Si bien la marea parece haber cedido y no se perciben cambios sustanciales a corto plazo, la controversia sobre el destino de los refugios para víctimas de violencia de género en esta administración ha ayudado a visibilizar el papel que juegan estos espacios en la prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, me interesa abordar en las siguientes líneas un aspecto apenas percibido pero de enorme relevancia: la relación entre el derecho a la vivienda y los refugios para mujeres víctimas de violencia de género.

Como es bien sabido, el derecho a la vivienda se encuentra reconocido de manera expresa en la Constitución federal como un derecho humano.1 Si bien el contenido textual refiere como titular de ese derecho a “toda familia”, además de que no debe ser entendido en sentido restrictivo de las familias llamadas “tradicionales”, la titularidad real de ese derecho le corresponde a toda persona por el simple hecho de serlo. Distintos instrumentos en el bloque de constitucionalidad amplían esa protección a “toda persona”,2 por lo que la protección constitucional no puede limitarse a “las familias” como tal, atendiendo al bloque de constitucionalidad.

El derecho a la vivienda no se limita a “cuatro paredes y un techo sobre la cabeza”,3 sino que en realidad es más robusto de lo que a primera vista pudiera parecer. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC) desde un Observación General Número 4 ha reconocido distintos elementos que componen ese derecho, de las cuales se derivan un gran catálogo de obligaciones.4 Entre ellas se encuentra la seguridad jurídica de la tenencia, la cual no implica necesariamente que las personas posean un título de propiedad, sino que abarca distintas formas de protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.5

La seguridad jurídica de la tenencia en materia de vivienda adquiere una especial gravitación para los colectivos, como las mujeres, “que pueden verse forzadas a abandonar sus viviendas a causa de situaciones de violencia doméstica o que son discriminadas en el acceso a un título jurídico estable sobre sus casas o tierras”.6

Por otro lado, el Comité DESC ha destacado que los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados queden sin vivienda, por lo que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para proporcionar “otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”,7 dando especial atención a los casos en los que se vean involucrados, entre otros, mujeres y niños.8 Así, exista la obligación de proveer una vivienda alternativa9 hasta el máximo de recursos disponibles.10

El Comité DESC también ha descrito los desalojos forzosos como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos“.11 Frente a la situación de las mujeres, ha señalado que ellas se ven particularmente vulnerables a causa de la discriminación jurídica y otras formas de discriminación que suelen darse en materia de acceso a la vivienda, y de su particular vulnerabilidad a los actos de violencia y abuso sexual cuando se quedan sin hogar. Así, los Estados están obligados a que, cuando se produzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma de discriminación.12

De todo lo anterior no podemos sino concluir que: i) el derecho a la vivienda no se limita a poseer la propiedad de una vivienda; ii) el derecho a la vivienda incluye todas las medidas legislativas o de cualquier otro carácter de dan certeza a las personas de que no serán desalojadas; iii) el derecho a la vivienda incluye todas las medidas destinadas a prevenir y evitar los desalojos forzosos; y iv) el derecho a la vivienda debe ser analizado a la luz de la especial situación que viven grupos históricamente discriminados, como  es el caso de las mujeres.

Además, el concepto de desalojo forzoso planteado por el Comité DESC únicamente requiere acreditar, en lo pertinente para el presente caso, lo siguiente: i) el hecho de hacer salir a personas o familias de los hogares que ocupan; ii) en forma permanente o provisional; iii) sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.

La violencia de género al interior de los hogares arroja a muchas mujeres a la disyuntiva de si huir para sobrevivir pero renunciando a su vivienda base, o permanecer en ésta en constante riesgo contra su vida e integridad. Sea cual sea la decisión que toma la víctima, esa violencia funciona como coerción de facto para que la mujer abandone la casa, sea o no la intención del agresor. Cuando la violencia de género empuja a una fuga con tal de salvar la vida, es posible señalar que existe un desalojo forzoso por motivos de género, dejándolas sin la protección de una vivienda como base para poder ejercer sus derechos y desarrollar una vida independiente a la pareja agresora.

