El 6 de junio de 2011 se publicó una reforma constitucional al juicio de amparo. Una de las innovaciones de esta reforma fue la introducción de la declaratoria general de inconstitucionalidad (DGI). Sin embrago, casi ocho años después, apenas se empiezan a explorar los problemas sobre su implementación.

¿Qué es la DGI?

Uno de los problemas que se identificaron en el proceso de reforma, fue que las sentencias emitidas en un juicio de amparo no pueden generar efectos generales. Esto quiere decir que si la Suprema Corte, los Tribunales Colegiados de Circuito o los Jueces de Distrito declaran la inconstitucionalidad de una norma, esta decisión sólo es aplicable a las partes en ese juicio y a nadie más. Esta cualidad prevaleció después de la reforma; sin embargo, se incorporó en la Constitución un mecanismo para que el Pleno de la Corte pueda expulsar una norma de forma definitiva del orden jurídico, únicamente cuando:1 1) la norma haya sido declarada inconstitucional en una jurisprudencia por reiteración;2 2) se hubiera otorgado un plazo de 90 días para que la autoridad corrigiera los problemas de la norma y 3) la expulsión de la norma sea aprobada cuando menos por 8 ministros.3 Cabe mencionar que esta nueva figura no es aplicable para normas de carácter fiscal. En la nueva Ley de Amparo el Congreso replicó estas reglas y precisó que la DGI no puede modificar el sentido de la jurisprudencia, debe ser obligatoria y tener efectos generales.4

Al momento de su incorporación, esta figura generó grandes expectativas. La intención era que sirviera para “superar el viejo paradigma de la relatividad de las sentencias de amparo” y reducir “las enormes injusticias provocadas por la aplicación de leyes inconstitucionales a la gente más humilde y pobre, que en los hechos no gozaba de la protección del amparo porque simplemente carecía de los recursos para contratar a un abogado”.5 Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Suprema Corte hasta diciembre de 2018 sólo se habían tramitado 15 DGI, de las cuales sólo 3 tenían sentencia y en ninguna de ellas se hizo un pronunciamiento de fondo.6

El primer intento: DGI 6/2017

El pasado 12 de febrero se presentó ante el Pleno de la Suprema Corte la primera propuesta para declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales. La Segunda Sala emitió una jurisprudencia por reiteración en la que declaró la inconstitucionalidad del artículo 298, inciso b), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Después de notificar al Congreso de la Unión y, una vez trascurrido el plazo legal, la Sala advirtió que el vicio detectado subsistía, por lo que inició el trámite de la DGI. El encargado de hacer el proyecto de sentencia fue el ministro Fernando Franco, quien propuso al Pleno expulsar la norma del orden jurídico nacional.

Durante la discusión se suscitaron diversas discrepancias sobre cómo debía abordarse procesalmente el asunto. Por un lado, la ministra Norma Piña argumentó que la jurisprudencia de la Segunda Sala debía ser sometida a discusión en cuanto a sus alcances pues los ministros de la Primera Sala no habían tenido oportunidad de estudiar si el artículo que se pretendía invalidar era inconstitucional. Asimismo, el ministro Pérez Dayán argumentó que la jurisprudencia versa sobre una materia que es común de las dos Salas, por lo que era necesario que los 11 ministros se pronunciaran sobre los alcances de la jurisprudencia. La ministra Margarita Luna coincidió con la necesidad de que todos los ministros se pronunciaran sobre los alcances de fondo pues se trataba de un criterio jurisprudencial de un órgano jerárquicamente inferior al Pleno; incluso argumentó que si había una mayoría en contra de la jurisprudencia ésta debería ser revocada. Por su parte, los ministros Jorge Pardo y Juan González señalaron que no coincidían con los razonamientos que expuso la Segunda Sala para sostener la inconstitucionalidad del artículo.

Por otro lado, el ministro Javier Laynez argumentó que la discusión de la DGI no debía consistir en “reabrir” juicios que ya fueron resueltos y que constituyen cosa juzgada. En ese mismo sentido, se pronunció el ministro Luis María Aguilar, quien señaló que lo único que se debía someter a consideración del Pleno era si se habían satisfecho todos los requisitos formales establecidos en la Constitución para que la norma fuera expulsada definitivamente del ordenamiento jurídico. En un punto intermedio estuvieron los ministros Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez y Fernando Franco quienes argumentaron que la exigencia de alcanzar una mayoría de 8 votos obligaba a que todos los ministros se pronunciaran sobre el sentido de la decisión de la Segunda Sala. Sin embargo, señalaron que el carácter obligatorio de la jurisprudencia estaba fuera de discusión.

¿Qué conclusiones podemos sacar?

Al final, el Pleno alcanzó un consenso para lograr la mayoría de 8 votos. Sin embargo, la discusión que se suscitó puso en evidencia las dificultades para que una norma declarada inconstitucional de forma reiterada, deje de generar efectos sobre toda la población de forma definitiva. Hay que señalar que este primer precedente surgió del supuesto más complejo posible, pues el hecho de que la DGI proviniera de una jurisprudencia emitida por una de las Salas de la Corte provocó una confrontación entre los ministros de ambas Salas en el Pleno que hasta ahora sólo podía suscitarse en una contradicción de tesis.

El criterio que emanó de la primer DGI es desolador para los defensores de esta “nueva” figura. Hoy una de las Salas de la Corte puede declarar que una norma es inconstitucional en 5 ocasiones distintas, con una mayoría calificada de cuando menos 4 votos, emitir una jurisprudencia obligatoria y, aun así, esa misma norma seguirá generando sus efectos sobre la población. Al menos hasta que el Pleno de la Corte revisite las consideraciones de la Sala y corrobore, con una votación de cuando menos 8 votos, que la norma era inconstitucional. Así, hoy es más rápido acudir a un juicio de amparo indirecto solicitando la aplicación de la jurisprudencia, a esperar a que la Corte expulse una norma a través de esta vía. En otras palabras, la justicia constitucional continúa estando al alcance sólo de quienes tienen los recursos para echar a andar la maquinaria jurisdiccional.

Héctor Armando Salinas Olivares. Licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Twitter: @ArmandoSalinasO


1 Artículo 107, fracción II de la Constitución Federal.

2 Es decir que hayan sostenido esta misma decisión en 5 ocasiones consecutivas, aprobadas con una mayoría calificada, para el caso del Pleno y las Salas de la Corte, y unánime para el caso de los Tribunales Colegiados de Circuito. Ver los artículos 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo vigente.

3 Sobre este tema recomiendo leer el artículo de Alfredo Narváez “Sobre las (absurdas y perniciosas) mayorías calificadas en la Suprema Corte

4 Artículos 231 a 235 de la Ley de Amparo vigente.

5 Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, “El Nuevo paradigma constitucional”, en De Cádiz al Siglo XXI, Pablo Mijangos (coord.), (Ciudad de México: Taurus, 2012), 544.

6 DGI 2/2012, 2/2016 y 5/2017.