El hecho de que los jueces comiencen a adoptar una postura garantista sobre el respeto y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales es sólo un primer paso necesario para su cumplimiento. Al mismo tiempo, y considerando la experiencia internacional, se necesita tomar en cuenta principios elementales de planeación, presupuestación e implementación de políticas públicas, a fin de que las sentencias puedan ser ejecutadas por las autoridades pertinentes.