Es ahí cuando el Estado debe garantizar, ya sea por sí o a través de concesiones o financiamiento a instituciones privadas, la existencia de alternativas habitacionales para las mujeres que sufren violencia de género, no solo para resguardar su vida e integridad personal: los refugios ofrecen a las víctimas un espacio seguro en el cual decidir de manera libre el orden prioritario de necesidades que debe resolver tras el duelo de la huida, así como para tomar, en el tiempo que su propio proceso de duelo marque, las decisiones relativas a la búsqueda de justicia y reparación.

Lo anterior se ve reforzado teniendo en cuenta la obligación constitucional de adoptar políticas públicas para la prevención de delitos,13 el reconocimiento internacional de los refugios como un mecanismo para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,14 y el papel que esas instituciones tienen en el marco de la política nacional contra la violencia de género.15

Por supuesto, lo anterior es apenas un bosquejo preliminar sobre el impacto que tienen los refugios de este tipo para la garantía del derecho a la vivienda de las mujeres. De ahí que puede entenderse las señalas de alarma que ha generado la posibilidad de que una decisión estatal genere una disminución en la oferta de espacios de protección para víctimas de violencia de género. Sobre todo en un contexto tan aciago e insufrible como el que viven las mujeres en México, quienes nunca pueden dar por sentado que jamás se verán en la necesidad de contar con viviendas alternativas para salvaguardar su vida e integridad.

Carlos Luis Escoffié Duarte. Miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Abogado del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y colaborador en TECHO México. Twitter: @kalycho.


1 Artículo 4o. […] Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. […]”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 A saber, el derecho a la vivienda ha sido reconocido, entre otros, en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 5.e.iiii de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; en el artículo 14.2.h. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en los artículos 9.1.a, 28.1 y 28.2.d de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Véase también el voto razonado del Juez Eduardo Ferrer MacGregor en el Caso Vereda La Esperanza vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3 Comité DESC, Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1); 13 de diciembre de 1991, 6° período de sesiones (1991), párr. 7.

4 A saber, estas características son: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; ubicarse en un lugar accesible a fuentes de empleo y servicios; y adecuación cultural. Comité DESC, Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1); 13 de diciembre de 1991, 6° período de sesiones (1991), párr. 8.

5 Comité DESC, Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1); 13 de diciembre de 1991, 6° período de sesiones (1991), párr. 8.

6 PISARELLO, GERADO; “El derecho a una vivienda adecuada: notas para su exigibilidad”, incluido en “Derechos sociales, Instrucciones de uso”, V. Abramovich et al. (edit), Editorial Fontamara, Primera Reimpresión, pág. 187.

7 Comité DESC, Comunicación 05/2015, E/C.12/61/D/5/2015, 21 de julio de 2017, párr. 15.2. Véase también: Comité DESC, Observación General núm. 7 (1997) sobre el derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1 del Pacto): los desalojos forzosos, párr. 16.

8 Comité DESC, Comunicación 05/2015, E/C.12/61/D/5/2015, 21 de julio de 2017, párr. 15.2.

9 Comité DESC, Comunicación 05/2015, E/C.12/61/D/5/2015, 21 de julio de 2017, párr. 15.4.

10 Comité DESC, Comunicación 05/2015, E/C.12/61/D/5/2015, 21 de julio de 2017, párr. 15.5.

11 Comité DESC, Observación general No. 7- El derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), E/1998/22, párr. 4.

12 Comité DESC, Observación general No. 7- El derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), E/1998/22, párr. 11.

13 “Artículo 21. […] Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: […] c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. […].” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

14 “Artículo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: […]  d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados; […]  f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; […]”.Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convencion de Belem do Para”.

15 Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, artículos 1, 8, 38.XIII, 48.IV, 49.X, 50.VII, 51.IV, 52.VI, 52.VIII, 54 – 59.