En el presente texto desarrollaré algunos argumentos adicionales sobre las razones por las cuales comparto el sentido de la sentencia SUP-RAP-383/18 (pérdida de registro del PES) emitida por la Sala Superior del TEPJF.

Principalmente, me enfocaré, en dos de los agravios que el PES planteó en su demanda:

a) En primer lugar, la posibilidad de que la regla constitucional que exige a un partido obtener el 3% de la votación válida emitida para conservar su registro puede ser interpretada a fin de utilizar un parámetro basado en escaños.

b) En segundo lugar, que en la legislación electoral mexicana no existe un recurso efectivo que les permita a los partidos verificar el número exacto de votos que obtuvo, para efecto exclusivo de evaluar si mantiene o no su registro.

Adicionalmente, responderé cuatro agravios adicionales que el partido recurrente planteó en su demanda en relación con el derecho comparado, el vínculo entre el partido político y su grupo parlamentario, el derecho de reelección de sus legisladores y la defensa de las minorías, así como el pluralismo político.

Ilustración: Víctor Solís

1. El porcentaje de votos exigido constitucionalmente para que un partido mantenga su registro no admite la interpretación propuesta

Respecto del primer planteamiento, considero que no es viable la interpretación que propuso el partido recurrente, ya que la norma constitucional no es ambigua ni vaga. En este sentido, al tratarse de una disposición normativa de rango constitucional, está sujeta a un procedimiento político más complejo que el que se requiere para reformar una ley. Esta jerarquía y rigidez que caracteriza a las normas constitucionales debe tenerse presente cuando existe un contenido determinado, concreto y claro de la regla del artículo 41 constitucional, que prevé la pérdida del registro de un partido político nacional cuando no obtenga al menos el 3 % del total de la votación válida emitida.

Asimismo, en el presente caso no existe razón alguna para desplazar la regla constitucional, ya que, contrario a lo afirmado por el PES,el principio que se protege a través de esta regla constitucional no es la representatividad, sino la gobernabilidad y el fortalecimiento del sistema de partidos a través de la reducción del excesivo multipartidismo.

No obstante, en caso de insistir en la interpretación del PES, existirían los siguientes obstáculos.

Por un lado, la representación del PES no es suficiente para justificar el desplazamiento de la regla constitucional existente, pues el PES no obtuvo esa cantidad de escaños por sus votos en lo individual, sino por su alianza, principalmente, con el partido MORENA. Por otro lado, en el ejercicio del derecho al voto, la claridad y la previsibilidad de las reglas es un factor fundamental para el sistema jurídico de acceso al poder que establece la Constitución.

Por otra parte, de asumir el planteamiento del PES, se generarían las siguientes consecuencias negativas para el sistema electoral mexicano:

En primer lugar, se validaría la transferencia de votos, la cual está prohibida en la legislación, ya que se le permitiría a un partido mantener su registro contabilizando la votación que obtuvo a través de su coalición con otros partidos,por lo que un partido político podría acceder a recursos del Estado, mismos que el propio órgano reformador de la constitución reguló para que fueran obtenidos exclusivamente de manera individual.

En segundo lugar, permitir la transferencia de votos, a su vez, generaría una fuerza electoral y representación partidista ficticia, dado que la obtención de curules por mayoría relativa no refleja la fuerza política de un partido. , ya que a influencia de otros partidos políticos puede impulsar las candidaturas de partidos sin fuerza electoral, por ejemplo, en el caso del PES, una gran cantidad de curules de mayoría relativa que obtuvo se debieron, principalmente, por la aportación de votos de MORENA.

En tercer lugar, medir la representación a través del número de escaños también podría generar una práctica de transferencia de escaños, con el fin de que un partido mantuviera su registro.Se podría crear una serie de partidos artificiales para competir en una elección –y, que a la vez, pudieran no obtener los votos suficientes para alcanzar el umbral del 3%–, pero se les permitiría conservar su registro si algún otro partido les transfiriera un número mínimo de diputaciones hasta alcanzar 15 escaños.

En cuarto lugar, medir la fuerza electoral de un partido a través de los triunfos electorales que obtuvo, es contrario al diseño institucional del régimen jurídico de los partidos políticos previsto en la Constitución y del concepto de sistema electoral, dado que la representatividad se mide en votos y no en negociaciones políticas.

En este sentido, la propuesta del PES atentaría en contra de la figura de la democracia representativa que se tiene en el diseño institucional mexicano, ya que, como afirman diversos autores como Dahl y Przeworski,1, 2 una de las condiciones necesarias de una democracia representativa es que la victoria de una fuerza política dependa de la competencia electoral, sin que otra fuerza política que no haya obtenido una victoria electoral pueda reemplazarla. En el caso concreto, aunque los candidatos del PES obtuvieron la victoria, la fuerza política que recibió el apoyo popular fue MORENA.

Por otra parte, ese concepto de traducción de votos en escaños atentaría en contra el diseño del sistema electoral mexicano, es decir, los votos son una precondición de los escaños que puede obtener un partido político, por lo tanto, resulta falaz establecer parámetros que midan la representatividad a partir de la consecuencia indeseada del incumplimiento de la primera condición, que se refiere a la prohibición de la transferencia de los votos.Incluso, con la distribución de curules que el INE ha realizado a favor del PES, se genera un nivel de desproporcionalidad alto, pues el porcentaje de votos se aleja en gran medida de la proporción de curules que recibe dicho partido político.

En quinto lugar, la propuesta del PES incentiva a mantener el sistema de partidos satélites, ya que los partidos con un número elevado de representación y con probabilidad de llegar al límite de sobrerrepresentación, harán coaliciones con partidos muy pequeños para distribuir el poder de manera formal, aunque no real, generando súper mayorías a favor de una sola fuerza política.

