En los últimos meses ha retomado fuerza la discusión sobre el papel que tienen las personas juzgadoras en México, tanto por parte de la ciudadanía que reclama una mayor responsabilidad y eficiencia de los jueces y juezas del país, como de los políticos mexicanos que han visto minadas sus intenciones y acciones regresivas para debilitar al Poder Judicial. El foco de atención se ha puesto sobre las personas juzgadoras, y no necesariamente sobre los retos para que el país pueda contar con un sistema de justicia que funcione, sobre todo para quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

La pandemia de covid-19 ha obligado a adaptar distintas actividades que antes considerábamos un hecho inamovible. La administración de justicia no fue la excepción, pues los poderes judiciales de la federación y de las entidades federativas se vieron en la necesidad de adoptar medidas urgentes a fin de seguir cumpliendo su función en un contexto de contingencia sanitaria.

Para muchos que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, la Corte ha marcado un retroceso en la defensa de su independencia, indispensable en una democracia. En medio de la violencia e impunidad que vive el país, requerimos una Suprema Corte sólida, independiente y neutral que continúe avanzando de manera progresiva en la defensa de los derechos humanos, que siga por el camino que inició con la décima época. Quedan debates muy importantes en materia de militarización, acuerdos migratorios, extinción de dominio, uso de la fuerza pública, corrupción, política social, medio ambiente, entre otros temas en donde la Corte deberá demostrar su independencia.