Vivimos una época política en México que a muchos desconcierta. El triunfo aplastante de una fuerza política en las últimas elecciones no sólo modificó la forma de ejerce el poder: cambió el terreno, el tablero, las reglas mismas de lo político. Bien decían por ahí que éste no es sólo un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Las interpretaciones simplonas que tratan de descalificar todo lo que hace el gobierno sin una reflexión de por medio corren el peligro de banalizar la crítica: si todo es amenaza para la democracia, nada lo es. Por eso, para quienes estamos convencidos –como yo- de que la sacudida del primero de julio tenía buenas razones para suceder, lo que queda es la reflexión serena, sin adjetivos, sobre lo que hace este gobierno. Pasa también por tener muy claro cuáles son las instituciones, los pactos sociales, que debemos defender sin cortapisas. Una de esas es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La SCJN no es un tribunal sin más, es el tribunal que tiene en sus manos la construcción de la Constitución. Cuando la SCJN falla en tal o cual sentido, hace hablar al texto constitucional una sola voz que nos dice cuál es el derecho aplicable en un momento determinado. Es el tribunal que tiene la última palabra sobre cuáles son nuestros derechos y sobre cuáles son los límites y obligaciones del poder público. Parafraseando al editor de este espacio, los ministros no sólo aplican el derecho, sino que lo piensan a través de la Constitución y deciden qué es lo que dice esta última.

Dejando esto claro, en este texto esgrimiré las razones por las que estoy convencido de que la propuesta de crear una nueva Sala Anticorrupción en la SCJN no es una buena idea. Primero demostraré que los argumentos planteados en la exposición de motivos de la iniciativa no se sostienen, es decir, no son buenas razones. Después trataré mostrar cuál es la verdadera motivación que subyace a la propuesta. Y aunque esta es legítima desde el punto de vista estrictamente político y desde cierta concepción de la democracia, sostengo que tendrá efectos perniciosos para crear una sociedad más justa. Veamos.

En la iniciativa el primer argumento que se señala para la creación de la Sala es el número de expedientes pendientes de resolución por la SCJN: 1,189 en 2016; 1006 en 2017; 594 en 2018.1 Es decir, una de las principales razones por la que se presenta la iniciativa es la supuesta necesidad de disminuir rezago existente de asuntos. Así, se concluye, se requiere una nueva Sala y más ministros a afecto de resolver éstos de forma más rápida. El argumento no se sostiene por dos razones.

En primer lugar, el número de asuntos mencionados en la exposición de motivos no son todos de corrupción. Lo que está tomando en cuenta la iniciativa es el universo total de expedientes pendientes de resolver en la Segunda Sala (que por sí mismos están dentro de un rango de rezago normal).2 Sin embargo, los asuntos propiamente de corrupción –esto es, de responsabilidad de servidores públicos- cae dentro del campo de dos materias: administrativa y penal. Así el rezago es mucho, muchísimo, menor. Según el periódico Reforma, de 1995 a la fecha los asuntos que ha revisado la SCJN sobre responsabilidad de servidores públicos asciende solo a 662,3 en promedio 35 por año. Lo que equivale a tan sólo el 0.43% de los asuntos que se resuelve en ese mismo periodo, ya que la SCJN recibe cerca de 8 mil asuntos anuales. Por ese porcentaje tan bajo queda claro que no se justifica la creación de una nueva Sala y el nombramiento de cinco nuevos ministros.

En segundo lugar, la iniciativa no toma en cuenta algo fundamental. Si bien la nueva Sala desahogaría algo de trabajo rezagado de la Primera y Segunda Sala –que por lo que ya vimos es mínimo-, esta medida no disminuiría el trabajo del Pleno de la Corte del cual los nuevos ministros serían parte. Con la diferencia de que los asuntos ahora deberán ser resueltos por 16 ministros, en vez de 11. En suma: a la SCJN le seguirán llegando la misma cantidad de asuntos, pero ahora tendrán que ser procesados –estudiados, entendidos, consensuados- por las ponencias de cinco ministros más. Digo ponencias porque la iniciativa expresamente señala que los nuevos ministros tendrán la misma infraestructura que los ministros en funciones. Esto implica cinco paquetes adicionales de recursos materiales y del personal que acompaña a cada ministro. Si prospera la iniciativa se tendrían que contratar a casi 300 nuevos funcionarios.4

En conclusión, el argumento de la mayor eficiencia en la resolución de los asuntos se cae, ya que el número de asuntos propiamente de corrupción –que llegan a la SCJN- es mínimo y, al contrario, al adicionar a cinco ministros más, aumenta la burocracia de la SCJN lo que entorpecería su dinámica.

El segundo y último argumento que se esboza en la exposición de motivos de la iniciativa propuesta es que dada la importancia de la materia de anticorrupción es menester tener una sala especializada en esa materia. Asimismo, aquí hay dos razones que falsean el argumento.

