El pasado 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional (SEN), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19. Días después, determinó a su vez suspender todas las pruebas pre-operativas de centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas. Tales decisiones, no obstante, presentan varias irregularidades jurídicas.

El Pleno consideró que: i) la proscripción de un uso “incorrecto” del lenguaje impide a las personas expresar su visión de la realidad; y ii) la imposición de un uso único o “correcto” del lenguaje limitan la formulación de críticas al status quo, suprimiendo posibilidades de manifestación en las deliberaciones previas a la toma de decisiones colectivas. Lo cual, resulta inconstitucional al buscar un fin incompatible con los valores de la libertad de expresión, al pretender favorecer —exclusivamente— un tipo de contenido.