciales no sólo sea gente altamente calificada para ejercer la función, sino que sea gente que se gane la mención con méritos propios. Incluso menciona construir modelos de sanción y medidas de disciplina que eviten aun la desviación más mínima. Llama la atención la mención a que también el personal  que no ejerce una función jurídica dentro del Poder Judicial debe estar altamente capacitada en áreas administrativas y recursos humanos.

Vale la pena destacar, que la austeridad es un eje importante de los cuatro candidatos y que responde a las exigencias de la sociedad plasmadas en la elección del pasado 2 de julio. De tal manera, que el ministro Pardo se comprometió a redistribuir el gasto y recortar aquellos que resulten innecesarios, de modo que la ciudadanía perciba que el presupuesto destinado a los funcionarios públicos que labora en estas instancia se utilice de manera eficiente lo cual repercute en una mejor perspectiva del Poder Judicial hacia su exterior, lo que fortalece su legitimidad ante la ciudadanía.

Para lograr lo anterior, propone crear un modelo de gerencia judicial que se encargue de desempeñar las actividades administrativas de manera que el poder judicial se enfoque únicamente en cumplir a cabalidad con su obligación de impartir justicia. Rebolledo considera también que algunas de las herramientas para fortalecer la confianza en la actividad diaria que llevan a cabo los jueces son la publicidad y la comunicación de modo que haya un mayor entendimiento social respecto las resoluciones que se dictan día con día.

En otros aspectos, también hace una propuesta de fortalecer la preparación de jueces en las instituciones que les permitan desarrollar habilidades necesarias para juzgar tanto con perspectiva de género como para conciliar conflictos de acuerdo al nuevo paradigma de justicia. Del mismo modo considera pertinente depurar la magnitud de asuntos que llegan a la Suprema Corte de modo que solo conozca de los asuntos más trascendentes para poder agilizar su labor, expandiendo las competencias de los Tribunales Colegiados.

Alberto Pérez Dayán

La propuesta de Peréz Dayán también apuesta por la independencia del Poder Judicial fortaleciendo su carácter garante como un contrapeso clave para así defender tanto la democracia como la división de poderes establecido en la Constitución mexicana.

Al igual que el resto de sus competidores, también entiende la necesidad de establecer confianza con la ciudadanía a través de un efectivo ejercicio de rendición de cuentas, de modo que se pueda supervisar con total transparencia la manera en que se utilizan los recursos públicos dentro la estructura de este poder.

Sin embargo, considera que una de las principales prioridades para conseguir un sistema judicial fuerte es potencializar la unidad de todos las instancias que lo integran y así robustecer su labor como garantes de la Constitución, pero respetando en todo momento la autonomía de todos estos órganos jurisdiccionales.

A su vez, propone que desde la Suprema Corte se combata la impunidad, corrupción, los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos, por lo que la autonomía que pretende fortalecer debe erradicar esas malas prácticas sin complicidad desde el interior del sistema judicial y eliminando aquellos criterios que dejan en condición de vulnerabilidad a los más desprotegidos.

El ministro Pérez Dayán también considera necesario mejor la eficiencia administrativa con la que se desempeña el personal que opera día a día en estos tribunales, lo que no sólo incluye a aquellos que se desenvuelven en la labor jurídica, sino que también los que realicen actividades técnicas deben estar lo suficientemente capacitados

Debido a la importancia que tiene la difusión del conocimiento jurídico, propone que dentro de la Suprema Corte se cree la secretaria ejecutiva de la cultura jurídica integrada por áreas que compartan ese mismo fin, de tal manera que se fortalezcan aquellas temáticas que compartan un mismo fin a la vez que se optimizan los recursos destinados para ese objetivo.

Una de sus propuestas más llamativas tiene que ver con el tema de derechos humanos y acceso a la justicia, lo cual conlleva en restructura el área de atención ciudadana de la Suprema Corte para que los usuarios tengan a su alcance tanto los medios legales como la información para el correcto ejercicio de sus derechos. También hace mención a la inclusión de personas con discapacidad y de género para eliminar barreras que permitan una mayor pluralidad en el poder judicial, así como el óptimo uso de medios de comunicación o nuevas tecnologías para informar con lenguaje cercano las resoluciones más relevantes y robustecer así la confianza con la ciudadanía.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

En su propuesta, Ortiz Mena es bastante explícito respecto reconocer el reclamo de la ciudadanía manifestado en las urnas durante la jornada electoral de julio el año pasado, lo cual conlleva a que las instituciones públicas reduzcan y moderen sus gastos además que sean más eficientes en el cumplimiento de sus funciones.

En ese aspecto, Ortiz Mena asegura que aunque el poder judicial debe mantenerse independiente a los cambios políticos, institucionales y económicos que conlleva la llegada del nuevo poder ejecutivo federal, otra manera de perder su legitimidad consistiría en ignorar las demandas razonables de una sociedad que exige austeridad a una labor que siempre ha sido asociada a los excesos y privilegios como lo es la jurisdiccional, por lo que mantener la autonomía no implica desconocer las transformaciones que tendrán lugar en el contexto social.

