La autoridad electoral ha demostrado ser imparcial en el procedimiento y en las resoluciones de las medidas cautelares, es decir, ha juzgado con la misma vara a todos los gobiernos federales, sin manifestar preferencias o favoritismo. Más bien, la imparcialidad de la autoridad electoral es una enorme molestia para el gobierno federal y los partidos políticos. Es osada en tiempos de gobiernos de mayorías legislativas. Es una garantía para los ciudadanos. Es temeraria en épocas de gobiernos autoritarios. Es necesaria en eras de una oposición desarticulada. Es plausible contra actos de vulneración de las elecciones

Incorporar la revocación de mandato en el régimen democrático, sin analizar las implicaciones en el sistema electoral mexicano, sería contraproducente, ya que las elecciones y el mecanismo de democracia directa no son compatibles aún. Las cuestiones técnicas y operativas, así como los contextos sociales y políticos se erigen como un paradigma que atenta contra la estabilidad de los comicios y, a su vez, condicionan los efectos benévolos de la revocación de mandato. Para contrastar las complejidades organizativas del proceso electoral y las implicaciones de la revocación de mandato es necesario tomar en cuenta, como punto de partida, la fecha de celebración de la jornada de participación —votación— y los efectos de la revocación de mandato —continuidad o rescisión de la gestión presidente—.

En diciembre de 2018 comenzó un nuevo proceso de constitución de nuevos partidos políticos en México. Este proceso culminara en junio de 2020. Durante los próximos 15 meses las personas y las organizaciones o grupos sociales tendrán la oportunidad de cumplir con los requisitos legales y formar un novel ente partidista; de esta forma, dispondrán de la posibilidad de incidir en la formación de la voluntad colectiva del Estado mexicano, al participar en los comicios, integrar a los poderes públicos y ejercer y controlar el poder político.