La creación de la Guardia Nacional debe conducir a una reflexión sobre el estado actual de la prevención, la investigación y la sanción de los delitos. Pronto existirá en México un nuevo órgano con facultades constitucionales para perseguir a la delincuencia como no se había visto en nuestro país. Tendrá una fuerte intervención militar. Pero lo que ocurre antes de perseguir la comisión de un delito y, una vez concluida esta etapa, lo que sucede después con la judicialización y la sanción de las conductas, constituye la esencia de un sistema público capaz de dar respuesta a la grave situación de inseguridad.

Ilustración: Víctor Solís

A nivel federal, los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito resolvieron, durante el año de 2017, un total de 246,174 asuntos en materia penal. Ese año, la carga de trabajo ascendió a 300,429 causas penales; es decir, la capacidad para procesar la demanda de justicia superó el 80 por ciento (http://www.dgepj.cjf.gob.mx). La estadística acumulada para años anteriores arroja datos equivalentes y, de forma razonable, puede decirse que el sistema federal ha sido eficiente en recibir, atender y concluir los asuntos penales de su jurisdicción. Los poderes judiciales de los estados muestran una capacidad institucional ligeramente menor; el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal documenta, igualmente para el año 2017, el ingreso de casi 145,000 causas penales y la resolución de 114,000. Hasta ahí parecería no haber crisis por enfrentar. Sin embargo, el problema de inseguridad y de violencia, agudizado durante el sexenio pasado, no se encuentra en lo que el sistema conoce, sino en lo que ignora.

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), levantada por el INEGI, estimó en 2017 un total de 25.4 millones de víctimas mayores de 18 años. El número representa casi el 20 por ciento de la población nacional. Asimismo, se calculó en 93.2 por ciento la llamada cifra negra de delitos no denunciados. Al comparar la estadística censal reportada por el Poder Judicial de la Federación y por los poderes judiciales de los estados, con la información obtenida de la población encuestada a nivel nacional, las diferencias resultan descomunales. Pasamos de los cientos de miles a las decenas de millones.

Por muchos años se ha insistido en la falta de denuncia por parte de las víctimas. La desconfianza en la autoridad y el temor a represalias de los agresores concentran las razones por las cuales las personas desisten de presentar una acusación formal ante el ministerio público. En este ámbito surgen incógnitas importantes con respecto al futuro de la Guardia Nacional. Los principales delitos que afectan a la población, como el robo y la extorsión, requieren la querella del ofendido para activar el sistema judicial. ¿Generará el nuevo órgano de naturaleza civil y militar la confianza necesaria para motivar la denuncia del delito? Si no es así, veremos la detención de probables responsables y su pronta liberación por falta de querella. La omisión ciudadana de denunciar el delito llevaría a la Guardia Nacional a ejercer funcionesfundamentalmente preventivas.

Proporcionar alivio a la grave situación de inseguridad es una tarea que rebasa la discusión sobre el número de efectivos policiales en las calles. Se creó una Guardia Nacional que tendrá poderosos alcances en materia de persecución del delito en todo el país, pero esta medida debe ser acompañada de acciones que estimulen la denuncia ciudadana y, posteriormente, de las decisiones de política pública orientadas a crear nuevas capacidades institucionales para el ingreso, la atención y la resolución de una mucho mayor carga de trabajo que podría recaer en las autoridades ministeriales y jurisdiccionales. Hasta ahora los poderes judiciales federal y estatales han logrado procesar los asuntos de su competencia, pero con un número más elevado de causas penales derivadas de la actuación de la nueva Guardia Nacional y de una consciencia social favorable a la denuncia, previsiblemente se verán obligados en el futuro cercano a incrementar jueces y juzgados.

Agotada esta segunda etapa de planificación, se deberá retomar también el estudio sobre la situación carcelaria en el país. Desde hace tiempo se ha documentado la sobrepoblación y la falta de servicios básicos en centros penitenciarios (CIDE: 2014). Con más delitos denunciados y atendidos –y con la ampliación del catálogo sujeto a prisión preventiva oficiosa— el requerimiento de espacio en las prisiones crecerá con rapidez. La paradoja que exhibe la creación de la Guardia Nacional consiste en que su mejor desempeño provocará un incremento en la demanda de justicia y obligará a tomar medidas, a mediano plazo, en esas otras estructuras del sistema, como son los ministerios públicos, los poderes judiciales y los reclusorios. Es decir, una Guardia Nacional eficaz generará presión sobre el conjunto del sistema de justicia penal. La complejidad del tema invita, como en otros ámbitos de la vida pública del país, a la necesaria colaboración entre poderes descuidada hasta ahora por el gobierno federal.

Jerónimo Díaz Rebolledo. Abogado y consultor.