En los últimos meses ha retomado fuerza la discusión sobre el papel que tienen las personas juzgadoras en México, tanto por parte de la ciudadanía que reclama una mayor responsabilidad y eficiencia de los jueces y juezas del país, como de los políticos mexicanos que han visto minadas sus intenciones y acciones regresivas para debilitar al Poder Judicial. El foco de atención se ha puesto sobre las personas juzgadoras, y no necesariamente sobre los retos para que el país pueda contar con un sistema de justicia que funcione, sobre todo para quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.