Esperamos que pronto se obtenga una resolución definitiva favorable al interés de las comunidades aledañas, como ha sucedido en las últimas dos resoluciones provisionales, las cuales han podido verificar la legalidad y el beneficio del proyecto, como lo muestran las determinaciones de la autoridad judicial. La última determinación de 29 de enero de 2019, el juzgador federal, incluso, revocó la suspensión concluyendo que: “En todo caso, se advierte que las obras reclamadas son en beneficio tanto de los pueblos indígenas quejosos como de los terceros.”