Duarte es todo aquello de lo que nos queremos desprender y lo que queremos dejar de ser. Sin un análisis contextual y objetivo, es evidente que la sentencia de 9 años de prisión es cuando menos ridícula, parece una burla. Sin embargo, no podemos perder de vista que en un Estado constitucional de derecho cualquier imputado o acusado, incluso Javier Duarte, afortunadamente, tiene derecho a la presunción de inocencia, a defenderse y, sobretodo, al debido proceso, que entre otras muchas cosas implica ser juzgado única y exclusivamente por los hechos que son presentados en la causa penal por la fiscalía acusadora.