No es una obligación jurídica perseguir a un grupo de personas bajo la modalidad de delincuencia organizada, incluso al tratarse de una definición tan arbitraria, cualquier titular de un órgano democrático debería hacer de lado siquiera la posibilidad de ejercer acciones penales a partir de dicha figura. El derecho penal es también el espacio que evidencia de forma más concreta el talante democrático (o no) de un Estado.