En el caso de México, el sistema jurídico pareciera no dar opción para que el derecho a la vivienda sea por fin tomado en serio. Pongamos, por ejemplo, el tema central de este artículo: los alcances que le ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con sus indudables excepciones, las sentencias sobre vivienda digna que ha emitido nuestro máximo tribunal se caracterizan por constantes disonancias entre el discurso heredado por la reforma constitucional del 2011 y el grado de protección reconocido para el caso concreto.

Los sismos padecidos en nuestro país nos han exigido retomar el Caso Bahía de Banderas para asumir el derecho a la vivienda en serio. Sí, sí y mil veces sí, aunque algunos se empeñen aún en decir mil veces lo contrario: los particulares sí tienen obligaciones activas y pasivas frente a los derechos humanos, incluyendo los clasificados como derechos económicos, sociales y culturales. De reconocerlo depende los daños que permitiremos vuelvan a ocurrir en un futuro.

Si esto es así de contundente, ¿qué es lo que se discutirá este miércoles en la SCJN sobre el matrimonio homosexual en Yucatán? El asunto es complejo y de suma relevancia. Por eso hay que distinguir, aunque sea a grandes rasgos, lo que estará y no en debate entre los ministros de la Primera Sala de la SCJN.