En primer lugar, nadie puede negar que la corrupción es un problema muy serio y que indigna a la sociedad mexicana. En eso prácticamente hay consenso. Lo que no queda claro es por qué esta se reduciría con la creación de una nueva sala en la SCJN. El argumento va más o menos así: tenemos un problema de corrupción muy serio, por tanto, para atacarlo, hay que crear una nueva sala de la Corte que se especialice en la materia. El paso de las premisas a la conclusión no queda claro, por lo que se antoja falaz el argumento. Me explico.

La materia de corrupción, predominantemente, tienen que ver con cuestiones de legalidad, es decir, de la correcta aplicación de la ley a un caso en concreto, porque la mayoría de los casos tiene que ver con delitos. Es decir, los ministros conocerían de los amparos directos que consideren de tal importancia que los lleve a decidir que reasumen competencia para resolver ese tipo de asuntos. Obviamente, también conocerían de las cuestiones de constitucionalidad que surjan de la aplicación de las normas en la materia. De estas facultades, que además ya tienen los actuales ministros al resolver asuntos de responsabilidad de servidores públicos, ¿cuál es la que haría más eficiente el combate a la corrupción? Ninguna.

En segundo lugar, a nadie escapa que la corrupción es un hecho complejísimo que no se ataca sólo con los tribunales, sino con políticas públicas y normas que desincentiven conductas anómalas, y, claro, evitando la impunidad. Por eso no hay que inventar el agua tibia: ya tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que busca darle integralidad a las políticas públicas en la materia y del cual está pendiente el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que se especializarán en la materia. Que no les gusta que sean quince magistrados regionales porque la Constitución sólo contemplaba la creación de una nueva sección,5 perfecto: reformen la ley respectiva y quedémonos nada más con los tres magistrados de la sección de la Sala Superior, al fin y al cabo, como ya mencioné, los actuales ministros ya pueden conocer de los amparos que se presenten contra la resoluciones de estos últimos.

En suma: el procedimiento actual ya prevé que la Corte conozca de asuntos de corrupción y la especialización que busca la iniciativa se previó al crearse el SNA a través magistrados especializados del TFJA.

Ahora bien, de la iniciativa derivan otras dos consecuencias que no deben pasar desapercibidas. Por un lado, al aumentar el número de ministros, aumenta también el número de votos –de ocho a once- que se necesita para expulsar del ordenamiento jurídico una norma inconstitucional, por lo que basta con que seis ministros se opongan a la declaración de inconstitucionalidad y ésta no se hará (ojo: con la sustitución del ministro Franco en el 2021, este gobierno podría proponer –si la iniciativa avanza- a ocho ministros de los dieciséis). Por el otro lado, esta nueva Sala y únicamente los nuevos ministros serían los facultados para conocer sobre los recursos de revisión administrativa que se presenten ante el Consejo de la Judicatura atinentes a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, es decir, ellos, y sólo ellos, tendrán la última palabra sobre las cuestiones más delicadas de la carrera judicial federal. No es poca cosa.

Ya se vio que la iniciativa no tiene méritos técnicos. Su justificación deja mucho que desear. Entonces, ¿cuál es la razón que subyace a la iniciativa?

Se ha dicho hasta el cansancio: la motivación es política. Sí, y no nos debemos de asustar. Esta semana van a empezar las comparaciones de lo que está haciendo el partido en el gobierno (hasta la fecha, el presidente López Obrador ha declarado que está en contra)6 con lo que sucedió en Venezuela, en la Argentina de Menem, en EUA con Roosevelt, y hoy en Turquía y Polonia. Y está bien, pero esta argumentación no rendirá muchos frutos, ya que fácilmente se puede replicar diciendo que las circunstancias en uno y otro país son distintas.

Lo que debemos entender es que la batalla no está en convencer que retiren la iniciativa a quienes la están proponiendo. Esto es no entender la fisionomía del poder: su naturaleza es conservarse y expandirse. Para muestra un botón. El 6 de diciembre de 1933, el presidente Lázaro Cárdenas pronunció un discurso en donde señaló:

Lo esencial para que puedan realizarse en toda su integridad y con amplitud que se requiere los postulados sociales de la Constitución General de la República y las fórmulas de coordinación social contenidas en el programa de gobierno del Partido Nacional Revolucionario, que acaba de aprobarse, consiste en que se verifique una plena interpretación revolucionaria de las leyes, por hombres que sinceramente sientan la Revolución; que sean plenamente conscientes de su responsabilidad; que tengan verdadero cariño a las masas proletarias y que perciban con amplitud el espíritu y las necesidades históricas que inspiraron las normas y las doctrinas que se ha dado el pueblo en sus generosas luchas, para que de esta manera las ejecuten con resolución completa y plena honradez, a fin de lograr el progreso colectivo.7 [Énfasis del autor]

Cárdenas reformó la Constitución y sustituyó a todos los ministros en aras de lograr que la SCJN tuviera un “auténtico espíritu revolucionario”. Eran otros tiempos, otro México que en nada tiene que ver con el actual y cualquier similitud discursiva con la realidad actual es mera coincidencia.

