En un hecho sin precedentes, el pasado 27 de enero de 2025, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la presidenta de la República, en conferencia de prensa, dieron a conocer el inicio de investigaciones sobre posibles hechos de corrupción en este instituto en el año 2012.
Alejandro Díaz Pérez
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El derecho a la vivienda en espacios virtuales o metaversos
Existen debates contemporáneos intensos y acentuadas críticas sobre las visiones que colocan a la vivienda como una mercancía susceptible de transacción o como un servicio dispuesto exclusivamente para un negocio, en lugar de un derecho social de especial centralidad. Uno de esos espacios de la mercantilización es la compraventa de propiedades virtuales en entornos ficticios o de posrealidad que se ofertan en páginas web o sitios de internet de realidad virtual. Este fenómeno, apenas explorado en la literatura jurídica, ha empezado a diversificar el mercado inmobiliario virtual, resultando necesario plantearse al menos dos cuestiones: ¿tiene sentido regular jurídicamente a la vivienda virtual? y ¿una posible regulación debería plantearse desde las normas del derecho a la vivienda?
Caso Digna Ochoa: el reto de cumplir con las medidas de reparación
El 19 de enero de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en la que encontró responsable internacionalmente al Estado mexicano por diversas violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El caso se desarrolló en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001. En este sentido, la resolución del caso tiene diversas implicaciones de suma importancia para el sistema jurídico mexicano que vale la pena analizar.
Vacunas covid-19: ¿debe el Estado limitar su comercialización?
El 29 de diciembre de 2020, en su conferencia de prensa matutina, el gobierno del presidente López Obrador anunció que la vacuna covid-19 sería aplicada de forma universal y gratuita. Dichas declaraciones han venido a zanjar especulaciones en torno al acceso libre de todas las personas, lo que podría representar la luz al final del túnel para paliar los efectos de esta pandemia. En este contexto, ha arribado una interesante discusión en relación con la distribución y venta de la vacuna por parte de particulares.
¿Una ley de consulta indígena necesariamente garantiza su derecho a la consulta?
Recientemente la segunda sala de la SCJN concedió el amparo y protección de la justicia federal a las personas quejosas en un caso en el que se reclamaba que la omisión del Congreso de la Unión de establecer una ley de consulta previa libre e informada, violaba sus derechos humanos. De acuerdo con las personas promoventes, el poder legislativo federal ha incumplido con lo instruido en el segundo transitorio de la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001, el cual dispuso que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales deben realizar las adecuaciones necesarias para reglamentar lo estipulado en la reforma.
El golpe final a la autonomía de la CNDH
De manera reciente diversos reportes de prensa han informado sobre la intención de un diputado federal de MORENA, de presentar una iniciativa de reforma para modificar el artículo 102, apartado B, de la Constitución. Dicha propuesta incluiría la transformación de la CNDH para convertirse en una “defensoría del pueblo”.
El fallido intento de la CNDH por proteger el conocimiento tradicional indígena
La CNDH, el 28 de enero de 2019, emitió la recomendación general no. 35 “sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la república mexicana”. Al respecto, la determinación adoptada por la CNDH no estaría abordando con claridad las profundas dificultades existentes que implican los debates contemporáneos sobre las mejores formas de aumentar la capacidad de los pueblos indígenas para controlar los usos de sus conocimientos tradicionales.
El tren Maya y los pueblos indígenas: la consulta que sí se debe realizar
En el caso del tren Maya, aunado a las problemáticas que la consulta envuelve en sí mismo, el mayor reto del Estado mexicano estará centrado en las violaciones del derecho a la consulta y consentimiento previo. Estos problemas van en conexión con el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas que se verán afectadas por dicho proyecto.
Airbnb y sus efectos en el derecho a una vivienda adecuada
Los cambios en los mercados financieros, en la inversión mundial y en el campo inmobiliario han dado lugar a que la vivienda sea considerada como una mercancía, una forma de acumulación de riqueza, y no como un derecho fundamental. Ese efecto producido por la excesiva financiarización de la vivienda tiene múltiples impactos en el ejercicio de este derecho social. Aunado a ese contexto, debe apuntarse a los nuevos actores en juego, los cuales han enfocado a la vivienda como un negocio que puede resultar sumamente redituable: las plataformas digitales como Airbnb y su utilización como una forma de “economía colaborativa”.
Los avances en la protección no judicial del derecho a la salud
Si bien han existido profundos avances en los mecanismos de protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) —incluido el derecho a la salud—, la mira no está enfocada en el desarrollo y sofisticación de los mecanismos no jurisdiccionales.