En las últimas dos semanas fuimos testigos de las últimas sesiones de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte, uno de los aspectos quizás más impredecibles y, a primera vista, inexplicables de la reforma judicial. En un ambiente de nostalgia, y con dos escenas para la historia, los ministros Laynez y Pardo dieron su adiós a las salas de la Corte con un notable nudo en la garganta. ¿Quién podría pensar que al gobierno le incomodaba no sólo una Corte independiente, sino su diseño institucional? Hablemos de ello.
¿De dónde surgió la idea de desaparecer las salas? Podemos comprender fácilmente la idea de una reforma judicial con voto popular: se buscaba eliminar de un plumazo a todos los jueces que pudieran tener lealtades políticas con el pasado o incluso inspiración tecnócrata, idea cercana al derecho y a la disciplina que sólo la carrera judicial da, y alejada de la noción de que el derecho es y debe ser lo que en ese momento convenga al gobierno. Pero, ¿eliminar las salas? ¿Quien toma crédito —como pregunta en X Eliud Tapia— por semejante idea?
La respuesta a esta pregunta puede articularse en varias partes. Primero, hay un serio cuestionamiento en términos de diseño institucional: ¿cómo se va a resolver, en uno de los tribunales plenos más lentos del mundo, la cantidad de asuntos que desahogaban las salas? Esta primera pregunta apunta a una cuestión de logística institucional: ¿cómo pretende la Corte cumplir sus promesas de resolver más, mejor y más rápido si eliminó los dos espacios de mayor celeridad, deliberación y calidad argumentativa? La respuesta es evidente: la eliminación de las salas no se explica en términos de diseño institucional, sino de política judicial. ¿Quién gana con la eliminación de las salas? Muy fácil: el presidente de la Corte.
Una de las claves de la reforma judicial de finales del siglo pasado fue la reducción de los ministros de la Corte y la creación de la Primera y Segunda Salas. La idea fue que el presidente de la Corte ni proyectara asuntos ni integrara salas, en tanto estas dos labores distraerían a la Presidencia de su gestión al frente no sólo de la Corte, sino del Consejo de la Judicatura Federal. La propia Corte organizó funcionalmente este mandato al prever que el Tribunal Pleno sesionaría lunes, martes y jueves, dejando el miércoles para que los diez ministros sesionaran en las salas mientras el presidente sesionaba en el Consejo de la Judicatura.
No obstante, este diseño era un arma de doble filo para la Presidencia: mientras mantenía poder en las decisiones de todos los tribunales del país, perdía control en un centenar de asuntos que semana tras semana se resolvían en las salas de la Suprema Corte.
Esta pérdida no es menor: si hacemos un balance entre el tipo de asuntos que se resolvían en sala y los que se resolvían en pleno, podemos hacer sólo una diferenciación completamente artificial de su importancia. Sí, en el pleno se invalidan leyes con efectos generales y se dirimían controversias entre federación, estados, municipios y demás entes del Estado en vía de controversias constitucionales. Sin embargo, las salas —principalmente tras la reforma de 2011— comenzaron a decidir temas de derechos que empezaron a ser incómodos para los gobiernos en turno. Al día de hoy, por ejemplo, es hasta irónico recordar que en la Suprema Corte la llegada de Norma Piña en 2015 fue leída como un freno al activismo judicial de la Primera Sala en temas de derechos.
Entonces, lo que comenzó como una división del trabajo inofensiva entre el pleno y las salas terminó siendo una bomba de incomodidad para los gobiernos. Hacia 2013 —con la triada Zaldívar, Ortiz Mena y Sánchez Cordero— las salas, principalmente la Primera, ya eran más trascendentes que el pleno.
La Primera Sala —hoy podemos decir— tuvo un paralelismo muy claro con la famosa Corte de Earl Warren de Estados Unidos. Esta Primera Sala le dio a este país sentencias importantísimas como matrimonio igualitario, interrupción legal del embarazo, consumo lúdico de cannabis y una sólida doctrina en materia de debido proceso penal. Durante esa etapa, se hicieron memes que circularon principalmente en Twitter que comparaban a la Segunda Sala con Mordor y a la Primera Sala con Rivendel. La referencia a la obra de Tolkien es obvia: al gremio jurídico —embriagado en ese momento con el discurso de los derechos humanos— le encantaba ver a una Corte liberal, lo cual, en una Segunda Sala llena de ministras y ministros de carrera judicial —disciplinados y formalistas— era imposible. Vaya, para 2013 la Segunda Sala denunció ante el Consejo de la Judicatura a aquel tribunal colegiado que hizo control de convencionalidad sobre una jurisprudencia de la Corte. Y, sin embargo, la eventual llegada de Javier Laynez refrescaría la Segunda Sala, y en pocos años comenzamos a ver importantes sentencias de derechos también en una Segunda Sala que quiso hacer gala de su independencia.