Señala que uno de sus principales objetivos será fortalecer las actividades de la comisiones de vigilancia y disciplina para generar programas de prevención y sanción a todo acto de corrupción para así incentivar ese escenario de transparencia en todas las instancias que pertenecientes al poder judicial.

Con el fin de acercar a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura a la ciudadanía, se pretende operar bajo un principio de máxima publicidad, de modo que sus resoluciones estén al alcance de la ciudadanía por medio de medios digitales, incluso traducirlos a lenguas indígenas para hacer de la actividad judicial un asunto inclusivo. Además de ello, se pretende que durante su presidencia se realicen diversos diagnósticos respecto al funcionamiento de los órganos judiciales en el país, promoviendo la participación de agentes externos al poder judicial tal y como la academia o la sociedad civil para que evalúen diversos aspectos de funcionamiento su gestión administrativa, eficiencia judicial y políticas laborales.

Ortiz Mena estima que para que la Suprema Corte pueda funcionar adecuadamente como tribunal constitucional es necesario depurar la cantidad de asuntos sobre los cuales tiene conocimiento. De tal manera que, teniendo una carga más delimitada, pueda emitir con mayor agilidad criterios sustantivos. Ya que es común que los ministros de la Corte destinen sus esfuerzos a resolver y pronunciarse respecto asuntos que terminan siendo desechados por no reunir los requisitos de procedencia y, por ende, no propician criterios de interpretación constitucional,  por lo que la idea sería generar mecanismos normativos internos para liberar a la Corte de tales casos y, de esta manera, pueda enfocarse únicamente en aquellos asuntos de índole propiamente constitucional.

Por último, vale destacar, que Ortiz Mena declara que aunque el respeto a las resoluciones judiciales es importante para garantizar la independencia judicial, es necesario que estas decisiones estén alineadas con los  criterios de protección a derechos humanos emitidos por la Suprema Corte de acuerdo al marco constitucional, por lo que uno de los principales artistas en su función será fortalecer la capacitación de los encargados de impartir justicia para que resuelvan los asuntos protegiendo en todo momento los derechos humanos y velando por la perspectiva de género, entre otras cuestiones relevantes.

Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar refleja en su propuesta que está muy consciente que el cambio de presidente de la Corte se da en un contexto político crítico al poder judicial desde el discurso público. Es el único de los candidatos que hace una mención explícita a la recién promulgada Ley Federal de Remuneraciones la cual implica un conflicto al interior del poder judicial respecto al marco institucional que la propia Constitución establece. Por ello considera, que el máximo desafío de quien ostente tal cargo, será defender la independía judicial sin propiciar una cruzada con los demás poderes o la ciudadanía.

Sin embargo, la defensa de la autonomía judicial no será efectiva en tanto que el poder judicial quede plenamente legitimado ante la sociedad, por lo que el primer paso será reconocer que hay cuestiones necesarias de corregir en su interior, mostrándose sensibles ante los reclamos de la ciudadanía ante el contexto político que se avecina. Añade que la mala reputación que tiene hoy día el sistema judicial está relacionada con un mal ejercicio de transparencia, por lo que a partir de ahí es necesario implementar programas de austeridad de modo que el presupuesto se refleje en una impartición de justicia pronta e imparcial.

Considera, a su vez, que es necesario tomar en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil respecto a que para acceder a un cargo judicial se apele a un sistema meritocrático que priorice las capacidades y perfiles antes que los vínculos o relaciones familiares.

Así, de acuerdo al contexto actual, Zaldívar propone establecer diálogos de comunicación con los demás poderes para defender la independencia del poder judicial, de manera que se puedan intercambiar puntos de vista de manera respetuosa. Justo, Zaldívar menciona que en el marco de expansión constitucional en el que nos encontramos, desde la reforma a derechos humanos en 2011, es necesario democratizar la justicia. Lo cual implica que debe abrirse y vincularse con elementos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales o con movimientos sociales para no encerrase en sí mismo y caer en las mismas prácticas. La independencia judicial no está exenta de la rendición de cuentas, fomentando el diálogo con la comunidad que está destinada a servir y transparente en todo momento respecto a su actuar.

El ministro Zaldívar plantea que se debe concebir al juez como un agente de cambio, renovación e impacto social, por lo cual se debe apelar a nuevos sistemas de selección de manera que los nuevos jueces no sólo conozcan el sistema normativo vigente, sino que sean capaces de utilizar herramientas de vanguardia como el control difuso de convencionalidad y demás fuentes de derecho internacional de modo que se armonice con la protección necesaria a los derechos humanos que el sistema jurídico requiere actualmente. Ello repercutirá positivamente en la percepción que la sociedad tiene del poder judicial otorgándole un matiz más humano y cercano a la actualidad. La Suprema Corte debe abrirse a atender audiencias públicas con expertos en diversas materias ajenos al saber jurídico o los amicus curiae de modo que la impartición de justicia se vuelva una cuestión abierta e inclusiva.

Dentro de sus propuestas se destacan la iniciativa de mejorar la calidad argumentativa de las sentencias, concibiendo éstas como herramientas de comunicación social de manera que no sólo sean comprensivas hacia el interesado, sino que permitan a la sociedad interesarse e inmiscuirse en la manera en que las resoluciones judiciales impactan diariamente su vida.

Víctor López Velarde Santibáñez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.