Toda proposición que contenga razones debe ser considerada, evaluada, debatida, y enriquecida para su eventual aceptación o rechazo. Esto es un signo esencial de la democracia y una regla para la mejor convivencia y el avance en todas las áreas del saber humano. Este es el caso de la iniciativa de reforma constitucional al poder judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este artículo propongo razones sobre aspectos que podrían enriquecerse y cuáles deberían esperar un análisis más ponderado y un debate más amplio. En particular me centro en el proceso de designación del personal con funciones jurisdiccionales que se contiene en la propuesta de reforma del llamado Plan C.

En el 2027 se completará la puesta en marcha de esta transformación con la gradual incorporación a nivel nacional de los juicios orales en materia civil y familiar. Estos representan más de dos terceras partes del total de casos que resuelven los tribunales locales en el país. En otras palabras, la mayor parte de toda la justicia que se imparte en México. Con ello, México habrá realizado la reforma a la oralidad más ambiciosa en la región y posiblemente a nivel internacional. Hemos implementado ya el sistema oral o por audiencias en todo el país en materia penal, mercantil y más recientemente, en materia laboral. La pregunta más importante y que trataré de abordar en estas breves líneas, es si este tipo de procesos judiciales son mejores. En términos muy concretos, si son más justos. ¿Qué evidencia tenemos de ello?