En conclusión, la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2016 representa un avance en términos de que como resultado el estado de Puebla se suma a las entidades en las que las parejas del mismo sexo ya no requerirán la tramitación de un juicio de amparo para poder unirse en matrimonio; sin embargo, la resolución no es del todo coherente con un marco constitucional que aspira a tener a los derechos humanos como su eje de acción.