Es evidente que esta decisión se adoptó dentro del marco normativo de la igualdad estructural y, sobre todo, con base en las decisiones que desde el 2019 ha venido adoptando el TEPJF, dentro del paradigma de la política paritaria que, como ya se ha dicho, toma como base que las mujeres forman parte de un grupo social que enfrenta desigualdades estructurales. A pesar de esto, todavía estamos en los primeros escalones a fin de lograr la igualdad de género y, aunque nos suene desalentador, estamos lejos de alcanzarla, porque no es suficiente que un tribunal electoral asuma esta postura, sino que todas y todos los actores sociales deben aceptarla.

Uno de los avances más relevantes en materia de paridad de género ha sido, quizá, el reconocimiento de que el mandato constitucional conocido como “paridad en todo” abarca también los cargos a las gubernaturas de las entidades federativas. Es relevante por dos razones. La primera, porque se ha superado el argumento de que, al ser un cargo unipersonal, es imposible exigir la paridad de género y, por lo tanto, se trataba de un espacio que quedaba excluido de este mandato. En segundo lugar, porque viene acompañado de grandes retos y complejidades que se sintetizan en una pregunta: ¿cómo se entiende la paridad de género en estos cargos? Existen principalmente tres respuestas a esta cuestión.

A pesar de que este proceso electoral garantizará la postulación de personas indígenas, afrodescendientes, discapacitadas, LGBTTTIQ+, y mexicanas que residen en el extranjero para el Congreso federal, eso no se traduce en que tendremos un congreso más plural e incluyente. Del total de estas candidaturas, sólo las personas indígenas postuladas garantizarán su acceso y no del resto.

El reconocimiento de la figura del diputado migrante abona al sentido de pertenencia e implica un avance de los derechos políticos y electorales de la diáspora. La derogación de este escaño por el Congreso de CDMX implicó no solo una vulneración al principio de progresividad de los derechos humanos, sino también un retroceso en la decisión política de establecer un vínculo con la diáspora nacida en esta ciudad para darle un sentido de pertenencia, reconocimiento y representatividad. Los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior son parte de la nación y aunque se desarrollen en otro lugar, sus raíces, cultura e ideología seguirán influyendo en el país.

Finalmente está en manos de la ciudadanía usar su voto razonado en las próximas elecciones para definir si el PES permanece o no como opción en el sistema de partidos.

Esto es lo que en la sentencia SUP-JDC-1862/2019 se denomina como un “giro participativo” en cuanto a la igualdad de género, lo que implica que tanto hombres como mujeres participen en la toma de decisiones que afecta a toda la ciudadanía, porque esto refuerza la calidad deliberativa de un diálogo democrático.