Lo que quiero decir es que los gobernantes en turno siempre van a buscar colocar jueces afines en las respectivas Cortes: es lo que se conoce en E.U.A como court-packing y se da tanto por quienes están en el gobierno y también por los miembros de la oposición.8 Y lo hacen porque saben que la lectura de la Constitución y, por tanto, la teoría que se desprende de la misma depende de la concepción que de ella guarden los que la interpretan. Es decir, la explicación respecto a lo que dice la Constitución varía de ministro en ministro, de juez en juez. Si un gobernante sabe esto, lo más lógico es que desee que la Corte entienda de la misma forma que él o ella la Constitución para que las leyes y política públicas que emita no sean leídas de forma distinta por quienes componen el más alto tribunal y tildadas de inconstitucionales. Así, si un partido gana las elecciones tienen legítimamente la facultad de proponer a los ministros que sean afines a su ideario político. Por eso mismo, las constituciones prevén un mecanismo escalonado de nombramientos de los jueces, precisamente, para que un solo gobernante no pueda hacerse de una mayoría en la Corte.

Lo que distingue el actual caso mexicano es que el partido en el gobierno está excediendo su mandato. Es cierto que ganó por una amplia mayoría. Es cierto que tiene la mayoría en ambas cámaras. Pero lo que es falso es que tenga la mayoría que se requiere para hacer cambios constitucionales. Sólo con el concurso de la oposición podrá realizar cambios de este calado. Por eso, lo que debemos hacer es exigir a la oposición, vaya la redundancia, que se oponga. No solo porque le conviene políticamente, sino porque lo que está en juego es que se empiecen a hacer lecturas de la Constitución que no representan la pluralidad del país en que vivimos. Si para el 2021, ocho de dieciséis ministros pueden ser afines al partido en el gobierno, por supuesto que la independencia judicial se ve amenazada. Estaríamos ante un escenario donde se puede imponer una sola forma de leer carta constitucional que no empata con las distintas pulsiones éticas y morales que palpitan en el México del siglo XXI. En donde se puede imponer una idea de justicia que tenga como referente una única idea del bien y no respete los distintos planes de vida e ideales de excelencia que cada individuo a trazado para sí mismo.

Recordemos, como dice Carlos Peña, que una sociedad es básicamente un sistema de reglas. Y como éstas son mudas –se trata de simples grafías en un papel- contamos con un cuerpo de profesionales que se encargan de transmitir la lectura que debe darse a las mismas: estos son los jueces.9 La iniciativa trata de modifica la lectura de nuestra constitución, pero sin un sustento técnico y, agregaría, democrático en un sentido sustancial, en cuanto está decidiendo sobre cuestiones que deben quedar fuera de las manos de la mayoría.10

Supongamos que el partido en el poder tuviera la mayoría calificada en ambas cámaras (la mayoría para reformar la constitución sí la tiene en los estados), en mi opinión, esta reforma sí atentaría contra nuestro sistema democrático, ya que transgrede uno de los pilares de nuestro sistema constitucional: el equilibrio entre los poderes. Sin ese equilibrio, no hay los contrapesos necesarios para que florezcan la libertad y la igualdad, sino un simple régimen que obedece a una fuerza política dominante que se asume monolítica y puede decidir lo que sea, lo que sea. De ese tamaño es el reto y por eso con la SCJN no.

Martin Vivanco Lira. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Maestro en teoría política por la London School of Economics and Political Science. Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Chile.Twitter: @MartinVivanco


1 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especializada en anticorrupción, p. 6.

2 Aquí la exposición de motivos de la iniciativa también cae en un error técnico, ya que toma en cuenta el rezago de la Segunda Sala cuyas materias de estudio son administrativo y laboral. Y los hechos de corrupción caen dentro de la materia administrativa y penal, por lo que debería haber tomado el número de expedientes no resueltos en estas dos materias, lo que implicaba también mencionar el rezago de la Primera Sala.

3 Nota del periódico Reforma “Ven injustificable ampliar la SCJN”, sábado 6 de abril.

4 Esto según el periódico Reforma, en Idem.

5 Ver: https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1649189&v=3

6 Aquí se puede leer la declaración del Presidente López Obrador respecto al tema: https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1647962&v=9

7 En Cossío, José Ramón, “La Teoría Constitucional de la Suprema Corte de Justicia”, Fontamara, 2008,  p. 106.

8 Ver “Why court packing is a very bad idea”, de Jennifer Rubin.

9 Peña, Carlos, “Jueces Venales”, en El Mercurio.

10 Ferrajoli, Luigi, “Derechos y Garantías. La Ley del más débil”, Madrid, Trotta, 2006 p. 23.