Parece que solo hay dos alternativas: 1) ceder ante los impulsos autoritarios que pretenden solucionar los problemas de inseguridad con “mano dura” o 2) insistir en el cambio propuesto por la reforma de 2008 y demandar que las autoridades actúen para corregir sus omisiones. La primera implica renunciar a los derechos ganados y ceder ante una contrarreforma que nos llevaría de vuelta a un sistema que ha probado su ineficacia. La existencia de una mínima consciencia histórica y social nos obligará a elegir y defender la segunda opción.

Es un hecho probado que el sistema acusatorio no está funcionando como se prometió en la reforma penal de 2008. Sin embargo, las razones por las cuales la operación del modelo no es la óptima no son aquellas que con tanto ahínco señalan sus detractores y, sobre todo, no pueden ser corregidas con la mera modificación de una ley […] Resalto tres puntos críticos de la reforma en los cuales es necesario incidir de forma estratégica: 1) el diseño de la política criminal y el fortalecimiento de las capacidades de investigación del delito, 2) la profesionalización de policías y ministerios públicos y 3) el desarrollo de unidades de apoyo al proceso.

Durante las últimas semanas, el Jefe de Gobierno de Ciudad de México, varios gobernadores y titulares de instituciones de seguridad pública han emprendido una articulada campaña de desprestigio en contra del “nuevo” sistema de justicia penal. A pesar de que intenten maquillar sus declaraciones con el uso de eufemismos, sus señalamientos evidencian la creencia de que la presunción de inocencia y los estándares de desempeño introducidos por la reforma penal de 2008 no solo obstaculizan las labores de procuración de justicia sino que propician una mayor inseguridad. Sus propuestas de “mejoras” no apuntan a corregir las deficiencias reales y documentadas del sistema acusatorio sino a iniciar un cambio gradual pero seguro en el sentido opuesto a la lógica garantista del modelo acusatorio. En este sentido, es acertado caracterizar las modificaciones propuestas como un intento de “contrarreforma”.