Por otro lado, e independientemente de las múltiples razones de fondo por las que el planteamiento del PES no debería ser implementado por ser contrario al ordenamiento constitucional, este planteamiento no considera distintas condiciones operativas indispensables para alcanzar su pretensión, como las que se mencionan a continuación.

Para efectos de conservar el registro, los legisladores deben ser militantes del partido o emanar de los procesos internos de selección del instituto político correspondiente.

Asimismo, si los partidos subsisten con base en este criterio, los parlamentarios de dichos partidos estarían impedidos para realizar un cambio de bancada durante toda la integración del órgano, ya que la existencia del partido que los postuló depende de su porcentaje de representación en el Congreso. Es decir, quedarían prohibidas las figuras coloquialmente conocidas como “cachirules” y “chapulines”.

2. Ausencia de un recurso judicial efectivo para combatir la negativa de recuento de votos, para aquellos partidos políticos nacionales que se encuentren en el supuesto de perder su registro

Con independencia de lo anterior, considero que, en el actual sistema de medios de impugnación, no existe un medio que le hubiera permitido al partido recurrente alcanzar su pretensión, ya que el juicio de inconformidad está diseñado para combatir los resultados de una determinada elección, teniendo siempre el efecto de confirmar el resultado, modificarlo o anularlo en los términos previstos en la ley.

Asimismo, si bien el PES presentó diversos medios de impugnación que fueron declarados improcedentes por ser presentados fuera de tiempo, en el fondo los supuestos normativos de estos medios de impugnación son insuficientes para atender su pretensión, tal como se resolvió el diverso SUP-JIN-2/2018.

En ese sentido, los partidos políticos minoritarios deberían tener acceso a un recurso judicial efectivo en el que se analice si es procedente hacer un recuento de votos, exclusivamente para tener certeza sobre el umbral requerido para conservar su registro.

Por lo tanto, si bien le corresponde en primera instancia al legislador democrático emitir las reformas legales necesarias para que proceda, en este tipo de casos, alguno de los medios de impugnación, en ausencia de estos medios la Sala Superior puede implementar estas medidas en forma extraordinaria.

No obstante, esto solo sería posible jurídicamente si se implementara algún medio de impugnación en la etapa de resultados y no una vez concluido el proceso electoral, como lo pretende el PES, ya que se evitaría una afectación a la certeza en los resultados y, a su vez, operativamente se reducirían costos.

3. El argumento sobre el derecho comparado

El PES sostuvo que existen legislaciones de otros países que revisan la representatividad a través del número de representantes populares que se obtienen. Considero que las reglas de otros países no necesariamente constituyen una pauta para implementar reglas que no están previstas en la Constitución mexicana y que incluso la contradicen, ya que las disposiciones de otros países están encaminadas a atender diferentes contextos políticos-jurídicos.

4. El grupo parlamentario como nexo entre los partidos políticos y los legisladores

Asimismo, el PES considera que mantener su registro es una situación de suma importancia, por el nexo ideológico entre este partido y los legisladores integrantes de sus grupos o fracciones parlamentarias o legislativas.

En relación con el nexo entre el PES y sus legisladores, considero que la normativa que regula la posibilidad de formar grupos parlamentarios a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en las cámaras no se relaciona con el caso concreto y, por lo tanto, esas normas no son relevantes para decidir este asunto, ya que únicamente se impugna la declaratoria de pérdida de registro. Además, la posibilidad de formar grupos parlamentarios es un derecho de los legisladores y no tiene relación con la existencia de un partido, es decir, no es posible sostener la permanencia de un partido político para que sus legisladores formen un grupo parlamentario.

En ese sentido, la pérdida de registro de un partido político no implica que se les impida a los miembros del órgano legislativo defender una postura ideológica, ya que, aún sin un grupo parlamentario, pueden participar en las discusiones, establecer su postura ideológica, votar y gozar todos los derechos de quienes integran las cámaras.

5. La reelección

Asimismo, el PES sostiene que su propuesta protege el principio de reelección de sus legisladores.

Al respecto, considero que, si los actuales legisladores del PES se quedaran sin partido, incluso podría caber la posibilidad de analizar las normas que regulan la reelección a efecto de permitirles reelegirse en su propio distrito por otro partido o por la vía independiente.

Dicha interpretación podría generar beneficios, ya que es posible fortalecer la autonomía de los legisladores y, de esta manera, fortalecer la representatividad del legislador con sus bases de apoyo, desarrollando pautas de mayor estabilidad en el Congreso, considerando la pérdida relativa del control partidario sobre el comportamiento de los legisladores.

6. La defensa de las minorías y el pluralismo político

Finalmente,el PES argumenta que la representación que tiene en el Congreso permite proteger el pluralismo político y la defensa de las minorías.

Considero que el argumento del PES no se sustenta para el presente caso, pues este argumento permite emplear un estándar diferenciado en el caso de grupos sistemáticamente discriminados para que puedan acceder en condiciones de igualdad a cargos de elección popular, ya que este tipo de acciones tiene como fundamento la existencia de condiciones sociales que le impiden a un sector de la sociedad el libre ejercicio de sus derechos.

En el caso del PES, aun y cuando políticamente no representa una posición mayoritaria, no existen elementos objetivos que permitan calificarlo como un grupo social desaventajado o que se encuentre en una situación de desigualdad estructural.

Por otra parte, en relación con el pluralismo político, la falta de registro no impediría que los diputados del PES siguieran teniendo presencia, ni les impediría que votaran según la ideología que dicen representar.

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 Dahl, Robert (1996): La poliarquía. REI, México.

2 Przeworski, Adam (1995): Democracia y mercado. Cambridge: University Press, Reino Unido.