¿Cuál es la siguiente parte en la historia de las salas? Presiones, de todos los gobiernos. La independencia comenzó a incomodar. ¿Cuál es entonces la historia detrás de esta reforma en particular? En 2018, el gobierno de López Obrador llegó a transformar la estructura de la administración pública federal, y la industria y la oligarquía no dudaron en buscar en el Poder Judicial un aliado. La historia es conocida: lo encontraron.
Gran parte de los amparos promovidos contra las grandes decisiones de política pública del gobierno de López Obrador terminaron en las salas de la Suprema Corte. Para entonces, un Arturo Zaldívar ya sin aparente independencia logró contener la invalidación de la Ley de la Industria Eléctrica en el Tribunal Pleno, pero lograr eso en los amparos de los jueces y magistrados no iba a ser tan fácil. Y, en su caso, detener esos amparos a nivel de jueces y
magistrados no aseguraba nada una vez que llegaran a la Suprema Corte, donde —por diseño competencial— serían resueltos en las salas, en las cuales existía mayoría simple suficiente para otorgar los amparos, a diferencia de la calificada que se requería en el pleno.
La ecuación en este punto parece muy sencilla: la estructura competencial y la dinámica de las salas dejaron ver a un presidente de la Corte atado de manos, débil e incapaz de detener la concesión de estos y otros amparos. ¿Significa entonces que fue de Arturo Zaldívar la idea de eliminar las salas? No lo sé y no lo puedo afirmar, pero tendría sentido.
Para algunos esta explicación podría no ser suficiente. Voceros del régimen afirman que las salas se llenaron de corrupción. Negar esa posibilidad sería lógicamente incorrecto e intelectualmente deshonesto; lo cierto es que, al menos al día de hoy, no hay pruebas contundentes de que algún asunto en las salas se haya vendido abiertamente, ya sea por dinero o por tráfico de influencias. Quizás el tiempo lo dirá. Si se llegara a probar, ¿justificaría la reforma judicial? Hace unos días —como ya decíamos— el ministro Pardo se despidió diciendo que algunos ministros se iban con la dignidad intacta. ¿Se refería a eso? No lo sabemos.
Cerremos ya. ¿Quién gana con la eliminación de las salas? El presidente de la Corte y, en consecuencia, quien sea que puso su nombre en los acordeones de la elección judicial. Esa persona o grupo de personas son quienes ganan. La eliminación de las salas es una prueba más de que la reforma judicial busca abiertamente eliminar la independencia judicial y alinear a la Corte al mando único del poder en turno. Algo que, a los ojos de los autores de la reforma, nunca debió cambiar. Con la eliminación de las salas podemos razonablemente esperar que el presidente de la Corte tendrá mucho margen de maniobra para influir en las decisiones de un Tribunal Pleno que, además, es más reducido. Hay menos ministros qué convencer.
¿Quién pierde? El gremio jurídico, sin duda. La sociedad, también. El gremio, porque la exposición mediática de sus asuntos en el Tribunal Pleno desviará la atención de los argumentos jurídicos a las consecuencias políticas. Ya lo documentó en este blog Pedro Salazar: la promesa que ahora ofrecen los despachos es que sus asuntos nunca lleguen a la Suprema Corte. ¿Y la sociedad? Vaya, es una obviedad, pero las salas de la Corte fueron quizás el último espacio donde la ciudadanía organizada pudo llevar temas a la agenda pública nacional que el Congreso y el presidente siempre quisieron ignorar de manera deliberada.
Preguntas que necesitan una respuesta pronta: ¿conservará la Suprema Corte la resolución de los amparos directos en revisión o los enviará —como se rumora— a los Plenos Regionales? Ya eran varias las voces desde hace tiempo que llamaban a replantear la existencia de estos recursos de revisión. Sin duda, la nueva Suprema Corte deberá ofrecer una respuesta, pues parece muy ilógico que un Tribunal Pleno tan lento pueda resolver tantos asuntos a la semana como lo hacían las salas.
Segundo: ¿cambiará la deliberación en la Suprema Corte? Ya muchas voces han llamado a revisitar la transmisión en vivo y en video de las deliberaciones de la Corte. A saber: son poquísimas las cortes supremas del mundo que transmiten sus discusiones, fenómeno que académicas como Francisca Pou han señalado desde hace años por la ineficiencia y transparencia simulada que generan.
Pronto veremos respuestas. Por lo pronto, chapeau a las salas, las vamos a extrañar.
Alejandra Heredia
Estudiante de Derecho en la Universidad Veracruzana